EDITORIAL: Esta semana se realiza de manera virtual el 5to Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y El Caribe, un espacio de diálogo y encuentro entre Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para evaluar el impacto de las actividades del sector privado en la garantía de los derechos humanos. Ver
Empresas y derecho humanos: de la visibilidad a los compromisos vinculantes
Esta semana se realiza de manera virtual el 5to Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y El Caribe, un espacio de diálogo y encuentro entre Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para evaluar el impacto de las actividades del sector privado en la garantía de los derechos humanos.
Se trata de una importante oportunidad en la cual las personas y comunidades afectadas por la actividad empresarial pueden levantar la voz y hacer visibles las vulneraciones a los derechos humanos que vienen sufriendo. Este año, por ejemplo, está participando la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, organización que reúne a decenas de comunidades contaminadas por los desechos de la actividad minera e hidrocarburífera en diversas regiones del país. También está presente la voz de los sindicatos, a través de la Coordinadora de Centrales Sindicales, para poner de relieve las violaciones a los derechos laborales, que se han acentuado en el contexto de la pandemia. Así mismo, las organizaciones indígenas como ONAMIAP, FEDIQUEP y FECONAU se han hecho presentes para dar testimonio de las afectaciones que sufren, en especial por las actividades extractivas en sus territorios.
Esto no ocurre sólo en el Perú: la actividad empresarial está vinculada a vulneraciones de derechos en toda la región. Esta semana, por ejemplo, han participado comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, en Guatemala; indígenas zapotecas mexicanos que han reflexionado sobre las limitaciones de la consulta previa; y representantes de la comunidad LGTBI de diversos países discutiendo sobre los retos para una inclusión real en el sector privado.
En este foro, por su parte, los Estados han dado cuenta de los avances y desafíos en la elaboración de sus Planes de Acción sobre empresas y derechos humanos, un instrumento que forma parte de los compromisos asumidos en el marco de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia. Como recordamos, en el Perú el propio Presidente Vizcarra hizo mención a los avances de este Plan, que se espera tener listo para el próximo año incorporando los aportes del sector privado y de la sociedad civil. Hasta la fecha, ya 23 países han aprobado planes de esta naturaleza.
La agenda es, pues, muy amplia, y los desafíos para que las empresas contribuyan de manera positiva al cumplimiento de los derechos de todas las personas son aún muy grandes. Desde su primera edición en Medellín el 2013, el Foro Regional -organizado a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas- se ha convertido en un importante espacio de visibilización de las conductas empresariales irresponsables.
Sin embargo, tras casi 10 años de la aprobación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y DDHH, queda claro que la visibilización y los instrumentos voluntarios no son suficientes. Más aún en el contexto de la pandemia, muchas empresas continúan realizando malas prácticas que van contra la tan mentada responsabilidad social empresarial. En el Perú, por ejemplo, hemos sido testigos del aprovechamiento de la crisis de salud para elevar los precios de manera abusiva, así como de la presión para evitar la cuarentena y flexibilizar los protocolos sanitarios, poniendo en riesgo la vida y la salud de trabajadores y comunidades.
Por ello, se viene discutiendo un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos, que deje en claro cuáles son las obligaciones de las empresas en esta materia. El pasado 6 de agosto, se publicó la segunda versión en borrador de este acuerdo, como resultado de los debates establecidos en el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de octubre 2019. Al respecto, preocupa que este segundo borrador no incluya referencias específicas a las cadenas globales de producción ni la responsabilidad solidaria de las empresas involucradas en cadenas de valor global, lo que vacía al acuerdo de su capacidad de regular la arquitectura empresarial transnacional.
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NOTICIAS
CGTP rechaza “régimen laboral de emergencia” propuesto por la CONFIEP
Su rotundo rechazo al “régimen laboral de emergencia” propuesto por la Confiep, expresó la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), por considerar que esa iniciativa implica el recorte de salarios, y una pretendida “compensación” a los trabajadores con sus propios fondos de pensiones y la disponibilidad de CTS.
