La semana pasada se informó que la Municipalidad de Miraflores intervino a trabajadores del servicio de delivery, y 40% de ellos dio positivo para COVID-19. Esta semana, la Municipalidad de Surco hizo un operativo similar y 3 de cada 10 repartidores dieron positivo.
Ante esta situación, el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) anunció que se unirá a la supervisión y fiscalización a los servicios de delivery por aplicativo, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno. El organismo señaló que viene realizando coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y de la Producción (Produce) para cubrir los vacíos legales que existieran en los protocolos existentes.
Luis Molina, alcalde de Miraflores, afirmó que si el Gobierno no soluciona estas irregularidades, emitirá un decreto de alcaldía que prohíba el delivery si es que las empresas no aplican pruebas a sus motorizados.
Sin embargo, las autoridades y los propios motorizados consideran que no se está mirando el panorama completo respecto a estos servicios.
Para Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), este enfoque prohibitivo del municipio de Miraflores no resuelve el problema medular.
En tal sentido, sostiene que los servicios de delivery por aplicativo no tienen un marco normativo.
“Es necesario que haya un marco legal —un municipio no puede regular, lo debería hacer el Congreso— y se obligue a que estas empresas adquieran responsabilidad con relación a las personas que se inscriben en sus plataformas”, expresó.
Por su parte, Jean Pierre Combe, alcalde de Surco, señaló que “Las empresas (por aplicativo) no tienen ninguna responsabilidad penal ni civil en el país y la gran víctima es el mismo motociclista ya que de esa actividad depende la economía de sus familias. Hacemos un llamado al gobierno pues son ellos quienes deberían estructurar adecuadamente para que este servicio se dé con las medidas sanitarias, de control y respeto para los trabajadores porque nadie se hace responsable de lo que hace el motociclista y los grandes perjudicados son los vecinos”, señaló.
Asimismo, los trabajadores de este servicio mencionan que los entes competentes del Ejecutivo deberían establecer una regulación, además de coordinar mejor estas intervenciones junto a estas empresas, ya que perjudican su trabajo.
Actualmente las empresas por aplicativo carecen de responsabilidad legal y nadie se hace responsable de controlar la salud de los trabajadores. Además, en los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) no se exigen pruebas COVID-19.
En el país hay cerca de 20.000 repartidores, según la socióloga y experta en el rubro Alejandra Dinegro.
Con información de La República