El principal gremio de la gran empresa, la CONFIEP, ha entregado al premier Walter Martos su propuestas económicas ante la crisis causada por el COVID-19. El documento, titulado “Agenda de Reactivación 2020”, incluye propuestas en diversos ámbitos: empleo, infraestructura, minería e hidrocarburos, entre otros. Pero leyendo el documento, encontramos el mismo discurso de siempre: flexibilizar el trabajo, reducir los trámites y controles, y poner las ganancias empresariales por encima de los derechos de las personas.
La CONFIEP ha insistido en que es necesario un shock de inversión pública para estimular el empleo en el país, y no retroceder en el reinicio actual de las actividades. La presidenta de este gremio, María Isabel León, no lo ha podido expresar mejor: “Reiniciar actividades económicas va a generar contagios, seguramente, pero hay que extremar las condiciones de cuidado. Las personas deben entender que se tienen que cuidar y continuar la vida”. Así de duro: habrá contagios, pero las empresas tienen que seguir produciendo. Las ganancias no pueden parar.
Y vaya que la CONFIEP tiene capacidad de presión: en la entrevista publicada el domingo, la presidenta del gremio empresarial dijo que “debemos evaluar algunos temas, como la reapertura de fronteras y reinicio de vuelos internacionales, que deberíamos ver hacia octubre”. Tres días después, el miércoles 02 de setiembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que los vuelos internacionales se reiniciarán el 01 de octubre. Esto pese a que el mismo ministro había dicho hace dos semanas que recién se podría pensar en la reapertura de vuelos para mediados del 2021.
Regresando al documento de la CONFIEP, entre las propuestas que generan preocupación, encontramos las siguientes:
- acelerar la mal llamada “suspensión perfecta”: la CONFIEP pide una “aprobación más simplificada” de esta figura que ya ha permitido dejar sin ingresos a miles de trabajadores, muchos de ellos de grandes empresas que sí podían absorber ese costo (y más aún: algunas de las cuales encima recibieron préstamos avalados por el Estado para “no romper la cadena de pagos”).
- crear un “régimen laboral de emergencia” que permita reducir remuneraciones y prorratear gratificaciones y CTS.
- facilitar la liberación de predios para obras de infraestructura reduciendo lo que CONFIEP llama “permisología” (pese a que ya en años anteriores se han dado sucesivas normas que, precisamente, han facilitado el acceso a predios para este tipo de obras, normas que en muchos casos ponen en riesgo el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas, en particular de aquellas que aún no se encuentran tituladas).
- “simplificar” los procedimientos administrativos que regulan la actividad minera “garantizando el equilibrio de los aspectos económicos, sociales y ambientales”. Esto, pese a que este mismo gobierno -en esta misma crisis- y los gobiernos recientes ya han simplificado una y otra vez estos procedimientos, emitiendo una serie de normas y modificaciones a los reglamentos del sector minero. ¿Qué más queda por “simplificar”?
- eliminar el derecho a consulta previa para los pueblos indígenas en la etapa de exploración minera, y reemplazarlo por una figura de “acuerdo previo”. Ello ignorando que la consulta previa es un derecho, reconocido por el Perú en la legislación nacional e internacional, y que no puede considerarse un “mero trámite” pues su objetivo es lograr un diálogo intercultural sustantivo.
- reducir los “sobrecostos” de la actividad pesquera, en particular el de “control y vigilancia”.
- mantener el régimen laboral de la agroexportación, un régimen que propicia el crecimiento del sector a costa de derechos laborales recortados.
Como vemos, una vez más la CONFIEP insiste en aprovechar una crisis para avanzar en la agenda de siempre: menos regulación, menos derechos laborales, menos derechos para las comunidades indígenas. Todo esto que el gremio de la gran empresa llama “sobrecostos” o “permisología” son en realidad derechos humanos, como la consulta previa y los derechos laborales; y herramientas del Estado para garantizar derechos humanos, como las regulaciones ambientales que buscan cautelar el derecho a un ambiente sano.
Ya no es una novedad: por ejemplo, la caída económica internacional del 2012-2013 llevó a la aprobación del “paquetazo anti-ambiental” con muchas disposiciones que hasta hoy siguen vigentes; entre 2016-1017, el gobierno de PPK continuó con la emisión de nuevos reglamentos que ya “simplificaron” procedimientos administrativos y ambientales; y este mismo gobierno, ante las propuestas de la CONFIEP, ya aprobó la “suspensión” laboral y ya flexibilizó los protocolos sanitarios. Ya conocemos a dónde lleva esa “carrera hacia el fondo”: a un país cada vez más precario, sin derechos sociales y con un Estado incapaz de regular.
Lo que requerimos es, en cambio, una reactivación que amplíe el trabajo estable y con derechos; que impulse la transformación hacia una economía sostenible con un ambiente sano; y que ponga en el centro el bien común y los derechos de todas las personas.