Ronald Tipismana, dirigente de los damnificados de Villa El Salvador, manifestó que desde que se inició la pandemia por la COVID-19 los sobrevivientes que fueron dados de alta no han sido asistidos por el Ministerio de Salud, como se acordó en un comienzo.
“Una vez que sucedió el tema de la cuarentena, desde marzo, empezaron a dar de alta a los distintos damnificados. Entre abril, mayo, junio, los enviaban a su casa con su receta y nada más, pero hasta la fecha no les han dado una atención médica, no les han dado medicinas para que puedan seguir sus tratamientos”, dijo.
Asimismo, recalcó que lo que se necesita es que se retome el compromiso del Ministerio de Salud (Minsa) con las personas que resultaron gravemente heridas en la deflagración de Villa El Salvador.
“Si no fuese por la ayuda de Aniquem, que fue gestionada por uno de los heridos, la salud de los damnificados estuviese más deteriorada. Y más aún con el tema de la medicina, que desde el mes de julio nos apoya la Municipalidad de Villa El Salvador. Pero a ellos no les podemos exigir más porque ellos no son un ente de salud. Los encargados de dar estos medicamentos y restablecer la salud de los heridos son los del Ministerio de Salud», declaró.
“Hubo un compromiso con el Gobierno. Fue el compromiso del presidente y del Ministerio de Salud de que los heridos iban a tener el total apoyo a nivel médico, a nivel de medicinas y de cirugías, aquí en el Perú o en el extranjero y eso no está sucediendo. Todos los damnificados entendemos que el tema de la pandemia ha sobrepasado nuestro sistema de salud, pero dadas las circunstancias de que de cierta manera las atenciones se están normalizando en algunos hospitales es urgente que se les brinde atención a los 11 heridos”, argumentó el dirigente de los damnificados de Villa El Salvador.
Cabe recordar que la explosión de gas ocurrida en enero en Villa El Salvador y que causó la muerte de 34 personas, ocurrió -según el organismo supervisor de la inversión en energía, OSINERGMIN- a causa de una “mala práctica” de la empresa TransGas, propietaria del camión cisterna. Sin embargo, la Contraloría ha remitido un informe de control a la Procuraduría Pública del Consejo de Ministros para iniciar acciones penales contra tres funcionarios de Osinergmin, por presunta omisión de funciones de supervisión.
Con información de La República y El Comercio