#DerechosEnEmergencia Reporte semanal (23/09/2020)

EDITORIAL

Cuidado con la Fase 4

ESe anuncia para el 1 de octubre el inicio de la denominada “Fase 4” de la reactivación económica, postergada desde agosto ante el marcado rebrote de contagios que ocurrió durante la tercera fase. Este anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas debe tomarse con sumo cuidado si el Gobierno no quiere poner en riesgo el derecho a la salud de la población, toda vez que la pandemia aún está lejos de ser controlada en el país.

Sin duda se puede constatar una disminución sostenida de los fallecimientos diarios desde hace ya más de un mes, como se puede observar en el gráfico. Sin embargo, las defunciones diarias registradas por SINADEF aún están por encima de lo registrado en tiempos pre-pandemia. Al 20 de setiembre, se registran aún unas 150 defunciones diarias por encima de lo usual, atribuibles la mayor parte de ellas, probablemente, al único factor nuevo: el COVID-19.

Elaboración: @Cholega

Como muestra la gráfica, el fin de la cuarentena nacional en julio coincidió con un rebrote que duró hasta agosto. Además, se puede observar claramente que todas las fases de la reactivación han coincidido con un aumento de los fallecimientos o, cuando menos (en la Fase 2) con su mantenimiento. Así pues, debemos ser muy cuidadosos, pues la experiencia de las tres fases anteriores muestra que el país no está adecuadamente preparado para fiscalizar el cumplimiento de las medidas preventivas durante el desarrollo de las actividades económicas.

La Fase 4 implicará la ampliación del aforo de los restaurantes y lugares de atención al público, así como la progresiva reapertura de las actividades que aún se encuentran paralizadas. Por ejemplo, se evalúa la reapertura de fronteras y vuelos comerciales. Sin embargo, no todos están convencidos: el reporte de hoy incluye las declaraciones del comando COVID de Piura alertando que la región aún debe tomarse las cosas con calma y que los vuelos no deberían reabrirse, ya que la pandemia no está controlada.

Si miramos la experiencia de otros países, la reapertura ocurrió recién cuando las muertes y contagios diarios habían disminuido notablemente. Por ejemplo, en China se produjo la reapertura en abril, cuando los contagios diarios ya estaban por debajo del centenar. En España, Francia e Italia, el desconfinamiento se produjo cuando las muertes diarias estaban en torno a la treintena o menos, como se observa en las gráficas. Y pese a que la apertura se produjo con la pandemia bastante más controlada, aún así estos países viven actualmente un preocupante rebote.

En el Perú, sin embargo, como sabemos, el desconfinamiento se produjo cuando el exceso de muertes diarias superaba las 500. Es una muestra muy clara de que se puso la reactivación de la actividad -y las ganancias- de las empresas por encima del derecho a la salud de las personas, decisión que alargó aún más la dolorosa etapa del pico de la pandemia. Que no se cometa nuevamente el mismo error.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Saga Fallabela, Francis Gama, expuso ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República la dura problemática que vienen atravesando.

La dirigente denunció que “solo se ha hecho pruebas al inicio de las actividades, nosotros somos trabajadores que estamos en contacto con el público y exigimos que se haga un constante monitoreo de las pruebas porque estamos en exposición”.

También denunció que en el centro de distribución de la empresa “ni siquiera en los lockers se cuenta con espacio ni con distanciamiento social, estas son las condiciones riesgosas que siguen viviendo los compañeros del centro de distribución”. Recordó que ante el riesgo de estas condiciones, 22 trabajadores se resistieron a continuar sus labores y fueron despedidos: “Hay 22 trabajadores que resistieron a la falta de medidas de seguridad y protección por el COVID, y la empresa los sancionó y luego los despidió. Nosotros no queremos ser un numero mas, sabemos que siempre pasan estos accidentes laborales, como los llaman las empresas, pero muchas veces es porque las empresas no respetan las leyes de seguridad y salud en el trabajo”, aseguró.

Gama denunció que Saga Falabella está recortando el sueldo de los trabajadores. “Venimos recibiendo sueldos de cero soles, o algunos del 20% de nuestra remuneración, la empresa ha suspendido nuestra remuneración hasta diciembre, porque para ellos quitarnos nuestra remuneración es devolverle lo que nos pagaron en el estado de emergencia”. Sin embargo, la empresa habría recibido un subsidio del Estado para pagar las planillas durante el tiempo que duró la cuarentena, por lo cual no se justificaría el recorte actual de sus salarios. “Tenemos que hacer énfasis en que Falabella ha recibido el subsidio de 35% para las planillas de los trabajadores”, denunció.

