EDITORIAL: Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha develado nuevamente el espejismo del “milagro” peruano. Nuestro país es el que más empleo ha perdido a causa de la pandemia, y la principal razón es el elevadísimo nivel de informalidad laboral, que no se logró reducir pese a los años de crecimiento económico. Ver
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha develado nuevamente el espejismo del “milagro” peruano. Nuestro país es el que más empleo ha perdido a causa de la pandemia, y la principal razón es el elevadísimo nivel de informalidad laboral, que no se logró reducir pese a los años de crecimiento económico.
En el informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral global, el principal motivo de los cálculos más pesimistas es la situación de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, que se ha visto mucho más afectado por la pandemia que otras actividades económicas.
Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre del 33,5% (equivalente a 80 millones de empleos) que seguirá siendo alta en el tercero, hasta el 25,6% (60 millones de empleos), según la OIT. En el caso del Perú, se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio.
Así, al récord en contagios y muertes debemos agregar también el récord en empleos perdidos. Este resultado sin duda depende de las decisiones políticas relacionadas a la gestión de la cuarentena y la reactivación; pero también sin duda se asienta sobre causas estructurales.
En el Perú, antes de la pandemia, alrededor de 9,5 millones de personas laboraban en el sector informal, representando al 56,8% de la PEA ocupada; a ello debemos sumar que 2,6 millones (15,6% de la PEA ocupada) trabajaban con regímenes informales pero fuera del sector informal; es decir, trabajaban en una empresa formal pero bajo figuras que los dejaban fuera de las protecciones legales de la formalidad. Sumadas ambas cifras, se llega a más del 70% de informalidad laboral (MTPE, 2018).
En el reporte de esta semana, la Federación de Trabajadores Textiles muestra un caso concreto y dramático de esta situación. En el sector textil, uno de los sectores manufactureros de mayor crecimiento en los últimos años, existen 400 mil trabajadores, pero sólo 90 mil pertenecen a empresas formales, mientras que el resto se inserta en las cadenas de valor del negocio textil bajo diversas figuras informales y sin derechos.
Existen varias formas a través de las cuales la informalidad afecta los derechos humanos de las personas. Al no contar con contratos de trabajo que definan derechos y obligaciones, los trabajadores no tienen control sobre sus ingresos y condiciones de trabajo, estando sometidos, muchas veces, a situaciones de gran precariedad. Además, no cuentan con mecanismos efectivos de representación colectiva, y sufren el constante riesgo de despidos arbitrarios. No cuentan con protección social, ni con la garantía de una pensión que les permita afrontar su vejez. Finalmente, no cuentan con protección frente a situaciones de explotación.
Un Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre Conducta Empresarial Responsable en Perú (2020) señalaba que “Los elevados y persistentes niveles de informalidad en Perú afectan severamente a la realización efectiva de todos los derechos laborales fundamentales”, que “Los trabajadores informales quedan fuera del alcance de la protección ofrecida por la legislación laboral y son propensos a tener salarios extremadamente bajos y condiciones de trabajo inseguras”; a lo que agrega que “La falta de organización y negociación colectiva entre los trabajadores del sector informal impide el mejoramiento de sus condiciones laborales”.
Queremos destacar que, además de las políticas públicas para la formalización, como los incentivos, la capacitación y la fiscalización y sanción, es importante también la capacidad del sector empresarial formal para contribuir a la disminución de la informalidad, a través de la debida diligencia en su cadena de suministro, y reconociendo el vínculo laboral real con todos los trabajadores.
La reactivación económica debe afrontar este desafío en toda su dimensión. Aquí queda muy claro que no se trata de volver a la misma “normalidad” de antes del COVID, sino de transformar por completo la realidad del empleo en el Perú, fomentando la creación de trabajo formal con derechos plenos.
