EDITORIAL: La tragedia ocurrida el fin de semana en una discoteca en el distrito de Los Olivos, con el saldo de 13 personas fallecidas, condensa mucho de lo que debemos corregir como país. Empresarios inescrupulosos que no dudan en poner en riesgo la salud y seguridad de las personas por un afán de lucro sin límites; un Estado que falla en la capacidad de regular y fiscalizar, tanto a nivel local (municipal) como a nivel central; y sin duda una cultura de la irresponsabilidad individual en muchos sectores de la ciudadanía, que no ponen en el centro el cuidado ni el autocuidado. Ver
La tragedia ocurrida el fin de semana en una discoteca en el distrito de Los Olivos, con el saldo de 13 personas fallecidas, condensa mucho de lo que debemos corregir como país. Empresarios inescrupulosos que no dudan en poner en riesgo la salud y seguridad de las personas por un afán de lucro sin límites; un Estado que falla en la capacidad de regular y fiscalizar, tanto a nivel local (municipal) como a nivel central; y sin duda una cultura de la irresponsabilidad individual en muchos sectores de la ciudadanía, que no ponen en el centro el cuidado ni el autocuidado.
El caso de la empresa Monditex, dueña de la discoteca Thomas Resto Bar donde ocurrió la tragedia, es increíble. No se trata de una empresa informal ni de una discoteca ilegal, como algunos han dicho. Es una empresa constituida legalmente, que tiene negocios en los rubros de manufactura textil, de venta de productos de vestir, y de “otras actividades empresariales”, dentro de las que se encuentra el negocio de la discoteca.
Tan formal será la empresa, que fue beneficiada con uno de los préstamos de Reactiva Perú por casi 10 mil soles, otorgado por el Banco de Crédito y avalado al 98% por el Estado peruano.
Sin embargo, esta empresa formal opera aprovechando el margen de la informalidad y de la ilegalidad. Según Ojo Público, Thomas Restobar fue sede de por lo menos otras dos fiestas adicionales durante el estado de emergencia decretado ante la pandemia por COVID-19. Fiestas abiertamente ilegales, pues este tipo de eventos están prohibidos durante la emergencia. Además, resulta bastante obvio que las condiciones de funcionamiento de la discoteca eran muy inseguras, con una salida estrecha que se convirtió en una trampa mortal. (Sin duda, hay aquí también responsabilidad de la municipalidad distrital de Los Olivos, cuyo alcalde lo ha sido durante más de 20 años y que, por si fuera poco, está ahora vinculado con una bancada parlamentaria y con congresistas con aspiraciones presidenciales).
Ojo Público ha identificado una red de productoras de eventos que ha organizado al menos nueve fiestas ilegales durante la pandemia, en diversos lugares de Lima. Pero una rápida revisión de los diversos “eventos” realizados en Lima muestra que hay mucho pan por rebanar. Por ejemplo, el restaurante Rústica, del empresario Mauricio Diez Canseco, organizó un evento con diversos artistas. Claro que, en ese caso, no hubo intervención policial… Los dobles raseros de nuestro Estado también se hacen evidentes en esta pandemia.
Cuando en el Perú se habla de la “informalidad” muchas veces se piensa únicamente en fenómenos como la venta ambulatoria o el “cachueleo” independiente. Cuando se habla de “economía ilegal”, se suele pensar en actividades abiertamente criminales relacionadas a la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal. Pero, en realidad, el problema más grave está en esa área gris en la que se articulan la formalidad y la informalidad, la legalidad y la ilegalidad. Por ejemplo, se sabe que en el Perú empresas mineras formales exportan millones de dólares en oro de origen ilegal; o que empresarios como los que tenían encerrados a los trabajadores que murieron en el incendio de Las Malvinas tenían a sus empresas registradas en los paraísos off shore descubiertos con el escándalo de los Panama Papers.
Hace poco, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se ha referido precisamente a esto. En el documento con aportes realizado sobre la informalidad, en el proceso hacia la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos, la Plataforma ha señalado que se “persiste en adoptar un concepto de informalidad laboral que confunde la informalidad económica con la informalidad laboral, induciendo a una percepción errada en la opinión pública y en líderes de opinión que consideran que la “informalidad laboral” asciende al 72,5% de la PEA ocupada, sin distinguir que este porcentaje abarca realidades distintas como son la del sector asalariado (privado y público) y el sector de trabajadores autónomos o autoempleados. Cuando se cae en esta confusión, se omiten las diversas facetas que implica la condición de informalidad, cada una de las cuales implica el incumplimiento de un determinado tipo de regulación: laboral, tributario, municipal, etc”.