Por todos estos abusos, la dirigente sindical solicitó a los congresistas la conformación de una comisión investigadora: “Solicitamos una comisión investigadora sobre la sistemática violación a los derechos laborales y humanos de los trabajadores”, digo la secretaria general del sindicato.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú (FNTMMSP) y CooperAcción, realizaron una conferencia virtual en el marco de la campaña SOS Mineros, para alertar a la opinión pública respecto al avance de los contagios del COVID-19 en el sector minería.

En la conferencia, Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMSP señaló que es preocupante la situación de los trabajadores en medio de la pandemia, a pesar que ha sido un sector económico beneficiado por el gobierno.
“No nos están dando la información oficial en el sector minero. Debemos estar sobrepasando los 10 mil contagiados y decenas de fallecidos. El gobierno no tiene una fiscalización oportuna en estos casos. Cuando se denuncia por parte de los dirigentes sindicales, las empresas los está amenazando, hasta llegando a los despidos. Incluso lo están llevando a la vía penal,” denunció el dirigente.

Por su parte José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que por presión de las mineras se flexibilizaron los protocolos sanitarios, como el distanciamiento social de un metro y medio a un metro, y se extendieron las jornadas laborales.

“El estado diseñó los protocolos sanitarios junto a las empresas mineras pero no se escuchó a los trabajadores. Los protocolos en el sector han sido cambiados hasta 2 veces por presión de las empresas. Parece que para el estado los 200 mil trabajadores mineros no existen. No hay minería sin trabajadores mineros,” acotó De Echave.
Asimismo el congresista José Luis Ancalle opinó que el estado siempre se pone de lado de las mineras. Destacó que por el impulso de los trabajadores han buscado diálogos con el ejecutivo pero no han tenido respuesta. Las empresas no han presentado los reportes de los contagios. Igualmente ratificó su compromiso como autoridad para canalizar el diálogo con el ejecutivo.

“Necesitamos de voluntad política. Necesitamos la mayoría en el Congreso para poder impulsar el debate en el pleno. MINSA, OSINERGMIN Y SUNAFIL son las que tienen que supervisar cuántas personas están contagiados y fallecidos, queremos estadísticas reales”, puntualizó el congresista Ancalle.

Por otro lado Judy Mendoza, dirigente sindical de la minera Volcan, denunció que las mineras han optado por un sistema radical, porque los trabajadores vienen atravesando estrés laboral, hay más cansancio de los trabajadores del turno noche que están más ansiosos y preocupados.

“Las mujeres trabajamos en un sistema de 28 por 14, o 40 por 20. Aparte de ser trabajadoras somos madres de familia, y no vemos a nuestros hijos, nos sentimos frustradas pues extrañamos a nuestros hijos. Son muy prolongadas las jornadas de trabajo.”

Por su parte Luis López, dirigente del sindicato de minera Chinalco señaló que la empresa les dijo que solo tenían que ver por sus afiliados, pero el sindicato señaló que les preocupa la vida y la salud de todos los que laboran en la empresa.

“Hemos seguido enviando cartas a la empresa. Hemos logrado que la jornada de 42 por 14 se baje a una 21 por 21. En julio la empresa me cursó la carta de despido por mandar las cartas a todas las entidades. El 14 de este mes me notificaron una demanda penal señalando que las cartas dicen mentiras. Las 700 personas del sindicato estaríamos mintiendo de las condiciones que hemos encontrado en empresa Chinalco” denunció Luis López.

Asimismo el dirigente minero acotó que autoridades como el MINSA, Sunafil, MINEM deberían poner representantes en cada unidad minera para fiscalizar y que sean transparentes con los sindicatos.

La campaña SOS Mineros busca llamar la atención del gobierno, sobre todo del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, para que sincere la cifra de contagios y fallecidos entre los trabajadores de este importante sector de la economía nacional.

Recordemos que la minería fue reconocida como una de las “actividades esenciales” que podía seguir operando, a pesar de la declaratoria de estado de emergencia y la cuarentena desde la quincena de marzo pasado..

El Sindicato de Trabajadores del Banco de Crédito del Perú ha denunciado un conjunto de decisiones por parte de la empresa, entre ellas la ampliación de la jornada laboral y el establecimiento de metas que, de no ser cumplidas, habilitarían una reducción de sueldo.