La CGTP, encabezada por su secretario general, Gerónimo López, explicó que en buena cuenta la Confiep pretende que los trabajadores sigan soportando el impacto de la pandemia con sus fondos de protección social y afectando el futuro de las pensiones en el Perú.
Representantes de los gremios empresariales, incluyendo a la presidenta de la Confiep, María Isabel León, se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y le entregaron un listado de propuestas laborales que incluye la creación de un régimen laboral de emergencia con duración de por lo menos un año
En efecto, el referido régimen laboral de emergencia propone reducir remuneraciones para trabajadores, así como sus jornadas, pero compensando esta disminución en ingresos al otorgarle al trabajador acceso a su CTS, AFP o a subvenciones estatales.
Al respecto, la CGTP emitió recientemente un pronunciamiento en el que cuestiona, también, el propuesto prorrateo de gratificaciones y la CTS lo que en buena cuenta significa que su pago se realicen en armadas posteriores a la fecha en que corresponde recibir la gratificación o realizar el depósito de la CTS.
La más grande central sindical del país, denunció que la Confiep pretende una generalización de la contratación temporal (empleo precario) y acelerar las autorizaciones de la suspensión perfecta de labores, paso previo al cese colectivo de trabajadores.
La CGTP afirma que el impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno han afectado a las empresas y a los trabajadores, pero advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno han afectado principalmente a estos últimos y beneficiado a las primeras. “Se requiere que las políticas a adoptar sean consensuadas y no impuestas por el Gobierno y la CONFIEP, como hasta ahora”, agregó.
Recordó que las medidas del Gobierno deben orientarse principalmente a mantener los puestos de trabajo y proteger los ingresos y beneficios sociales de los trabajadores, y demandó promover la negociación colectiva y el dialogo social como el mecanismo más adecuado para encontrar alternativas viables.
Asimismo, la CGTP exigió garantizar el cumplimiento de las normas de salud laboral y proteger los fondos de protección social, evitando que sean los trabajadores quienes financien la crisis con sus fondos.
La CGTP emplazó al Ministerio de Trabajo a rectificar las orientaciones políticas a fin de crear las condiciones que den viabilidad al diálogo social en beneficio del país y no de la gran empresa y de las multinacionales perjudicando a la población y a los trabajadores que son los más golpeados por la pandemia y las políticas económicas y laborales impuestas.
La semana pasada se informó que la Municipalidad de Miraflores intervino a trabajadores del servicio de delivery, y 40% de ellos dio positivo para COVID-19. Esta semana, la Municipalidad de Surco hizo un operativo similar y 3 de cada 10 repartidores dieron positivo.
Ante esta situación, el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) anunció que se unirá a la supervisión y fiscalización a los servicios de delivery por aplicativo, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno. El organismo señaló que viene realizando coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y de la Producción (Produce) para cubrir los vacíos legales que existieran en los protocolos existentes.
Luis Molina, alcalde de Miraflores, afirmó que si el Gobierno no soluciona estas irregularidades, emitirá un decreto de alcaldía que prohíba el delivery si es que las empresas no aplican pruebas a sus motorizados. Sin embargo, las autoridades y los propios motorizados consideran que no se está mirando el panorama completo respecto a estos servicios.
Para Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), este enfoque prohibitivo del municipio de Miraflores no resuelve el problema medular.
En tal sentido, sostiene que los servicios de delivery por aplicativo no tienen un marco normativo.
“Es necesario que haya un marco legal —un municipio no puede regular, lo debería hacer el Congreso— y se obligue a que estas empresas adquieran responsabilidad con relación a las personas que se inscriben en sus plataformas”, expresó.
Por su parte, Jean Pierre Combe, alcalde de Surco, señaló que “Las empresas (por aplicativo) no tienen ninguna responsabilidad penal ni civil en el país y la gran víctima es el mismo motociclista ya que de esa actividad depende la economía de sus familias. Hacemos un llamado al gobierno pues son ellos quienes deberían estructurar adecuadamente para que este servicio se dé con las medidas sanitarias, de control y respeto para los trabajadores porque nadie se hace responsable de lo que hace el motociclista y los grandes perjudicados son los vecinos”, señaló.
