En mayo se aprobó el DL 1500, que establece “medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada ante el impacto del COVID-19”. En su artículo 6 habilitó la virtualización de los procesos de participación ciudadana para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, la evaluación ambiental y la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente, estas disposiciones están siendo aplicadas por SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) para la evaluación y aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho en Junín de la empresa minera Chinalco y para la elaboración de la tercera MEIA del proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay en Cusco, según informó la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ambos proyectos son de gran minería y las MEIA plantean incorporar grandes modificaciones a los componentes de los proyectos mineros, lo cual implica impactos ambientales significativos en estos territorios.
Al respecto, la Red Muqui difundió un comunicado señalando que la virtualización de la participación ciudadana, debido al Estado de Emergencia Nacional en la que nos encontramos a causa de pandemia originada por el COVID-19, no garantiza un adecuado acceso a la información y una participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental. Las condiciones establecidas en el artículo 6° del Decreto legislativo N° 1500 no contienen criterios específicos que den mayores garantías al proceso de participación ciudadana, especialmente en estos proyectos mineros que tienen considerables impactos.
Cabe señalar que las poblaciones que viven en la zona son calificadas como sectores de pobreza y pobreza extrema, por lo cual no todos cuentan con los medios virtuales de conectividad necesarios para poder ejercer adecuadamente su derecho a la participación ciudadana y acceder a las Oficinas de Información Permanente Virtual.
En el caso de Toromocho se han presentado observaciones a la MEIA ante el SENACE. Una de las principales es referida a la virtualización de la participación ciudadana ambiental; sin embargo, SENACE ampara en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. Por ello, Red Muqui consideró que la aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores.
Con información de Red Muqui