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NOTICIAS
Ministro de Trabajo: 12 mil solicitudes de suspensión perfecta fueron aceptadas
En entrevista con el diario La República, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, señaló que se estudia la posibilidad de aplazar el depósito de CTS de noviembre. Sin embargo consideró que “extender beneficios o facilidades para determinado tipo de cumplimiento puede ser tal vez inequitativo entre sectores que estuvieron parados y aquellos que vienen trabajando regularmente” y que por ello “Se necesitan miradas sectoriales”.
También informó que está evaluando un segundo subsidio a la planilla de las empresas.
Preguntado sobre las cifras de la OIT que muestran que el Perú es el país que más empleos ha perdido durante la pandemia, señaló el problema de la informalidad. “Tenemos una informalidad del 65% en el mercado laboral, así como más de 6 millones de independientes. Tuvimos un confinamiento riguroso al inicio de la pandemia, hubo periodos en donde las personas no podían trabajar y no podían buscar trabajo, eso ha hecho que se generen las consecuencias que reporta la OIT”, respondió.
Señaló que el empleo se está recuperando pues “A la fecha, hay más gente que está entrando al mercado que la que está saliendo”, pero remarcó que “lo que necesitamos es que se generen contratos formales y empezar a recuperar parte de ese empleo formal que fue afectado”, para lo cuál el Gobierno hará “algunos anuncios en los siguientes días”.
“Ciertamente, en donde se está recuperando más rápidamente el empleo es en el sector informal, a finales de año su grado de empleo se va a recuperar a los niveles pre-Covid”, agregó.
Sobre posibles cambios a la normativa laboral, señaló que “No estamos planteando cambios que resten derechos a trabajadores particularmente en un escenario como este, estamos planteando incentivos para la contratación que es un tema distinto”.
Sobre la denominada “suspensión perfecta” mediante la cual las empresas pueden dejar sin ingresos a los trabajadores, informó que de las 31.000 solicitudes realizadas por el sector privado, ya se resolvieron casi 28.000, habiendo sido aceptadas por el Ministerio 12.000 solicitudes y se han rechazado 10.000.
También fue preguntado sobre los trabajadores de las aplicaciones de delivery o entrega a domicilio, uno de los sectores más precarizados y vulnerables, que además ha estado muy expuesto a los contagios según se ha informado en semanas recientes. Al respecto, reconoció que “La mayor parte de los casos en el mundo están siendo regulados por decisiones jurisdiccionales más que por normas legales expresas. Creo que en el escenario inmediato tendrá que definirse cuáles son las situaciones que deben generar esta laboralidad y cuáles son las que deberían ir por el lado autónomo, ya que cada aplicación es distinta”.
La secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Lorena Chavera, denunció que durante la pandemia se han dado diversas vulneraciones a los derechos laborales, así como afectación al derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
“Las pruebas al inicio se hicieron, después cuando salió este decreto de la relajación de los estándares de salud ya no se hacáa las pruebas, los protocolos se han relajado, eran mínimos, mascarilla pero nada mas. No hemos tenido una verdadera protección, las duchas donde ellos se bañaban eran un foco infeccioso”, señaló en entrevista para Derechos En Emergencia.
Como producto de ello, se habrían producido contagios y fallecimiento de trabajadores. La Federación Textil ha identificado al menos 50 trabajadores fallecidos a causa del COVID-19, aunque serían muchos más. “Obviamente hay muchos más. En el sector textil somos 400 mil trabajadores, pero en la formalidad solo somos 90 mil, y solo somos el 3% sindicalizados, la Federación por ejemplo afilia a 3 mil trabajadores. Hay empresas donde hay 5 o 6 fallecidos, en una sola empresa de 2 mil trabajadores, entonces imaginémonos en un campo de 400 mil, así que la cifra es mas alta. No hay información, lamentablemente las empresas no quieren informar, no hay una transparencia”, señaló la dirigenta nacional.