En efecto, hay empresas que son “formales” para recibir préstamos del Estado pero informales al cumplir las normas de seguridad y salud, las normas ambientales o los derechos laborales. Ese es el tipo de empresarios que no necesitamos.
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Tragedia en Los Olivos: red de productoras promueve fiestas ilegales ante la ausencia de fiscalización
Un total de 13 personas fallecieron la noche del sábado cuando intentaban escapar del local Thomas Restobar en Los Olivos, donde se realizaba una fiesta clandestina. Alrededor de las nueve de la noche, pocos minutos antes del toque de queda, una unidad del Escuadrón Verde de la Policía Nacional intervino la discoteca que alojaba a alrededor de 100 participantes, a pesar de la prohibición de organizar reuniones; para evitar la propagación de la Covid-19.
El evento, sin embargo, no fue un hecho aislado. Los nombres de los presuntos organizadores de la reunión permitieron a OjoPúblico identificar, por lo menos, otras nueve fiestas ilegales, llevadas a cabo entre el pasado 20 de julio y el 15 de agosto, en diferentes zonas de Lima. Con mascarillas a la altura del cuello y “cervezas precio covid”, estas reuniones alojaron hasta cien personas y fueron anunciadas a través de redes sociales.
Por otro lado, el general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional y exsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, alertó que “preocupa, en este momento, que le estén echando la culpa a los asistentes [de las fiestas clandestinas]”. En entrevista con Ojo Público, Pérez precisó que por el contrario se debe determinar la responsabilidad de los dueños del local, del organizador del evento y hasta del alcalde de Los Olivos.
“[Las autoridades están divulgando] información que indica que 15 de los 23 detenidos están infectados con Covid-19, y se ha adelantado que 11 de los 13 fallecidos estaban contagiados. Entonces, me pregunto si están tratando de justificar las muertes, echándole la culpa a los asistentes y al coronavirus”, advirtió Pérez Rocha.
Además, para Pérez Rocha el plan policial para intervenir el local de Thomas Restobar no fue bien diseñado. “El plan de operaciones […] abarca el antes, durante y después [de la intervención]; ahí se establece qué personal va a intervenir, quién es el jefe del operativo y qué es lo que se debe hacer”, explicó. Además, el general (r) aseguró que es necesaria una pesquisa administrativa disciplinaria de la Policía para determinar si hubo transgresiones, y así evitar “que se empañe la imagen institucional” de la Policía.
La empresa Monditex, que tiene como uno de sus negocios a la discoteca Thomas Resto Bar, en el que lamentablemente perdieron la vida 13 jóvenes en la víspera, no solo buscó obtener mayores ingresos con dicha actividad, sino que ya había sido beneficiada a través de Reactiva Perú.
Según la información de la lista de beneficiarios que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la empresa Monditex accedió a un prestado por S/ 9,066 con una garantía al 98% del Estado.
De acuerdo a la información de la Sunat, la empresa -dueña de la discoteca-, de propiedad de Leandro Montoya Callirgos, se dedica a tres actividades: fabricación de prendas de vestir, venta minorista de productos de vestir y de calzado, y tercero: otras actividades empresariales, este último serviría para el desarrollo como discoteca.
Según el detalle de Reactiva Perú, la empresa recibió el préstamos para uno de los rubros, se trata de la actividad manufacturera.
El sistema hídrico que regula la provisión del agua potable para Lima y Callao se encuentra amenazado por el proyecto minero Ariana, de la empresa Southern Peaks Mining, que se viene construyendo precisamente en medio del sistema de lagunas ubicadas en la región Junín, advirtió el colectivo Día Cero Perú.
Según informa la plataforma cívica Día Cero Perú, a comienzos de 2019 este proyecto inició su construcción en el distrito de Marcapomacocha (Junín), sobre un importante ecosistema hídrico y cerca del túnel Trasandino que conduce parte de estas aguas hacia el río Rímac, que es la principal fuente de agua potable de Lima y Callao.
Tras la aprobación del proyecto por el Ministerio de Energía y Minas en 2016, Sedapal advirtió del riesgo que este proyecto supone para la provisión de agua en la capital, señalando que no había un plan de contingencia frente a la posible afectación de la zona.
El proyecto minero Ariana pretende almacenar sus desechos mineros en una zona a pocos metros de la entrada principal del túnel Trasandino. El proyecto tiene influencia en 160 hectáreas de ecosistemas vulnerables, y podría contaminar irreparablemente una de las lagunas del sistema hídrico, las aguas canalizadas provenientes de otras 5 lagunas represadas y el agua del subsuelo por una eventual filtración de sus desechos mineros tóxicos.