Por ello, con fecha 16 de setiembre, el sindicato envió una carta a la gerencia de relaciones laborales, en donde explica que la ampliación del horario no está justificada, y que además provocará una aglomeración en los espacios físicos del banco al producirse la presencia simultánea de trabajadores de diferentes turnos. “La infraestructura de la mayoría de las oficinas del Banco de Crédito, NO están preparadas para aglomerar una mayor cantidad de trabajadores en el interior”, señala la carta del sindicato, agregando que esto “no garantiza el distanciamiento mínimo” para evitar el riesgo de contagio por COVID-19.

Este incumplimiento, señala el sindicato, “vulnera lo dispuesto en la resolución ministerial 448-2020 del MINSA” sobre las medidas preventivas. Además, el sindicato informa que han hecho llegar fotografías a la gerencia donde se evidencia el incumplimiento de la distancia mínima en algunas agencias.

Con información del Facebook del Sindicato de trabajadores del Banco de Crédito

La empresa Hilandería Andina S.A.C. acordó su disolución y liquidación, dejando a sus trabajadores en la incertidumbre sobre su futuro. Ello, pese a que la empresa fue beneficiada por el programa de préstamos con aval del Estado denominado Reactiva Perú con un monto superior a un millón de soles, según ha denunciado la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP). Además, cabe indicar que desde el 17 de abril, la empresa se había acogido a la llamada “suspensión perfecta” lo que le había permitido dejar sin ingresos a los trabajadores textiles.

“La FNTTP manifiesta su total rechazo con la medida adoptada por la empresa, que después de mantener a los trabajadores en suspensión perfecta desde el 17 de abril hasta la actualidad tome de manera arbitraria esta decisión. Manifestamos nuestro compromiso con los dirigentes sindicales, afiliados y con los trabajadores en general en la defensa de su derecho al trabajo y puestos de trabajo. En momentos donde muchas empresas aprovechan de esta pandemia para acogerse a diferentes artimañas y eliminar la organización de los trabajadores”, señaló la federación sindical en sus redes sociales.

Cabe indicar que el pasado 7 de setiembre, la FNTTP y la base sindical de Hilandería Andina S.A.C. sostuvieron una reunión presencial para evaluar las medidas de lucha a tomar en defensa de su derecho al trabajo. “Ellos ha decidió seguir con el puño en alto como lo vinieron haciendo durante todo el tiempo que la patronal Hilandería Andina buscaba la manera para despedirles y así eliminar el sindicato, en esta reunión los compañeros han vuelto a reafirmar su lucha por la defensa de sus puestos de trabajo y organización sindical”, informó la Federación.

Con información del Facebook de la FNTTP

El director regional de Salud, Víctor Távara Córdoba, informó que el Comando COVID-19 de la región Piura se reunirá para presentar un informe al gobierno del presidente Martín Vizcarra manifestando su rechazo al reinicio del turismo interno en algunas regiones, incluida Piura, tal como lo ha anunciado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, su desacuerdo con la llegada de vuelos internacionales y por ende de pasajeros de otros países al aeropuerto Guillermo Concha Iberico.

“Entendemos la necesidad de reactivar la economía, pero tengamos en cuenta que será un reactivación momentánea porque podría presentarse un rebrote de la Covid. La enfermedad no está controlada como quisieramos (…) Nosotros vamos a elevar un informe con todas las observaciones a esta decisión tomada desde Lima”, dijo Távara.

Con información de Radio Cutivalú

151 usuarios del Metropolitano dieron positivo al COVID-19 tras ser sometidos a pruebas rápidas de descarte del coronavirus. El proceso se aplicó a 500 pasajeros de la Estación Central.

De acuerdo con el comunicado de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la actividad que reportó unos 349 negativos se realizó en conjunto con el Seguro Social de Salud (Essalud).

Durante la jornada, orientadores de la ATU difundieron a los usuarios mensajes como “Viaja sentado, nunca vayas de pie en el transporte público”, “Mantén tu distancia, evita las aglomeraciones” o “Usar mascarilla y protector facial es obligatorio” a fin de promover el respeto de las medidas sanitarias. Roberto Vidaurre, director de Gestión Comercial de la ATU, señaló que es la primera vez que se realiza este tipo de intervenciones en una estación del Metropolitano, lo cual es muy importante para evitar la propagación de la COVID-19.

