EDITORIAL: El Congreso rechazó el día martes la censura de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, en un capítulo más de la prolongada inestabilidad política peruana. Lo ocurrido con la titular del MEF muestra que cuando se trata del modelo económico, tirios y troyanos se ponen de acuerdo. Lo cierto es que el MEF tiene una responsabilidad importante en lo que ha ocurrido en nuestro país durante esta pandemia. Ver
El Congreso rechazó el día martes la censura de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, con una votación de 46 contra 73 votos, en un capítulo más de la prolongada inestabilidad política peruana.
En medio de una pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, que ha llevado incluso a la discusión de una eventual vacancia presidencial, lo ocurrido con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que cuando se trata del modelo económico tirios y troyanos se ponen de acuerdo.
Lo cierto es que el MEF tiene una responsabilidad importante en lo que ha ocurrido en nuestro país durante esta pandemia.
El Perú tiene el triste récord de la mayor cantidad de muertes en proporción a la población, y al mismo tiempo la peor caída económica a causa del COVID-19. Sin duda, hay razones estructurales detrás de esto, entre ellas la alta informalidad laboral, que lleva a que millones de peruanos tengan que salir a buscar su sustento día a día; y el abandono del sistema de salud durante décadas por los sucesivos gobiernos.
Pero a estas razones hay que sumar la actuación de un MEF fiel a las líneas maestras del modelo económico: la “focalización” neoliberal de las transferencias sociales, y el rescate prioritario de los grandes actores privados.
La focalización de los bonos sociales (amén de la ineficiencia burocrática en su entrega) es, desde una mirada económica, la responsable directa del incumplimiento de la cuarentena. Imposible pedirle a millones de autoempleados y trabajadores independientes que se quedaran en casa sin un soporte económico. Esta idea de que las transferencias sociales deben ser “focalizadas”, “sólo para los pobres”, es un axioma de un modelo neoliberal que no es capaz de concebir el derecho a la protección social como algo universal.
Por otro lado, todo el diseño de la estrategia para “no romper la cadena de pagos” mediante los préstamos de Reactiva Perú ha seguido la lógica de rescatar a las empresas en vez de rescatar directamente las personas. Los grandes beneficiarios: grupos económicos vinculados a las finanzas, la minería, el comercio y los servicios, los medios de comunicación, entre otros sectores. Como sabemos, muchas de estas empresas con una mano recibieron este crédito avalado por el Estado, y con la otra mano se apresuraron a despedir o suspender a sus trabajadores, quebrando así la cadena de pago en su eslabón más débil.
Que esto no se pierda de vista en medio de las idas y vueltas de la crisis política. La pandemia nos enseña que ya no podemos seguir encadenados a un MEF que se concibe como garante de los negocios privados y regatea la inversión social: es tiempo de que el Ministerio de Economía y Finanzas esté al servicio de una política económica que ponga en primer plano el cumplimiento de los derechos de todos los peruanos y peruanas.
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NOTICIAS
Cuatro líderes ambientales han sido asesinados durante la pandemia
En pleno estado de emergencia, Roberto Pacheco (Madre de Dios), Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín) y Lorenzo Wampagkit (Amazonas) fueron asesinados por mafias de tala y minería ilegal.
La última víctima fue Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), quien recibió dos disparos el pasado 11 de setiembre mientras recorría su concesión forestal.
Él era hijo de Demetrio Pacheco, líder indígena que había presentado 8 denuncias por deforestación ante el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo informó que el líder ambientalista era amenazado por presuntos invasores relacionados a la tala de árboles y a la minería ilegal.
Esta muerte se suma a la de Lorenzo Wampagkit Yamil, ocurida en julio. Él era guardaparque durante 8 años de la reserva comunal Chayu Nain y fue asesinado en su casa, donde cumplía su licencia debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En mayo fue encontrado muerto Gonzalo Pio Flores, defensor indígena asháninka, quien estuvo desaparecido durante 24 horas y fue hallado sin vida en una zanja.
