REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19 |
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| 03 de septiembre de 2020 – Perú. Año 1, #16
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EDITORIALVer editorial en la web: https://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/08/26/derechosenemergencia-reporte-semanal-26-08-2020/
Habrá contagios, pero las ganancias no pueden parar
El principal gremio de la gran empresa, la CONFIEP, ha entregado al premier Walter Martos su propuestas económicas ante la crisis causada por el COVID-19. El documento, titulado “Agenda de Reactivación 2020”, incluye propuestas en diversos ámbitos: empleo, infraestructura, minería e hidrocarburos, entre otros. Pero leyendo el documento, encontramos el mismo discurso de siempre: flexibilizar el trabajo, reducir los trámites y controles, y poner las ganancias empresariales por encima de los derechos de las personas. La CONFIEP ha insistido en que es necesario un shock de inversión pública para estimular el empleo en el país, y no retroceder en el reinicio actual de las actividades. La presidenta de este gremio, María Isabel León, no lo ha podido expresar mejor: “Reiniciar actividades económicas va a generar contagios, seguramente, pero hay que extremar las condiciones de cuidado. Las personas deben entender que se tienen que cuidar y continuar la vida”. Así de duro: habrá contagios, pero las empresas tienen que seguir produciendo. Las ganancias no pueden parar. Y vaya que la CONFIEP tiene capacidad de presión: en la entrevista publicada el domingo, la presidenta del gremio empresarial dijo que “debemos evaluar algunos temas, como la reapertura de fronteras y reinicio de vuelos internacionales, que deberíamos ver hacia octubre”. Tres días después, el miércoles 02 de setiembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que los vuelos internacionales se reiniciarán el 01 de octubre. Esto pese a que el mismo ministro había dicho hace dos semanas que recién se podría pensar en la reapertura de vuelos para mediados del 2021. Regresando al documento de la CONFIEP, entre las propuestas que generan preocupación, encontramos las siguientes:
Como vemos, una vez más la CONFIEP insiste en aprovechar una crisis para avanzar en la agenda de siempre: menos regulación, menos derechos laborales, menos derechos para las comunidades indígenas. Todo esto que el gremio de la gran empresa llama “sobrecostos” o “permisología” son en realidad derechos humanos, como la consulta previa y los derechos laborales; y herramientas del Estado para garantizar derechos humanos, como las regulaciones ambientales que buscan cautelar el derecho a un ambiente sano.
Ya no es una novedad: por ejemplo, la caída económica internacional del 2012-2013 llevó a la aprobación del “paquetazo anti-ambiental” con muchas disposiciones que hasta hoy siguen vigentes; el bajón en los precios de los minerales de hace unos años llevó a la emisión de nuevos reglamentos que ya “simplificaron” procedimientos administrativos y ambientales; este mismo gobierno, ante las propuestas de la CONFIEP, ya aprobó la “suspensión” laboral y ya flexibilizó los protocolos sanitarios. Ya conocemos a dónde lleva esa “carrera hacia el fondo”: a un país cada vez más precario, sin derechos sociales y con un Estado incapaz de regular. Lo que requerimos es, en cambio, una reactivación que amplíe el trabajo estable y con derechos; que impulse la transformación hacia una economía sostenible con un ambiente sano; y que ponga en el centro el bien común y los derechos de todas las personas. Compartir editorial en: |
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Repartidores de empresas Glovo y Rappi dan positivo para COVID-19Ver noticia en la web: https://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/09/02/repartidores-de-empresas-glovo-y-rappi-dan-positivo-para-covid-19/  Foto: Municipalidad de Miraflores El pasado domingo 30 de agosto, la municipalidad de Miraflores realizó un operativo en el que intervino a un total de 47 trabajadores de reparto a domicilio. Al hacerles la prueba rápida, el 40% de ellos dio positivo para COVID-19. La mayoría de los repartidores examinados trabajaba para las empresas Glovo y Rappi.
Lo preocupante es que este tipo de empresas de reparto a domicilio mediante “aplicativos” no asumen una responsabilidad o una relación laboral con los trabajadores que realizan este servicio. Como se sabe, estas empresas consideran a los repartidores como “terceros independientes” que “colaboran” realizando el servicio de delivery. De esta manera, evitan una serie de costos asociados a la contratación formal de trabajadores. En el caso de estas app de reparto a domicilio, el ministerio de la Producción emitió un protocolo (Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE) donde establece una serie de condiciones para este sector. Sin embargo, el protocolo no establece la realización de pruebas periódicas, pese a que se trata de trabajadores que tienen contacto constante con muchas personas, lo que evidentemente los expone al riesgo de contagio. Compartir noticia en: |
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Espinar: presentan informe ante la CIDH sobre violación de derechos humanos durante la protestaVer noticia en la web: https://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/09/02/espinar-presentan-informe-ante-la-cidh-sobre-violacion-de-derechos-humanos-durante-la-protesta/
Imagen: Red Muqui El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización Derechos humanos sin fronteras; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del Comité de Lucha de Espinar; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.
Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población. Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay. El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos. La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar. Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP. Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”. Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad. Con información de Red Muqui Compartir noticia en: |
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DECLARACIÓN DE LA CAMPAÑA GLOBAL SOBRE EL SEGUNDO BORRADOR DEL TRATADO VINCULANTE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOSLas organizaciones miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad tomamos nota de la publicación del segundo borrador revisado del tratado vinculante. Publicado el 6 de agosto de 2020, el nuevo texto para la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales (ETN) en materia de derechos humanos se enmarca en el proceso iniciado con la adopción de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) y en teoría como resultado de los debates establecidos en el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de octubre 2019. Es necesario recordar que el propósito de desarrollar instrumentos internacionales para la protección de los Derechos Humanos es el resultado de las luchas históricas de los movimientos sociales y las comunidades afectadas, así como de los avances legales obtenidos a lo largo de décadas, con el objetivo final de ampliar el espectro de garantías a la dignidad de la persona humana, debido a las violaciones que se han perpetuado y que permanecen sin respuesta a la altura. Para estar en consonancia con la lógica y los fundamentos de la Resolución 26/9, el Tratado Vinculante debe ser un instrumento jurídico que dé un paso hacia adelante en relación con los que ya existen a nivel internacional. En este sentido, por ejemplo, debe innovar y ir más allá a los Principios Rectores de la ONU que, si bien han cumplido un papel en el proceso histórico, son insuficientes para garantizar acceso a justicia a los afectados por la operación de las ETNs. El Tratado vinculante tiene que resolver el vacío jurídico reglamentario que existe actualmente en relación a las empresas transnacionales. Por lo tanto, después de una primera lectura del nuevo borrador, queremos expresar nuestra preocupación en lo que respecta a la capacidad del futuro instrumento para alcanzar su objetivo primario de regular las actividades de las ETNs. De manera general, a pesar de algunas evoluciones positivas, el borrador sigue en la línea del anterior: débil en aspectos fundamentales para el logro de los objetivos previstos por la Resolución 26/9. En primer lugar, consideramos grave que se mantenga y se exacerbe la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas, sin distinción, diluyendo de forma extrema el propósito histórico del instrumento y la Resolución 26/9 que se refiere con claridad a las empresas “con actividad transnacional”. Es como si el actual tratado perdiese su alma. Además, es necesario resaltar que muchas de las propuestas formuladas por los movimientos sociales, representantes de las comunidades afectadas y estados durante la quinta sesión no fueron incluidas. Entre otras, resaltamos : la ausencia del reconocimiento de obligaciones de respeto de los derechos humanos para las ETNs ; la omisión de incluir a las cadenas globales de producción, pilares de la arquitectura corporativa internacional; la falta de mecanismos jurídicos internacionales eficaces de aplicación del Tratado y de sanción en caso de no cumplimiento, como la propuesta de Corte internacional; y la falta de reconocimiento inequívoco de la primacía de las normas internacionales de derechos humanos sobre cualquier otro instrumento jurídico, en particular sobre los acuerdos de comercio e inversión. Nos alarma también, la deficiencia de disposiciones para encarar el problema de la captura corporativa, cuestión central para neutralizar la asimetría drástica de poder entre grandes ETNs y estados, sobre todo en el sur global. Adicionalmente el borrador de tratado nuevamente deja por fuera la imposición de responsabilidad solidaria a todas las empresas involucradas en una violación a lo largo de la cadena global de valor, y debilita el texto anterior en cuanto a la responsabilidad de las empresas controladoras o casas matrices. Estas deficiencias representan un gran riesgo para la efectividad del tratado, diluye los esfuerzos de regulación de todas las especificidades de la arquitectura empresarial transnacional y de la impunidad que resulta, optando por dispositivos más genéricos, y siempre dependientes de la voluntad política de los Estados. En definitiva, estamos frente a un borrador de tratado en gran parte vaciado de su alcance transnacional, es decir vaciado de su razón de ser. Otro elemento importante para tener en cuenta, es que una negociación de la relevancia de ésta, en la cual la presencia y activa participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de afectados y afectadas, y de los movimientos sociales, ha sido uno de los pilares centrales y sostén de este proceso, desde sus orígenes hasta la actualidad, no puede dejar de considerar las circunstancias generadas por la pandemia de Covid-19. Son muchos los obstáculos que ésta presenta para que podamos participar satisfactoriamente, incluyendo la atención de la emergencia en los territorios, hasta la imposibilidad o el riesgo de viajar y estar presentes en la negociación. Igualmente se ve afectada profundamente la posibilidad de llevar a cabo un proceso de preparación y movilización de las comunidades y personas involucradas para llevar a la negociación sus demandas sobre os contenidos. Estos desafíos no nos permiten involucrarnos a la altura de la importancia de este tratado. En este sentido, consideramos que no están dadas las condiciones adecuadas para la realización de la sexta sesión del Grupo de trabajo en modo negociación y que en su lugar deben ser exploradas posibilidades alternativas, como por ejemplo la realización de consultas sobre el nuevo borrador, las cuales deben cumplir condiciones para garantizar la inclusividad y la participación de la sociedad civil. Llevar a cabo las negociaciones en un contexto en el que la participación social se ve disminuida corre el grave riesgo de comprometer la contribución esencial de los actores de la sociedad civil, en particular de las personas afectadas por las actividades de las ETNs. Avanzar en estas condiciones deterioraría la legitimidad de un proceso que hasta ahora ha sido muy rico, justamente debido a la activa participación de diferentes actores, en particular de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. Más información en este enlace: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es Compartir en: |
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EVENTOSV Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (Semana virtual)
Fecha: 7 al 11 de setiembre de 2020 Inscripciones aquí. COMUNICACIÓN GRÁFICARED MUQUI
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Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú. Si desea suscribirse a este reporte, escriba a derechosenemergencia@gmail.com. Si desea ser retirado de la lista de envíos, escriba un correo a la misma dirección con el asunto: «eliminar suscripción». |
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