Cabe destacar que en los últimos meses la empresa operadora del Metropolitano se ha visto envuelta en la polémica por sus sucesivas amenazas de paralizar el servicio, así como por las pocas unidades disponibles lo que ocasiona largas colas y aglomeraciones que ponen en riesgo de contagio a miles de usuarios todos los días.

Con información de Correo

Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) encontraron a 140 trabajadores del fundo ASV, de la empresa agrícola Sol de Villacuri S.A.C., situada en Ica, quienes fueron obligados a esconderse por sus empleadores, mientras se realizaba la diligencia.

No obstante, tanto los inspectores del equipo Perú Formal Rural y de la intendencia regional de Ica, hicieron seguimiento a lo denunciado en las redes sociales, donde los mismos trabajadores señalaron que estaban escondidos en las plantaciones de espárragos.

Una vez encontrados, fueron registrados y se le exigió a la empresa, la incorporación de los trabajadores a la planilla, a fin que puedan contar con derechos laborales y trabajar de manera formal.

Las visitas a las agroexportadoras de Ica iniciaron este lunes 14. Se ha previsto visitar 49 empresas con la finalidad de verificar la formalidad de sus trabajadores, así como la seguridad y salud en el trabajo.

Con información de Correo

“Cuando el presidente Martín Vizcarra dice que nos lavemos las manos para prevenir el COVID-19, ¿con qué nos vamos a lavar? ¿con agua contaminada?”, se pregunta Félix Suasaca, de Puno, de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

El pasado miércoles 16 de este mes, dos representantes de la Plataforma decidieron abandonar la reunión que sostenían con la Comisión Multisectorial Temporal de la Presidencia del Consejo de Ministros para atender a las poblaciones afectadas. La razón: pese a que existe una estrategia sanitaria y una norma técnica del Ministerio de Salud que incluye a los metaloides y otras sustancias químicas como contaminantes de las poblaciones expuestas a los proyectos extractivos, el Gobierno se resiste a desarrollar un protocolo de atención que los incluya.

“En las 3 reuniones que hemos tenido nos hemos demorado en el título, para que se incluya a los metaloides y otras sustancias en el plan, y no solo los metales pesados. En la última reunión hemos tenido que irnos porque nos han estado imponiendo, arrinconándonos”, cuenta a Wayka el presidente del Frente de Defensa Contra la Contaminación del Río Coata (Puno), Félix Suasaca Suasaca. “No es justo que no nos escuchen y que decidan todo”.

De acuerdo a la postura de los dirigentes de la Plataforma, que agrupa a poblaciones afectadas de 15 regiones del país, si la PCM basa su protocolo solo en metales pesados, se dejaría fuera a todas las comunidades que fueron expuestas a metaloides y otras sustancias químicas.

Por ejemplo, en La Oroya (Junín), un distrito cuya población ha estado expuesta a la contaminación generada por la minera Doe Run Perú y las empresas predecesoras, el dióxido de azufre (SO2) es la sustancia química considerada por el MINSA como contaminante crítico en la zona. En Loreto, se encontró altos niveles de arsénico (metaloide) en las comunidades que habitan la cuenca del río Pastaza y otras expuestas a los hidrocarburos (sustancia química) que dejaron los derrames de petróleo crudo.

Casos como estos quedarían fuera si el Gobierno decide atender solo a los afectados por metales pesados, pese a que una estrategia sanitaria aprobada en 2008, una norma técnica del 2015 sobre vigilancia epidemiológica y una serie de lineamientos fijados en 2018 por el Ministerio de Salud, reconoce a los metaloides y otras sustancias químicas como factores contaminantes sobre las poblaciones.

Fuentes de la PCM confirmaron a Wayka que los asesores de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente son los que se rehúsan a escuchar el reclamo de la agrupación de afectados de todo el país. .

Con información de Wayka

Una encuesta global realizada por Ipsos para el Foro Económico Mundial encontró que una abrumadora mayoría de personas pide cambios significativos y no una mera “vuelta a la normalidad”. La encuesta recoge la opinión de una muestra de 21 mil adultos en 27 países.

El 86% de encuestados señaló que quiere “que el mundo cambie significativamente y se vuelva más sostenible y equitativo, en vez de que vuelva a ser como era antes de la crisis del COVID-19”. En el caso del Perú, esa cifra se eleva hasta el 93% de encuestados.

Con información de Ipsos