En entrevista con el diario La República, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, señaló que se estudia la posibilidad de aplazar el depósito de CTS de noviembre. Sin embargo consideró que “extender beneficios o facilidades para determinado tipo de cumplimiento puede ser tal vez inequitativo entre sectores que estuvieron parados y aquellos que vienen trabajando regularmente” y que por ello “Se necesitan miradas sectoriales”.
También informó que está evaluando un segundo subsidio a la planilla de las empresas.
Preguntado sobre las cifras de la OIT que muestran que el Perú es el país que más empleos ha perdido durante la pandemia, señaló el problema de la informalidad. “Tenemos una informalidad del 65% en el mercado laboral, así como más de 6 millones de independientes. Tuvimos un confinamiento riguroso al inicio de la pandemia, hubo periodos en donde las personas no podían trabajar y no podían buscar trabajo, eso ha hecho que se generen las consecuencias que reporta la OIT”, respondió.
Señaló que el empleo se está recuperando pues “A la fecha, hay más gente que está entrando al mercado que la que está saliendo”, pero remarcó que “lo que necesitamos es que se generen contratos formales y empezar a recuperar parte de ese empleo formal que fue afectado”, para lo cuál el Gobierno hará “algunos anuncios en los siguientes días”.
“Ciertamente, en donde se está recuperando más rápidamente el empleo es en el sector informal, a finales de año su grado de empleo se va a recuperar a los niveles pre-Covid”, agregó.
Sobre posibles cambios a la normativa laboral, señaló que “No estamos planteando cambios que resten derechos a trabajadores particularmente en un escenario como este, estamos planteando incentivos para la contratación que es un tema distinto”.
Sobre la denominada “suspensión perfecta” mediante la cual las empresas pueden dejar sin ingresos a los trabajadores, informó que de las 31.000 solicitudes realizadas por el sector privado, ya se resolvieron casi 28.000, habiendo sido aceptadas por el Ministerio 12.000 solicitudes y se han rechazado 10.000.
También fue preguntado sobre los trabajadores de las aplicaciones de delivery o entrega a domicilio, uno de los sectores más precarizados y vulnerables, que además ha estado muy expuesto a los contagios según se ha informado en semanas recientes. Al respecto, reconoció que “La mayor parte de los casos en el mundo están siendo regulados por decisiones jurisdiccionales más que por normas legales expresas. Creo que en el escenario inmediato tendrá que definirse cuáles son las situaciones que deben generar esta laboralidad y cuáles son las que deberían ir por el lado autónomo, ya que cada aplicación es distinta”.
Con información de La República