“Contagiados ha habido bastantes, ha habido sindicatos enteros contagiados. Hay compañeros que han tenido que hacer plantones afuera de la fábrica para pedir que los protocolos se cumplan, para pedir que se les haga la prueba, ha sido terrible. Los trabajadores mismos al ver su vida en riesgo han tenido que plantarse afuera de la fábrica o no entrar a laborar, hasta firmar licencia sin goce para no ir, porque veían que sus compañeros iban muriendo. Decían “no quiero trabajar porque tengo miedo de enfermarme, de contagiar a mi familia”. La situación ha sido bien crítica”, denunció.
Por otro lado, entre las vulneraciones laborales están la suspensión y el cierre de empresas que ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos. “La suspensión perfecta se ha dado de manera unilateral en empresas como Topi Top que han logrado una respuesta favorable. Estamos en una situación crítica, hay empresas que incluso se están dando a la disolución a pesar de haber recibido millones de Reactiva Perú, como Hilandería Andina”, explicó. Por lo menos siete u ocho empresas textiles pidieron la llamada suspensión perfecta, informó Chavera. “Y la empresa Hilandería ya se ha dado a la disolución por junta de accionistas, son 200 trabajadores que se están quedando sin puestos laborales”, señaló.
Además agregó que se está dando discriminación en contra de los trabajadores sindicalizados. “Tenemos empresas que están discriminando a los sindicalistas, los mantienen con suspensión imperfecta, es decir están que les pagan pero solamente al sindicato, y todos los demás vienen a laborar, entonces los trabajadores se están endeudando, no los están dejando trabajar porque son del sindicato. Como los del sindicato son poquitos, prefieren eso y que no estén adentro de la fábrica cumpliendo su labor, fiscalizando las condiciones de salud”, explicó.
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Cervecería San Juan sancionó a dirigente sindical que había hecho publicaciones en redes sobre plan de vigilacia de COVID-19
La empresa Cervecería San Juan, propiedad de Backus en el Perú -y por tanto de la transnacional AB InBev- sancionó con cinco días de suspensión sin goce de haber al secretario general del sindicato, Alfonso Campos Amasifuén. La suspensión tuvo lugar de que el dirigente obrero realizara una publicación en su Facebook personal en la que acusó a la empresa de actuar “de manera abusiva en contra de sus trabajadores al hacerlos trabajar sin contar con el Plan de Vigilancia y Control de COVID-19”.
A raíz de la publicación, la empresa remitió una carta notarial al dirigente sindical, señalando que sí se contaba con dicho Plan aprobado por las autoridades y solicitándole su rectificación. Frente a ello, el dirigente respondió de manera formal señalando que el sindicato estaba iniciando una demanda ante el Ministerio Público contra la empresa por el delito contra la salud en la figura de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Posteriormente, la empresa convocó al dirigente sindical a una reunión de “investigación y diálogo” la misma que fue grabada por parte de la empresa; el dirigente sindical se negó a responder a las preguntas que le realizaron los representantes de la empresa sin la presencia de un abogado.
Finalmente, el 04 de setiembre la empresa notificó al dirigente su suspensión sin goce de haber por cinco días, como sanción por supuestamente haber afectado la reputación de la cervecería San Juan.
Al respecto, el Sindicato de Backus ha señalado en sus redes sociales que “¡Él defendía vida y salud de los trabajadores!” y que “¡AB Inbev sigue violando #DerechosHumanos en el Perú!”.
El sindicato de Backus destacó que pese a la emergencia sanitaria, la empresa Backus logró S/1545 millones de ingresos por ventas y una utilidad neta de S/617 millones en el período enero-junio 2020.
Este no es el único caso de dirigentes sindicales hostilizados por denunciar condiciones de salud en el trabajo durante esta pandemia. La empresa Shougang Hierro Perú despidió al dirigente Jorge Mejía en un caso muy similar; y el dirigente de la empresa minera MARSA fue detenido luego de denunciar públicamente los contagios entre los trabajadores.
Con información de las redes sociales de los sindicatos de Backus y Cervecería San Juan
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Un total de 132 trabajadores del servicio de delivery fueron diagnosticados por COVID-19 en SJM
De los 400 repartidores que pasaron las pruebas de descarte, un 33% estaba contagiado de la COVID-19. En ese sentido, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur entregó un kit de medicamentos y les brindó recomendaciones para su recuperación. “Se brindaron las indicaciones para el respectivo aislamiento y se realizará el seguimiento de su estado de salud”, señaló Víctor Bacini a los medios de comunicación.
