Gobierno se rehúsa a reconocer metaloides y sustancias químicas como contaminantes

“Cuando el presidente Martín Vizcarra dice que nos lavemos las manos para prevenir el COVID-19, ¿con qué nos vamos a lavar? ¿con agua contaminada?”, se pregunta Félix Suasaca, de Puno, de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

El pasado miércoles 16 de este mes, dos representantes de la Plataforma decidieron abandonar la reunión que sostenían con la Comisión Multisectorial Temporal de la Presidencia del Consejo de Ministros para atender a las poblaciones afectadas. La razón: pese a que existe una estrategia sanitaria y una norma técnica del Ministerio de Salud que incluye a los metaloides y otras sustancias químicas como contaminantes de las poblaciones expuestas a los proyectos extractivos, el Gobierno se resiste a desarrollar un protocolo de atención que los incluya.

“En las 3 reuniones que hemos tenido nos hemos demorado en el título, para que se incluya a los metaloides y otras sustancias en el plan, y no solo los metales pesados. En la última reunión hemos tenido que irnos porque nos han estado imponiendo, arrinconándonos”, cuenta a Wayka el presidente del Frente de Defensa Contra la Contaminación del Río Coata (Puno), Félix Suasaca Suasaca. “No es justo que no nos escuchen y que decidan todo”.

De acuerdo a la postura de los dirigentes de la Plataforma, que agrupa a poblaciones afectadas de 15 regiones del país, si la PCM basa su protocolo solo en metales pesados, se dejaría fuera a todas las comunidades que fueron expuestas a metaloides y otras sustancias químicas.

Por ejemplo, en La Oroya (Junín), un distrito cuya población ha estado expuesta a la contaminación generada por la minera Doe Run Perú y las empresas predecesoras, el dióxido de azufre (SO2) es la sustancia química considerada por el MINSA como contaminante crítico en la zona. En Loreto, se encontró altos niveles de arsénico (metaloide) en las comunidades que habitan la cuenca del río Pastaza y otras expuestas a los hidrocarburos (sustancia química) que dejaron los derrames de petróleo crudo.

Casos como estos quedarían fuera si el Gobierno decide atender solo a los afectados por metales pesados, pese a que una estrategia sanitaria aprobada en 2008, una norma técnica del 2015 sobre vigilancia epidemiológica y una serie de lineamientos fijados en 2018 por el Ministerio de Salud, reconoce a los metaloides y otras sustancias químicas como factores contaminantes sobre las poblaciones.

Fuentes de la PCM confirmaron a Wayka que los asesores de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente son los que se rehúsan a escuchar el reclamo de la agrupación de afectados de todo el país. .

Con información de Wayka

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