Asimismo, los trabajadores de este servicio mencionan que los entes competentes del Ejecutivo deberían establecer una regulación, además de coordinar mejor estas intervenciones junto a estas empresas, ya que perjudican su trabajo.
Actualmente las empresas por aplicativo carecen de responsabilidad legal y nadie se hace responsable de controlar la salud de los trabajadores. Además, en los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) no se exigen pruebas COVID-19.
En el país hay cerca de 20.000 repartidores, según la socióloga y experta en el rubro Alejandra Dinegro.
El Sindicato de tiendas Ripley (Sutragrisa) ha difundido en sus redes sociales una carta dirigida a la empresa en la que rechaza la compensación de horas impuesta para recuperar las horas perdidas durante la cuarentena por COVID-19, por la cual están laborando 66 horas semanales. Así mismo, rechazan el nuevo horario que la empresa ha establecido, según el cual se impone como único día de descanso el domingo, que coincide con el día de inamovilidad decretado por el Gobierno.
“Cabe precisar que desde el mes de julio impuso la compensación de horas a los trabajadores, por el cual nos obliga a laborar 66 horas semanales y de los dos días de descanso, solo se descansa un día por que el otro se trabaja para compensar las horas”, explica el Sindicato. “Ahora coloca ese único día descanso el domingo. ¿En qué momento los trabajadores podemos abastecernos de productos de primera necesidad, si trabajamos de corrido de 8:15 am a 8:15 pm? ¿En qué momento podemos hacer tramites personales?”, añade.
“¿Hasta dónde piensa llegar tiendas Ripley? Con este accionar, está exponiendo nuestra integridad física, nuestra salud, nuestra vida y la de nuestras familias, más cuando sabe que hay muchos trabajadores contagiados por la falta de medidas de prevención, siendo que por el trabajo que realizamos estamos expuestos al contagio”, denuncia el Sindicato.
Cabe agregar que estas medidas de la empresa estarían incumpliendo con una serie de disposiciones del gobierno, según indican los trabajadores: – El decreto legislativo 029-2020, que establece que toda compensación se realizará posterior al estado de emergencia – El decreto supremo Nº 008-2002-TR , que establece que las jornada compensatorias de trabajo no podrán afectar el derecho del trabajador al descanso semanal obligatorio
Desde la semana pasada Indecopi emprendió la labor de fiscalización en 1.274 boticas y farmacias a nivel nacional por encargo del Ministerio de Salud (Minsa).
Ante ello, la gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, Ana Peña, resalta que su labor es verificar – de acuerdo al D. U. 59-2020 – que los establecimientos suministren información al Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos de los precios de venta de productos, stock disponible y procedencia de medicamentos e implementos para combatir a la COVID-19.
‘‘Se identifican 34 bienes declarados esenciales: azitromicina, paracetamol, ivermectina, guantes, respiradores y mascarillas, todas vinculadas a la coyuntura sanitaria. Buscamos que las boticas transparenten la información subida al Observatorio Peruano de Precios. Luego entregamos el acta de supervisión a la autoridad sanitaria (Minsa) para que inicie sus procedimientos’‘, explicó la funcionaria.
Peña informó que a la fecha se inspeccionaron más de cien establecimientos farmacéuticos en todo el país y se pudo encontrar negocios infractores que no cumplen con las prácticas a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Minsa y ofertan a un precio diferente de lo registrado.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, resaltó el pasado viernes que durante junio y julio se han recuperado más de dos millones de puestos de trabajo en Lima Metropolitana.
‘‘Hacia adelante, esperamos que el empleo continúe recuperándose. Asimismo, la recuperación del empleo se verá favorecida por la implementación del programa “Arranca Perú”, una inversión de casi 6.800 millones que espera generar alrededor de 1 millón de empleos’‘, dijo la titular del MEF ante el Congreso.
Es menester precisar que en el trimestre abril – mayo – junio se perdieron 2′699.100 empleos en la capital, y para el periodo mayo – junio – julio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) bajó a 1′972.900 puestos, por lo que aproximadamente se recuperaron 730 mil plazas.