Cabe resaltar que la mayor parte de las personas examinadas pertenecen a las empresas Rappi y Glovo. “Fueron cinco equipos de respuesta rápida los que realizaron las pruebas a los motorizados. Una acción que se lleva a cabo de manera conjunta con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, entidad que coordinó previamente con las empresas de delivery para la toma de pruebas de sus repartidores. Ellos se acercaron con un documento de presentación a fin de ser tamizados”, mencionó el representante de la Diris Lima Sur.
Cabe recordar que se han realizado pruebas similares en Miraflores y Surco, siendo que en todos los casos se encuentra una proporción importante de trabajadores de este sector expuestos al contagio.
A inicios de junio de este año, en medio de la crisis sanitaria que mantuvo los hospitales de Lima al borde del colapso, la socióloga Jacqueline Minaya llegó a la clínica Jesús del Norte para hospitalizar a su padre, un paciente de COVID – 19 que finalmente falleció el 30 de junio. Con el fin de mantener a su padre con vida, Jacqueline se endeudó con la clínica por más de S/100 mil.
Ahora, pese a que el Gobierno suscribió un convenio con doce clínicas para que atiendan a pacientes de COVID–19 que no hayan podido ser recibidos en un hospital, el Seguro Social de Salud (Essalud) se rehúsa a admitir el reembolso que actualmente Jacqueline solicita, luego de haberse endeudado por S/146 mil 659.
Antes de acudir a la clínica Jesús del Norte del Grupo San Pablo, Jacqueline Minaya llevó a su padre al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de La Victoria, donde no encontró lugar para que lo atiendan. “El hospital estaba colapsado, no había espacio para atención a más pacientes, mi padre corría riesgo de muerte, buscamos otros hospitales y clínicas hasta que llegamos a la clínica el 7 de junio”, rememora Jacqueline.
Desde ese día, la administración de la clínica le hizo firmar una serie de documentos que la comprometieron a pagar costosos tratamientos para su padre. De los S/146,659.85 que acumuló en deudas, Jacqueline alcanzó a pagar S/97,418.08 con ahorros y préstamos de último minuto.
En ese contexto, Jacqueline solicitó el reembolso de esos gastos a Essalud. La institución respondió con una negativa. Wayka accedió al oficio de Essalud que sustenta los motivos por los que se niega a reembolsar lo gastado por Jacqueline Minaya, pese a que su padre no pudo ser atendido en un hospital y recurrió a la clínica Jesús del Norte, la cual es parte del Grupo San Pablo, suscrita al convenio con el Ministerio de Salud.
El informe, realizado por el médico auditor Pavel Sotelo Alegría, de la Unidad de Tesorería y Cobranza de Essalud, sostiene que, de acuerdo al ‘Proceso de Reembolso a la IPRESS Extra institucional por la Prestación Asistencial de Emergencia Brindada al Asegurado’ incluida en la Directiva N°014-GG-Essalud-2016, la norma «no contempla reembolso a personas naturales, solo estipula reembolso a instituciones prestadoras de Servicios de Salud».
La respuesta textual que Jacqueline recibió fue esta: «Essalud brinda prestaciones de salud por vía regular, prohibiéndose que el familiar, paciente o representante legal realice compras de insumos, medicamentos, materiales, exámenes auxiliares o busque prestaciones de salud en otras instituciones a cuenta propia, sin ninguna garantía de que el Essalud retribuirá los gastos realizados».
Es decir, para que la enorme deuda de Jacqueline Minaya pueda ser atendida por Essalud, previamente debió solicitarlo a los Centros Asistenciales de la institución, y se le precisa que «la pretensión de reembolso “ya no es posible aplicarla para el presente caso, ya que dispone de tiempos de ejecución”. Además, el oficio también argumenta que el convenio entre el Gobierno y las clínicas no aplica para el caso de su padre, quien falleció a fines de junio, porque este recién se suscribió en el mes de julio.