En abril fue asesinado el apu Arbildo Meléndez, líder indígena Cacataibo, quien fue asesinado por invasores de tierras, según denunciaron organizaciones indígenas.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental sostuvo que la tala, la minería ilegal y el tráfico de tierras a las que se enfrentan los defensores ambientales son liderados por mafias.
La Federación Nacional De Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico del Perú (FNTMMSP) y CooperAcción han lanzado la campaña “SOS Mineros” para alertar a la opinión pública respecto al avance del contagio de la COVID-19 en este sector.
La campaña busca llamar la atención del Gobierno, sobre todo del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, para que sincere la cifra de contagios entre los trabajadores de este importante sector de la economía nacional.
Recordemos que la minería fue reconocida como una de las “actividades esenciales” que podía seguir operando, a pesar de la declaratoria de estado de emergencia y la cuarentena desde la quincena de marzo pasado.
Sin embargo, pese a que se estableció que este sector operaría solo parcialmente en sus operaciones básicas y tras haberse establecido una serie de protocolos sanitarios para el sector, el número de contagios de la COVID-19 entre los trabajadores ha ido en aumento.
Para julio de este año, el Minem reconocía que habían superado los 3 mil casos. Ahora, la FNTMMSP estima que podría superar los 10 mil casos de contagios y más de una decena de muertos.
En ese sentido la FNTMMSP y CooperAccion consideran de gran importancia que el Gobierno haga público el reporte de casos de contagios y fallecidos en el sector, e informe de las acciones de fiscalización que realizan las autoridades competentes para salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores mineros que son considerados como uno de los pilares de la reactivación.
Igualmente, la FNTMMSP hace un llamado de alerta a las autoridades sobre otros aspectos como son la prevención oportuna o falta de aplicación de los protocolos sanitarios para vigilar y controlar al COVID-19, el aumento irregular de las jornadas de trabajo, la vulneración del empleo (suspensiones perfectas y ceses colectivos), incumplimiento de las condiciones de salud en las viviendas mineras y la propuesta de utilizar el dinero de FONDO EMPLEO (S/. 3,800 millones de los remanentes de las utilidades de los trabajadores en 20 años) para enfrentar la pandemia.
Además, la FNTMMSP alerta que se vendría desarrollando una “cacería de brujas” contra los dirigentes sindicales que están reclamando todo lo señalado anteriormente, por lo que estarían siendo detenidos y despedidos de su puesto de trabajo.
Este miércoles 16 de setiembre, a las 5.30 p.m., la FNTMMSP y CooperAcción realizarán una conferencia que será transmitida en vivo por el Facebook de Wayka. En ella participarán Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMSP; José de Echave de CooperAcción; José Ancalle, Congresista de la República; Judy Mendoza del Sindicato de Volcán Cía Minera S.A.A.y Luis López del Sindicato de minera Chinalco.
Esta campaña busca que tanto las autoridades, empresarios y la opinión pública estén sensibilizados en torno a que la minería como actividad clave de la economía nacional, no puede reactivarse si no es de la mano de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de sus labores y la salud de sus trabajadores.
El martes 08 de septiembre, dirigentes de la provincia de Espinar se reunieron con representantes de la empresa minera Antapaccay, del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción para conversar sobre los avances de la aplicación del bono humanitario.
Tras la reunión se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. La fecha establecida para la implementación del pago en su totalidad es el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso.
Por otro lado, el día 09 de septiembre, los dirigentes de Espinar sostuvieron una reunión con representantes de la minera Antapaccay y del Ministerio de Energía y Minas para lograr la reformulación del Convenio Marco. La reunión se centró en la cláusula séptima de “Promoción de empleo y desarrollo de capacidades”.
Otro de los puntos que preocupan a la población de Espinar es el incremento de casos de contagios por COVID-19 y las carencias en el hospital provincial. Hasta el 1 de septiembre, según el reporte epidemiológico de la red de salud de Canas, Canchis y Espinar, se han confirmado 576 contagiados de coronavirus y 13 fallecidos en la provincia de Espinar.