En la ciudad de Lima 1.5 millones de habitantes no cuentan con acceso a agua potable, aún más tienen restricciones en el volumen de provisión y la calidad del recurso básico. Una situación de estrés hídrico que se agravará aún más en el futuro por el cambio climático.
Debido a esta situación de riesgo un grupo de ciudadanos organizados en la Campaña Día Cero Perú, interpuso una demanda de amparo constitucional contra el proyecto minero Ariana (mayo 2019) en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, exigiendo que se disponga el cese inmediato de esta amenaza cierta e inminente a los derechos a la vida en un ambiente adecuado y equilibrado, y al derecho de acceso al agua potable.
Finalmente, la audiencia a cargo de la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, que decidirá la continuación del proyecto minero Ariana, se realizará el próximo 27 de agosto. Esta demanda requiere de todo el apoyo de la ciudadanía para la preservación de los recursos hídricos de Junín, Lima y Callao.
Previamente a la audiencia se realizará una conferencia virtual informativa sobre el mencionado proyecto minero y los riesgos que representa, el día miércoles 26 de agosto a las 5.30 pm y saldrá en vivo por el portal Wayka.
“Los bancos han hecho una extensión de crédito (reprogramación) y coincido en que en algunos casos han mantenido las tasas de interés altas que tenían”, manifestó el presidente de la República, Martín Vizcarra, el último domingo.
Frente a ello, según informó el mandatario, en las reuniones del Ejecutivo con la banca privada, exhortaron a los bancos a reducir las tasas al reprogramar los créditos.
“Nosotros en reuniones hemos planteado que debería ser a tasas que sean promocionales y de beneficio. Esa es la posición que nosotros hemos expuesto, pero la decisión le corresponde a la entidad bancaria y a la relación que tiene con los clientes”, acotó.
Como lo señala Vizcarra, los bancos tienen la libertad de fijar las tasas que cobran. Y si bien, desde el inicio del estado de emergencia se han reprogramado más de 9 millones de créditos, en la mayoría de casos fue con incrementos de los intereses, pese al contexto de crisis por el Covid-19 y la caída de ingresos de los hogares que están en busca de facilidades para pagar sus deudas.
Es importante recordar que hace 3 meses el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lanzó un programa para darle liquidez a los bancos con la condición de que reduzcan las tasas hasta en 20% al reprogramar préstamos, pero a la fecha solo 4 entidades se han acogido a la medida. “La idea era coordinar que los clientes también presionaran a los bancos a reducir las tasas de interés”, señaló en su momento el presidente del BCRP, Julio Velarde.
Ante el desinterés de la banca para reducir los intereses, el Congreso evalúa una propuesta para que el BCRP fije las tasas máximas en el sistema financiero. Los bancos que cobren por encima del tope serían denunciados por delito de usura.
En las últimas semanas, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú ha estado denunciando que, en promedio, habrían 12 mil trabajadores mineros contagiados de COVID-19. Asimismo, han denunciado que varias empresas mineras vienen despidiendo a dirigentes sindicales y realizando suspensiones perfectas y ceses colectivos. Esto a pesar de que la minería nunca paró durante la pandemia y actualmente se encuentra operando al 90%.
“No nos dan información ni siquiera de los contagios que tenemos en el sector. Hemos pedido que, básicamente, se inicie el diálogo de manera tripartita con intervención del gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, y la Federación; pero no hay respuesta alguna”, informó el Secretario General de la Federación Minera, Jorge Juárez, en entrevista con Red Muqui.
El dirigente denuncia represalias por parte de las empresas cuando los trabajadores denuncian el incumplimiento de las medidas de salud. “Ya ni siquiera se puede denunciar lo que viene ocurriendo porque los dirigentes de base son despedidos. Las empresas los acusan de que han violado el reglamento interno. Si un dirigente informa que la empresa minera no está cumpliendo con los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, a pesar que fueron debilitados con el último cambio del protocolo, son denunciados por denigrar la imagen de la empresa”, explicó.
“Actualmente también están optando por el despido arbitrario. Han despedido al secretario general de la empresa minera Chinalco en Junín, quien estuvo denunciando los contagios y falta de cumplimiento de protocolos sanitarios. También la empresa minera Marsa en La Libertad ha pasado una carta de pre aviso de despido a uno de sus dirigentes. La empresa minera Shougang de Marcona en Ica, también ha despedido a uno de los dirigentes del sindicato por denunciar que en el plan de vigilancia no se estimaba que los trabajadores tenían que alojarse en unas carpas provisionales por 30 días, en malas condiciones, y 7 días de aislamiento en un hotel”, añadió.