Para Jacqueline, que ya inició un proceso de apelación contra la respuesta de Essalud, el convenio firmado entre las clínicas y el Gobierno es letra muerta. «Cómo creen que se siente abrir heridas para denunciar, para buscar justicia y que no le pase a otras personas. Cómo creen que se siente cuando la respuesta del Estado es un ‘no procede’ por razones absurdas, donde me señalan como culpable», cuestiona Minaya.
A las cero horas del 28 de setiembre, más de 500 ciudadanos indígenas de las nacionalidades chapra, kandoshi, kichwa, shawi, achuar, awajun y wampis de Loreto y Amazonas se posesionaron de los exteriores de la Estación 5 de Petroperú, en la provincia loretana Datem del Marañón, para exigir al Ejecutivo que atienda realmente las demandas indígenas señaladas en un pliego de 24 puntos.
El presidente del Frente de Defensa de Manseriche, Denis Tangoa, informó que los siete pueblos nativos no solo permanecen en la Estación 5 sino también en Morona, Andoas y Saramurillo donde hay estaciones de bombeo de petróleo.
“Esperamos que el gobierno se pronuncie y actúe con cordura y rapidez para priorizar proyectos que no se han considerado por mucho tiempo. Estamos cansados de tanta mentira, por eso las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto) nos hemos unido y levantado”, manifestó.
Tangoa, agregó que la población ha decidido otorgar un plazo al gobierno hasta hoy para que se pronuncie. De no darse, procederán a tomar otras medidas que los dirigentes no podrán controlar.
Por su parte, el presidente del Comité de Lucha, Otoniel Shajian, sostuvo que ya no quieren diálogo porque tienen más de cincuenta actas de compromisos firmados que nunca se han honrado.
“Que el gobierno regional de Loreto y Amazonas con sus técnicos y la Presidencia del Consejo de Ministros actúen. Lo que queremos ahora son acciones y decisiones del gobierno central”, precisó.
En la Estación 5 también está Rosemary Pioc como representante de la provincia de Condorcanqui (Amazonas). Ella dijo que el pueblo awajun decidió unirse a sus hermanos de Loreto ante el abandono de las autoridades nacionales y regionales.
“Solo hay actas de compromiso, durante la pandemia hemos sido los últimos en ser atendidos, por eso estamos levantando nuestra voz de protesta. No nos vamos a retirar, somos guerreros y no nos rendimos fácilmente. Si el gobierno no responde, vamos a ingresar a la estación”, sostuvo la representante de la nación awajún.
Entre las demandas indígenas están, que el total de los ingresos generados por la actividad petrolera en el Datem del Marañón se destine a esta provincia loretana, construcción de un hospital intercultural en el distrito de Manseriche, instalación de sedes administrativas de Reniec, Banco de la Nación, JNE y ONPE. Además, creación de una comisión conformada por OEFA, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y representantes de las comunidades para investigar los derrames de petróleo ocurridos en los distritos de Manseriche, Morona, Barranca y Andoas, y se sancione a los responsables.
También piden la creación de una UGEL Intercultural bilingüe en las provincias Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas) con presupuesto propio, partida económica para la Agencia Agraria de Condorcanqui y Datem del Marañón, presupuesto a todos los proyectos viables y a los proyectos que están en idea, para el expediente técnico.
Roberto Carlos Pacheco, ambientalista asesinado en Madre de Dios. Foto: Demetrio Pacheco.
En la conferencia de prensa del viernes por la tarde, el Gobierno respondió a las preguntas sobre los cuatro defensores ambientales asesinados durante la pandemia, pese a que solicitaron garantías para su vida, y sobre el proyecto de ley que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú y sigue estancado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
De acuerdo a información del portal OjoPúblico, por lo menos cuatro defensores ambientales que habían pedido garantías ante las prefecturas locales de sus regiones, y que fueron negadas por sus autoridades, resultaron finalmente asesinados: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).