Además, para una población de más de 69 mil habitantes, el hospital de Espinar solo cuenta con dos médicos, 4 enfermeras, dos técnicas de enfermería y una obstetra. A esto se suma la carencia de equipos para responder a la pandemia.
Frente a esta realidad, uno de los dirigentes de Espinar señaló que la minera Antapaccay ha lanzado un psicosocial asegurando que las protestas en Espinar han originado el aumento de casos por COVID-19. Sobre este hecho, manifestó que es falso ya que en otras provincias donde no ha habido protestas hay más incidencia de casos. Además, de los más de 500 contagiados, más de la mitad pertenecen a la empresa minera Antapaccay, que desde un inicio presentó los primeros casos y estos fueron incrementándose debido a la falta de aplicación de protocolos de salud y seguridad para sus trabajadores, tomando decisiones al margen de la Dirección Regional de Salud de Cusco, precisó el dirigente.
Según señala Red Muqui, a inicios de la cuarentena la empresa minera Antapaccay derivó a sus trabajadores contagiados a Arequipa sin coordinar con la DIRESA Cusco y la Red de Salud provincial.
Frente a este escenario, según lo manifestado por uno de los dirigentes de Espinar, el Convenio Marco ya ha invertido 2 millones de soles para combatir el Covid-19. Se ha estableció la compra de una ambulancia, 5 mil pruebas rápidas, camas, y otros equipos. Además, señaló que se ha aprobado la compra de una planta de oxígeno transportable.
Finalmente, sobre los hechos ocurridos en las protestas donde hubieron heridos de bala, hasta la fecha se interpuso una denuncia, y se coordinó con el Congreso de la República para conformar una comisión investigadora; sin embargo, no hay mayor información sobre avance alguno, tanto en la denuncia, como en la acción del Congreso en la conformación de la Comisión. Hace un mes, el ahora ex ministro de Energía y Minas, Perez Montoya, cuando se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y de Defensa, declaró que actuaron de acuerdo al protocolo policial.
En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.
Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.
Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.
Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.
Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.
Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.
“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.
Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.
Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.
Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.
Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.
El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.
López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.
Tomado de CooperAcción (Aparecido originalmente en el South China Morning Post)
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Exigen congelamiento de deudas durante movilización en Trujillo
Un grupo de ciudadanos en Trujillo, pertenecientes a diversas asociaciones, realizaron una movilización en plena cuarentena focalizada para exigir al Gobierno el congelamiento de deudas por 12 meses, debido a la crisis económica. El recorrido se dio por las principales calles de la ciudad y culminó en la Plaza de Armas.
Producto de la pandemia de la COVID-19, la economía en los diversos sectores ha sido golpeada y muchas de las personas que tienen créditos en entidades financieras están a punto de perder sus bienes inmuebles, por no poder pagar las cuotas.
Esto ha generado que la Asociación de Deudores de Perú, con sede en Trujillo, y otras asociaciones salgan a las calles a solicitar al Gobierno el congelamiento de deudas por 12 meses y la aprobación de la Ley Nº 5904 que amplía la cobertura del programa de Rescate Financiero Agropecuario para deudores por créditos agropecuarios asumidos hasta el 31 de agosto del 2002.
Otro de sus pedidos es el cumplimiento estricto de la Resolución SBS N° 1870-2020 con la cual, en siete días, las entidades podrían considerar reducción de tasas, condonación de intereses, postergación de cuotas y mayores plazos.
El sindicato de trabajadores del Grupo Ripley, cansado de los abusos laborales durante la pandemia, manifestó mediante un documento, que se les han reducido los sueldos, aumentaron sus horas de trabajo y tomaron como vacaciones el tiempo de cuarentena.
“Nosotros trabajamos de 8:15 a. m., a 8:15 p. m., es decir, 66 horas a la semana cuando lo normal era 46 horas semanales, estamos pagando 20 horas más cada semana y no nos dicen hasta cuándo va a ser así. Antes ganábamos 2500 con las comisiones por ventas pero ahora están aduciendo a que como están bajas las ventas, no tienen obligación de pagar comisiones y solo nos pagan el sueldo mínimo», señaló Hugo Visosa, miembro del Sindicato de trabajadores.