‘‘Habría que precisar, sea cual sea la cifra, lo que estaría considerando ella (Alva Luperdi), si el empleo formal o informal. Revisando al INEI, casi 2,7 millones (de empleos) se perdieron entre abril y junio, y el estudio más reciente, arroja que fueron casi dos millones. Si uno compara estas cifras habría poco más de 700 mil personas que ya se habrían reinsertado a sus puestos. No veo de donde puedan ser dos millones’‘, sostiene el ex viceministro de Empleo, Fernando Cuadros.
Por otro lado, el economista Armando Mendoza cree que ’‘la ministra (Alva) puede estar en lo correcto’’ pero es necesario enfocarse en los matices del empleo.
‘‘Aquí (lo relevante) no es si se recupera el empleo. En un país donde no hay seguro de desempleo o la CTS llega a una minoría, la gente está obligada a trabajar de los que sea. No se queda de brazos cruzados. Hay que ver el empleo cualitativamente y no cuantitativamente. Es bueno que la economía se reactive, pero no hay que caer en triunfalismos por las cifras, que probablemente estén en lo correcto, pero falta aclarar qué clase es la que se está recuperando’‘, argumenta para La República.
Asimismo, Fernando Cuadros reconoce que la recuperación del empleo corresponde a un proceso natural tras levantarse la cuarentena obligatoria en Lima Metropolitana y no específicamente por algún programa, mas advierte que el retorno a las actividades se está dando en peores condiciones.
‘‘Según el Ministerio de Trabajo, de todos los trabajadores contratados desde el 16 de marzo solo el 8% han sido contratados de manera estable (a plazo indeterminado). Antes de la crisis, el 31% de los trabajadores formales privados tenía contrato estable (a plazo indeterminado) y el 69% tenía contratos a plazo fijo (temporales). Lo cual ya mostraba una muy probable desnaturalización o mala utilización de los contratos temporales por falta de fiscalización. Ahora será peor’‘, explica.
Finalmente, Armando Mendoza puntualiza que tres cuartos de la población tienen un empleo informal y casi la mitad de la fuerza laboral, gana el sueldo mínimo o menos. ’‘Normalmente en el Perú la gente tiene trabajo porque se lo crea si no encuentra, pero el problema es ¿qué clase de trabajo?’‘, concluye.
Los trabajadores de la minera Southern Cooper Perú, ubicada en la región Moquegua, estarían viviendo una crítica situación a causa de la pandemia del COVID-19, según informa la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú en una nota informativa.
La federación señaló que desde el inicio, los trabajadores afiliados a los sindicatos STTA, SUTAX y SATT, han intentado buscar una salida dialogada a este problema. No obstante, la empresa no habría atendido como corresponde a su fuerza de trabajo, que durante décadas aportó al desarrollo de la empresa transnacional.
“Los trabajadores solo estamos exigiendo condiciones laborales que pasan por protocolos efectivos como pruebas moleculares (postergadas por la empresa desde la quincena de julio hasta la actualidad), resultados de las pruebas, apoyo a los trabajadores activos fuera de campamento, medicinas en Cuajone para trabajadores crónicos (que están fuera del campamento), containers para cuarentena para todos los trabajadores que subían y cuartos separados para cada trabajador según estipulan las normas sanitarias“, refiere la nota de la FNTMMSP.
De esta manera Southern se sumaría a una serie de otras denuncias de falta de aplicación de protocolos adecuados en el sector minero. Según la FNTMMSP, se estima que en este sector existirían más de 10000 contagiados del COVID-19.
“Desde la FNTMMSP, expresamos nuestra enérgica solidaridad con los dirigentes y trabajadores de Southern Perú y volvemos a reiterar la urgente y oportuna intervención de SUNAFIL así como la Mesa Tripartita con el MINTRA y SNMPE. El Covid no mata solo, la ausencia de protocolos también lo hace” enfatizó finalmente la nota de la federación.
Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. MARSA , ubicada en La Libertad, denuncian una serie de actos de hostilización contra su dirigencia, tras varios reclamos sobre las condiciones de trabajo y la falta de protocolos adecuados frente al contagio del COVID-19.
El jueves 13 de agosto fue liberado de la comisaría de Huamachuco, en la Libertad, el dirigente minero Luis Cerna del Sindicato de MARSA, quien había sido arbitrariamente detenido por la policía el 12 de agosto luego de una protesta contra la forma precaria en la que están trabajando.
Como consecuencia de esta detención, diversos gremios de trabajadores y organizaciones políticas y sociales del país mostraron su solidaridad y exigieron la liberación inmediata de Cerna.
Recordemos que en el campamento minero de Marsa se han detectado más de 700 trabajadores contagiados de COVID-19. Ellos están aislados en hoteles en la ciudad de Trujillo sin recibir mayor atención médica.
Luis Cerna ha alertado que la cifra de contagiados en el campamento minero sería mayor a 700 trabajadores, y estaríamos hablando de 1000 obreros mineros enfermos que no reciben atención médica. A la fecha, ninguna autoridad regional se ha pronunciado al respecto.
El líder sindical ha denunciado también la carta de preaviso de despido que ha recibido en represalia a sus funciones como dirigente sindical, y denuncia actos de amedrentamiento contra su sindicato. Con este despido se pretende hostigar a todos los afiliados sindicales y detener la protesta por estas condiciones precarias en las que están trabajando. Así mismo, la empresa busca impedir la denuncia por las condiciones insalubres de trabajo, detener la protesta contra el sistema de camas rotativas o camas calientes, y el esclarecimiento de la cifra de contagiados del virus en el campamento minero.
Es importante señalar que la empresa MARSA ha recibido financiación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Programa Reactiva Perú, recibiendo un millonario financiamiento. De las 71,553 empresas beneficiadas por el Programa de Reactiva Perú, 3,962 pertenecen a la región de La Libertad, y Marsa es una de las empresas que mayor financiamiento ha recibido con un monto de 10 millones de soles.
En mayo se aprobó el DL 1500, que establece “medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada ante el impacto del COVID-19”. En su artículo 6 habilitó la virtualización de los procesos de participación ciudadana para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, la evaluación ambiental y la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente, estas disposiciones están siendo aplicadas por SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) para la evaluación y aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho en Junín de la empresa minera Chinalco y para la elaboración de la tercera MEIA del proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay en Cusco, según informó la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ambos proyectos son de gran minería y las MEIA plantean incorporar grandes modificaciones a los componentes de los proyectos mineros, lo cual implica impactos ambientales significativos en estos territorios.
Al respecto, la Red Muqui difundió un comunicado señalando que la virtualización de la participación ciudadana, debido al Estado de Emergencia Nacional en la que nos encontramos a causa de pandemia originada por el COVID-19, no garantiza un adecuado acceso a la información y una participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental. Las condiciones establecidas en el artículo 6° del Decreto legislativo N° 1500 no contienen criterios específicos que den mayores garantías al proceso de participación ciudadana, especialmente en estos proyectos mineros que tienen considerables impactos.
Cabe señalar que las poblaciones que viven en la zona son calificadas como sectores de pobreza y pobreza extrema, por lo cual no todos cuentan con los medios virtuales de conectividad necesarios para poder ejercer adecuadamente su derecho a la participación ciudadana y acceder a las Oficinas de Información Permanente Virtual.
En el caso de Toromocho se han presentado observaciones a la MEIA ante el SENACE. Una de las principales es referida a la virtualización de la participación ciudadana ambiental; sin embargo, SENACE ampara en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. Por ello, Red Muqui consideró que la aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores.
Pese a que la semana pasada el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, aseguró que los vuelos internacionales se reiniciarían desde el 1 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, le enmienda la plana y aclara que “no hay fecha oficial” para el retorno de los viajes internacionales.
“No hay fecha oficial (para el retorno de los viajes internacionales). Probablemente estamos viendo que sea en octubre porque los índices de contagios está bajando y comenzaremos de forma gradual, ir abriendo, pero todavía no hemos tomado una decisión en consenso”, dijo en entrevista al diario Correo.