Ante esta realidad, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, negó tener registro de algún pedido de garantías por parte de los dirigentes indígenas asesinados. “No tenemos registro que algunos comuneros, algunos de las comunidades nativas que me indican, hayan sido víctimas de asesinatos, o haya pedido garantías (…) Hasta ahora no me han llamado, siempre me llaman por teléfono pero nunca hemos tenido una comunicación en ese sentido que me hayan pedido garantías como las que se señalan”, respondió el ministro Montoya.
Asimismo, el Gobierno también fue consultado por el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional de materia ambiental que busca garantizar la participación ciudadana, acceso a la información, además de protección y justicia para los defensores ambientales. Desde hace más de un año, el proyecto de ley que propone su ratificación sigue estancado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sin someterse a votación.
Sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri respondió: “El Gobierno sugirió al Congreso que se iniciara un debate amplio sobre este tema, y el Congreso lo acogió y viene realizando este debate a través de los órganos, ministerios, asociaciones y demás representaciones vinculadas con la temática ambiental (…) estaremos atentos a los resultados del debate”. Sin embargo también remarcó que no existe un plazo para la ratificación «eso no es cierto, el Acuerdo de Escazú establece un plazo para la firma, para la suscripción del instrumento, y en el caso del Perú, este ha sido suscrito en el año 2018», sentenció.
El día 8 de setiembre se produjo un derrame de petróleo crudo del Oleoducto Norperuano en el caserío Sequión del distrito de Olmos en Lambayeque. Los ciudadanos del caserío denuncian perjuicios causados por el derrame, pero también daños colaterales ante el intento de Petroperú por revertir la situación.
Según el vocero de Sequión, Orlando Sánchez, el responsable de este hecho sería la empresa estatal Petroperú, que además no quiere asumir responsabilidad alguna como señala Sánchez a Wayka.
«No quiere asumir su responsabilidad [Petroperú], así haya sido accidente. Mañana [lunes 28 de setiembre] va haber una mesa de diálogo, van a enviar un representante para poder conversar. Estamos pidiendo a las autoridades locales que estén presente para que nosotros hagamos un reclamo justo y se indemnice al caserío Sequión», contó a este medio.
Sánchez también asegura que se han afectado sembríos de maracuyá y limón, y la muerte de animales. Relató que el personal de la empresa cuando llegó a la zona afectada, para realizar la inspeccíón y limpieza respectiva, causó afectaciones a los habitantes del lugar y a sus viviendas. Los daños colaterales que señala se habrían producido al abrir trocha y con el corte de árboles «han llenado de polvo plantaciones y a las casas aledañas. Los niños como están cerca sufren enfermedades respiratorias», menciona.
Los ciudadanos de Sequión dieron alerta a la policía de la comisaría del distrito de Olmos, quienes se trasladaron hasta el lugar con el apoyo del serenazgo de la municipalidad distrital. De acuerdo al informe policial “se constata la existencia de dos charcos grandes de un líquido denso color negro, que al parecer se trataría petróleo crudo”, como lo difundió el diario La Industria.
Orlando Sánchez contó que el viernes 25 de setiembre, el congresista Jorge Luis Pérez de Lambayeque se acercó hasta el caserío para evaluar la situación del lugar y en ese intercambio estuvieron representantes de Petroperú. «…tuvimos una reunión con un congresista de Lambayeque (…), y tuvimos que ponerle [a Petroperú] una tranca porque no cumplía con los pedidos que nosotros le hacíamos. Le hemos parado la obra y por eso se ha generado la mesa para mañana», señala.
Como se recuerda, un reciente informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos encontró al menos 14 derrames de petróleo ocurridos durante la pandemia.
La empresa Pluspetrol Norte S.A, actualmente a cargo del lote 8 (Loreto) desde hace 26 años, emitió un pronunciamiento en el que denuncia públicamente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por exigirle remediar los pasivos ambientales “de forma ilegal y técnica”.