El personal de la tienda mencionó que desde el mes de junio solo pueden tomar los días domingos como único día de descanso, motivo por el cual se ven afectados ya que al ser día de inmovilización obligatoria no tienen cómo abastecerse con productos de primera necesidad para su hogar.
«Muchos trabajadores son madres o padres de familia, en qué momento vamos a hacer las compras para el hogar, acá nos dicen usen las horas de refrigerio para que vayan a supermercados a comprar», agregó Hugo.
“Los primeros días de mayo, la empresa nos llamó para que aceptáramos que puedan usar nuestras vacaciones durante el tiempo del estado de emergencia, nosotros no aceptamos pero ellos de manera unilateral lo han hecho así. Ellos están buscando que muchos abandonemos y puedan reemplazarnos por trabajadores part time, que tienen un contrato más precario”, finalizó.
En el mes de julio, cuando se ingresó a la Fase 3 del reinicio de actividades y se pasó de un confinamiento general a uno focalizado, el PBI se contrajo 11,71% comparado con el similar periodo de 2019, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su reciente informe técnico.
Se trata del quinto mes en que la economía sigue cayendo -y a dos dígitos-. La producción nacional acumulada refleja una caída de 16,53%. Cabe recordar que el país se encuentra en recesión, al tener dos trimestres consecutivos que registran caídas.
A nivel sectorial, la manufactura, minería e hidrocarburos, comercio, construcción y agropecuario reflejaron caídas. La producción en manufactura disminuyó 10,39%, por una menor actividad del subsector no primario (-15,86%), aunque en el subsector primario mostró un incremento (6,68%).
La minería e hidrocarburos cayó 6,22%, por una contracción del subsector minero metálico (-6,41%), por menores volúmenes en la producción de oro (-46,6%), plata (-27,6%), plomo (-16,5%), hierro (-7,7%) y cobre (-2,2%); por el contrario, creció la extracción de estaño (39,2%), molibdeno (31,7%) y zinc (5,6%). A su vez, el subsector hidrocarburos se redujo (-5,11%) por el menor nivel de extracción de petróleo crudo (-20,9%); en tanto que, aumentó la producción de líquidos de gas natural (0,6%) y gas natural (0,4%).
El sector comercio disminuyó 11,53% por una menor producción en las ventas al por mayor (-12,94%), ventas al por menor (-3,88%) y la venta y reparación de vehículos (-24,41%).
El agropecuario registra su segundo mes en caída (6,52%), por la menor producción agrícola (-9,52% y pecuaria -1,79%). A su vez, la construcción se contrajo (-12,78%) por la reducción del consumo interno de cemento (-4,53%) y el avance físico de obras públicas (-45,70%).
La pesca registró un aumento de 33,34%, mientras que el sector de alojamientos y restaurantes tiene una contracción de 71,82%.
En el mundo se cuentan hasta 1.400 medidas de protección social decretadas por los gobiernos de todo el mundo para evitar que el aumento de la pobreza se acentúe, producto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es insuficiente.
Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, publicó el viernes 11 de septiembre un informe en el cual advirtió a los líderes mundiales que todavía no se ha visto lo peor.
“Las peores consecuencias de la crisis sobre la pobreza están aún por venir”, vaticinó De Schutter, quien lamentó que muchos de los programas de protección social se han eliminado gradualmente o podrían no renovarse, si hay cambios de gobierno en comicios.
Aunque los gobernantes han aprobado acciones que representan alrededor del 0,4% del producto interior bruto (PIB) mundial, las consideran escasas. “Estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido”.
“Numerosos programas también requieren que las solicitudes se completen en línea, lo cual de facto excluye a amplios grupos de la población sin acceso a internet o con bajas competencias digitales”, agregó.
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
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