Empresas y derecho humanos: de la visibilidad a los compromisos vinculantes
Esta semana se realiza de manera virtual el 5to Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y El Caribe, un espacio de diálogo y encuentro entre Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para evaluar el impacto de las actividades del sector privado en la garantía de los derechos humanos.
Se trata de una importante oportunidad en la cual las personas y comunidades afectadas por la actividad empresarial pueden levantar la voz y hacer visibles las vulneraciones a los derechos humanos que vienen sufriendo. Este año, por ejemplo, está participando la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, organización que reúne a decenas de comunidades contaminadas por los desechos de la actividad minera e hidrocarburífera en diversas regiones del país. También está presente la voz de los sindicatos, a través de la Coordinadora de Centrales Sindicales, para poner de relieve las violaciones a los derechos laborales, que se han acentuado en el contexto de la pandemia. Así mismo, las organizaciones indígenas como ONAMIAP, FEDIQUEP y FECONAU se han hecho presentes para dar testimonio de las afectaciones que sufren, en especial por las actividades extractivas en sus territorios.
Esto no ocurre sólo en el Perú: la actividad empresarial está vinculada a vulneraciones de derechos en toda la región. Esta semana, por ejemplo, han participado comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, en Guatemala; indígenas zapotecas mexicanos que han reflexionado sobre las limitaciones de la consulta previa; y representantes de la comunidad LGTBI de diversos países discutiendo sobre los retos para una inclusión real en el sector privado.
En este foro, por su parte, los Estados han dado cuenta de los avances y desafíos en la elaboración de sus Planes de Acción sobre empresas y derechos humanos, un instrumento que forma parte de los compromisos asumidos en el marco de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia. Como recordamos, en el Perú el propio Presidente Vizcarra hizo mención a los avances de este Plan, que se espera tener listo para el próximo año incorporando los aportes del sector privado y de la sociedad civil. Hasta la fecha, ya 23 países han aprobado planes de esta naturaleza.
La agenda es, pues, muy amplia, y los desafíos para que las empresas contribuyan de manera positiva al cumplimiento de los derechos de todas las personas son aún muy grandes. Desde su primera edición en Medellín el 2013, el Foro Regional -organizado a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas- se ha convertido en un importante espacio de visibilización de las conductas empresariales irresponsables.
Sin embargo, tras casi 10 años de la aprobación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y DDHH, queda claro que la visibilización y los instrumentos voluntarios no son suficientes. Más aún en el contexto de la pandemia, muchas empresas continúan realizando malas prácticas que van contra la tan mentada responsabilidad social empresarial. En el Perú, por ejemplo, hemos sido testigos del aprovechamiento de la crisis de salud para elevar los precios de manera abusiva, así como de la presión para evitar la cuarentena y flexibilizar los protocolos sanitarios, poniendo en riesgo la vida y la salud de trabajadores y comunidades.
Por ello, se viene discutiendo un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos, que deje en claro cuáles son las obligaciones de las empresas en esta materia. El pasado 6 de agosto, se publicó la segunda versión en borrador de este acuerdo, como resultado de los debates establecidos en el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de octubre 2019. Al respecto, preocupa que este segundo borrador no incluya referencias específicas a las cadenas globales de producción ni la responsabilidad solidaria de las empresas involucradas en cadenas de valor global, lo que vacía al acuerdo de su capacidad de regular la arquitectura empresarial transnacional.