“El OEFA comienza a exigirnos cubrir los pasivos causados antes de nuestra llegada, esto es, cuando intenta cargarnos con responsabilidades ajenas”, sostiene la empresa.
Desde hace cinco años, el OEFA mantiene un conflicto con Pluspetrol por los pasivos ambientales en los lotes 8, donde actualmente opera la empresa, y 192 (antes Lote 1AB), donde operó del 2000 al 2015 y hasta la fecha no cumple con presentar un Plan de Abandono validado por el Ministerio de Energía y Minas y que garantice la reparación de las zonas contaminadas por derrames de petróleo.
Como se recuerda, para el inicio de sus operaciones en el Lote 192 en el año 2000, Pluspetrol firmó una cesión contractual con la empresa que operaba antes en el mismo sector, Occidental Petroleum. De acuerdo a información del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, “esta cesión contractual implica que Pluspetrol asumía los activos y pasivos existentes en el lote, entre ellos los impactos ambientales”.
Sin embargo, pese a dicha situación, Pluspetrol sostiene que “el contaminador es el pagador”. Por estas diferencias, hasta la fecha la empresa no ha cumplido con presentar un Plan de Abandono aprobado que garantice la reparación de los daños ambientales en el Lote 192. Solo su primer Plan de Abandono presentado en 2015 fue denegado y tuvo 125 observaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM.
Actualmente, el Viceministerio de Hidrocarburos del MINEM continúa evaluando el tercer Plan de Abandono presentado por Pluspetrol sobre el Lote 192. Por su lado, la empresa inició un proceso judicial el 23 de julio de 2019 que busca anular la resolución ministerial que desaprueba uno de sus planes de abandono, pero el pasado 4 de setiembre de este año la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió rechazar la medida cautelar presentada contra OEFA.
Según fuentes del Ministerio del Ambiente y de Pluspetrol Norte S.A,, el pronunciamiento de la empresa publicado sería una antesala a un arbitraje internacional que presentarán contra OEFA para evadir la reparación ambiental de las zonas contaminadas por petróleo.
El presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú), Julio Cárdenas, indicó este martes que a la fecha unos 170 mil estudiantes han abandonado los estudios debido a la crisis causada por el COVID-19.
“La situación que se ha presentado este año es dramática. Hemos perdido a nivel de población de institutos y escuelas privadas 170 mil estudiantes que representan el 50% de la matrícula total y si incluimos a los públicos estimamos unos 40 mil más. Es decir, superamos los 200 mil chicos que han frustrado sus anhelos de formarse profesionalmente, y estamos retrocediendo 15 años en cobertura. O sea, estamos retrocediendo a la misma matrícula que teníamos en el 2005”, señaló.
En ese sentido, Cárdenas propuso al Gobierno crear programa de créditos estudiantiles para alumnos de institutos a fin de evitar deserción. Indicó que a la fecha se han otorgado unas 3 mil becas para institutos públicos y privados cuando el escenario real de estudiantes que han abandonado sus estudios es diferente.
Ronald Tipismana, dirigente de los damnificados de Villa El Salvador, manifestó que desde que se inició la pandemia por la COVID-19 los sobrevivientes que fueron dados de alta no han sido asistidos por el Ministerio de Salud, como se acordó en un comienzo.
“Una vez que sucedió el tema de la cuarentena, desde marzo, empezaron a dar de alta a los distintos damnificados. Entre abril, mayo, junio, los enviaban a su casa con su receta y nada más, pero hasta la fecha no les han dado una atención médica, no les han dado medicinas para que puedan seguir sus tratamientos”, dijo.
Asimismo, recalcó que lo que se necesita es que se retome el compromiso del Ministerio de Salud (Minsa) con las personas que resultaron gravemente heridas en la deflagración de Villa El Salvador.