En ese sentido, dijo que de acuerdo a cómo se desarrollo la pandemia “faltando una semana o a fines de setiembre” se tomará una decisión.
Agregó que el ministro de Transporte está “viendo los protocolos” y que “probablemente pueda terminar a partir del 1 de octubre. Tenemos que someterlo al Consejo de Ministros”.
Como se recuerda, la semana pasada desde Derechos En Emergencia señalamos la presión de la CONFIEP, quien ha pedido que los vuelos se reinicien en octubre.
“Ratificación de Escazú: Una plataforma para la recuperación verde de Latinoamérica”, es la declaración que firmaron 80 parlamentarios de diez países de América Latina, “Como consecuencia de la pandemia del COVID -19, CEPAL estima que la economía de la región se contraerá en un 9,1%, 45 millones de personas caerán en pobreza y muchos más se verán afectadas su bienestar de manera directa. Esta inédita catástrofe social se enmarca en una crisis de más lento desarrollo, pero de implicancias aún más graves y duraderas, la crisis climática y ecológica”, inicia el documento.
Sostiene que diversas voces a nivel global y regional han planteado la importancia de impulsar una Recuperación Verde, así, con la suscripción de la declaratoria, los legisladores ratifican que el Acuerdo de Escazú es un paso indispensable para iniciar la integración ambiental de la región y, también, una potencial plataforma para promover una recuperación verde latinoamericana y con justicia social.
“Los firmantes adherimos a este llamado y aspiramos a la transformación de nuestro modelo económico hacía uno verdaderamente sustentable, el cual debe ser construido con la participación de los y las habitantes de nuestros países. Al mismo tiempo, sabemos que una reactivación sostenible requiere un compromiso más profundo con la cooperación latinoamericana, por sobre la competencia individualista”, señala el documento.
A pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de la firma del Tratado, nueve países lo han ratificado. “Exhortamos a nuestros Estados, representados por sus respectivos Presidentes, a realizar todos los esfuerzos para que la mayor cantidad de países firmen y ratifiquen el Acuerdo cuanto antes y a proyectar este foro de Estados hacia el diseño de una reactivación sostenible regional. En tiempos difíciles debemos redoblar los esfuerzos para actuar de manera conjunta como región, los países de América Latina y El Caribe solo superaremos esta crisis dual si trabajamos unidos y con urgencia”, finaliza el pronunciamiento.
De Perú solo cinco congresistas firmaron el pronunciamiento, como: Alberto Belaunde, Daniel Olivares, Gino Costa, Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban.
El Papa Francisco aseguró que la pandemia de coronavirus derribó “los pilares inestables” de un modelo económico mundial construido sobre la idolatría del dinero y la dominación de los ricos y poderosos.
En un mensaje a los participantes del taller anual European House-Ambrosetti, que reúne a unos 200 directivos de alto rango, economistas y políticos de todo el mundo, pidió nuevos modelos que sean más inclusivos y reduzcan la desigualdad social.
También, el Papa Francisco instó a “una reorganización ecológica” de la economía para salvar el medioambiente y reducir el consumo derrochador.
Además, agregó que la economía debe ser la expresión de una sociedad que “se niega a sacrificar la dignidad humana a los ídolos de las finanzas (y) utiliza los recursos financieros no para dominar, sino para servir”.
El Sumo Pontífice señaló que cada elección recae en la vida de los demás, “hemos tocado la fragilidad que nos marca y nos une”, según el sitio Vatican News.
En ese sentido, el Papa pidió realizar una conversión ecológica para poder frenar un ritmo inhumano de consumo y producción, para aprender a comprender y contemplar la naturaleza, para reconectar con nuestro entorno real.
Con el propósito de compartir y articular las iniciativas surgidas desde la sociedad organizada para responder a la pandemia y sus impactos, les invitamos al Encuentro por la Salud y la Vida.
#ReactivaMiSalud
COMUNICACIÓN GRÁFICA
ACTÚA.PE
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
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