“Si no fuese por la ayuda de Aniquem, que fue gestionada por uno de los heridos, la salud de los damnificados estuviese más deteriorada. Y más aún con el tema de la medicina, que desde el mes de julio nos apoya la Municipalidad de Villa El Salvador. Pero a ellos no les podemos exigir más porque ellos no son un ente de salud. Los encargados de dar estos medicamentos y restablecer la salud de los heridos son los del Ministerio de Salud», declaró.
“Hubo un compromiso con el Gobierno. Fue el compromiso del presidente y del Ministerio de Salud de que los heridos iban a tener el total apoyo a nivel médico, a nivel de medicinas y de cirugías, aquí en el Perú o en el extranjero y eso no está sucediendo. Todos los damnificados entendemos que el tema de la pandemia ha sobrepasado nuestro sistema de salud, pero dadas las circunstancias de que de cierta manera las atenciones se están normalizando en algunos hospitales es urgente que se les brinde atención a los 11 heridos”, argumentó el dirigente de los damnificados de Villa El Salvador.
Cabe recordar que la explosión de gas ocurrida en enero en Villa El Salvador y que causó la muerte de 34 personas, ocurrió -según el organismo supervisor de la inversión en energía, OSINERGMIN- a causa de una “mala práctica” de la empresa TransGas, propietaria del camión cisterna. Sin embargo, la Contraloría ha remitido un informe de control a la Procuraduría Pública del Consejo de Ministros para iniciar acciones penales contra tres funcionarios de Osinergmin, por presunta omisión de funciones de supervisión.
Al resolver una demanda de acción popular, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró nulo el Decreto Supremo 043-2017-EM al considerar que esta norma distorsiona el mercado de venta de energía eléctrica, en perjuicio del usuario individual-hogar.
De acuerdo con la sentencia, esta norma sería la responsable de que luego de la cuarentena por la propagación del Covid-19 los hogares peruanos vieran incrementados los montos en sus recibos de consumo eléctrico sobre el gasto habitual.
Los jueces supremos señalan que acogen la demanda de acción popular porque dicha resolución afecta tres principios constitucionales: el derecho de igualdad, el principio de eficiencia y el de interdicción de arbitrariedad.
La sentencia, al ser emitida por la máxima instancia judicial del país, es inapelable y se debe cumplir, en un tiempo prudencial, sin demoras.
La sentencia de la Corte Suprema que anula el Decreto Supremo 043-2017 fue notificada al Ministerio de Energía y Minas el 28 de agosto último y debe ser ejecutada en el menor tiempo posible.
Una demanda legal emergente podrían afrontar ciertas empresas en Estados Unidos luego de que se registraran reclamos de trabajadores que llevaron la COVID-19 a casa y contagiaron a miembros de su familia. Una firma de análisis de riesgo afirma que el proceder de las compañías puede llegar a costar millones de dólares.
Abogados consultados creen que la primera demanda de ese tipo se realizó en en Illinois en agosto pasado. Una mujer alegó que su madre murió a consecuencia de la COVID-19 luego de que su padre contrajera la enfermedad en un planta procesadora de carne.
“Las empresas deberían estar muy preocupadas por estos casos”, señaló el abogado laboralista Tom Gies de Crowell & Moring, que defiende a los empleadores.
Ante el caso de la procesadora de carne Aurora Packing Co. el magistrado destaca que el hombre identificado como Ricardo Ugalde trabajó “hombro con hombro” en la línea de procesamiento de la compañía en abril cuando había conocimiento de un brote de coronavirus en sus instalaciones. No obstante, la empresa no advirtió a los empleados ni adoptó ninguna medida de prevención de infecciones.
De acuerdo Praedicat, entre el 7% y 9% de las casi 200.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos hasta la fecha provienen de infecciones que se llevaron a casa.
Una demanda con la descripción planteada puede costarle a las empresas hasta 21 millones de dólares si los decesos llegan a 300.000.
Este jueves 01 de octubre a las 7pm, únete al #TUITAZO por #Tamshiyacu: Que se ratifique la histórica sentencia contra Cacao del Perú Norte SAC para que los delitos ambientales contra la Amazonía y sus comunidades no queden impunes.
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
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