Sobre la situación actual de los trabajadores mineros contagias de COVID-19, informó que “a pesar de haber enviado documentos formales al MINSA, MINEM, MINTRA y Censopas; hasta ahora no nos entregan esta información”.
Finalmente, informó que “en suspensión perfecta parcial han incurrido 11 empresas mineras, incluyendo una empresa Siderúrguica de aceros en Arequipa, y 9 empresas de contratas. Actualmente debemos tener un promedio de 7 mil trabajadores entre despedidos y en suspensión perfecta”.
Los trabajadores de la empresa Minera Corona, unidad Yauricocha (Lima) iniciaron el miércoles una huelga indefinida “por los múltiples contagios de trabajadores con COVID, despidos a más de 120 trabajadores y vulneración de más derechos laborales”, según informó la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP).
El miércoles 19 de agosto a las 00:00 horas dio inicio a la medida de protesta. Según informa el Sindicato de Trabajadores Mineros Obreros y Empleados de Sociedad Minera Corona, las demandas que sustentan la huelga son las siguientes:
el despido masivo de más de 120 trabajadores
el desconocimiento de la empresa de los acuerdos alcanzados con el Sindicato
el incumplimiento de los protocolos de seguridad
la denominada “suspensión perfecta” de trabajadores
La medida de protesta se produce “ante la falta de diálogo por parte de la empresa y ninguna alternativa de solución al sindicato de trabajadores”, según ha señalado la FNTMMSP.
Cabe indicar, por otro lado, que otro sindicato de trabajadores de la empresa sí alcanzó acuerdos con la misma en una reunión realizada el pasado 14 de agosto. Según un Acta difundida por el Sindicato Único de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Sociedad Minera Corona, se acordó una jornada laboral de 20×10 días (20 días de trabajo, 10 días de descanso) que incluye un período de cuarentena que busca minimizar el riesgo de contagios. Así mismo, la empresa expresó su voluntad de incorporar progresivamente a los trabajadores que se han visto afectados por la llamada “suspensión perfecta”.
La Sociedad Minera Corona es una empresa subsidiaria de Sierra Metals en Perú. Recientemente anunció “sólidos resultados financieros a pesar de la COVID-19”, señalando que “los costos de producción en Yauricocha han declinado 22% trimestre tras trimestre debido a menores costos operativos por tonelada”. La mina reinició operaciones normales el 05 de junio de 2020, conforme el gobierno peruano incluyó a la minería y sus actividades relacionadas en la fase dos del plan de recuperación económica.
Un grupo de trabajadores de la empresa azucarera Casa Grande realizaron una protesta el pasado 10 de agosto en la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo. Con pancartas y al grito de “obreros muriendo, Casa Grande produciendo”, los trabajadores exigieron la realización de pruebas rápidas y el cumplimiento de las medidas de salud.
“Hasta la fecha tenemos más de 6 trabajadores muertos en Casa Grande por Covid, esa es información propia que nosotros manejamos, pero la empresa no nos ha dado ninguna información”, declaró el secretario general del sindicato, Juan Carrero. “Hay trabajadores que han muerto por falta de oxígeno”, agregó.
“Tenemos alrededor de 50% de los trabajadores contagiados”, estimó el dirigente. “Nosotros como sindicato hemos solicitado la aplicación de las pruebas rápidas a todos los trabajadores, pero lastimosamente su respuesta de ellos es que la ley o la norma no los obliga. Solo al trabajador que presenta síntomas le hacen la prueba”, indicó. Aseguró además que si un trabajador muestra síntomas, lo mandan a su casa y recién se le hace la prueba una o dos semanas después. “Deberían hacerle (la prueba) a todos los que han tenido contacto, pero solo mandan a su casa al que tiene síntomas”, señaló.
Agregó que, por si fuera poco, “si el trabajador da positivo automáticamente le descuentan de sus vacaciones” los días de descanso.
“La empresa no ha parado ni un día de trabajar, es una de las empresas a nivel nacional que desde que se inició el estado de emergencia solo hizo una parada por reparación, una parada programada, desde ahí no ha parado ningún día hasta hoy que sigue trabajando en la totalidad”, explicó el dirigente. “Hay trabajadores adentro que los hacen trabajar 12 horas, dos turnos, desde que se ha iniciado el estado de emergencia, desde marzo, con la intención de que la producción no se pare”, puntualizó.
“Yo estoy trabajando 12 horas, nos exige el Grupo Gloria para trabajar 12 horas”, denunció uno de los trabajadores presentes en la protesta.
La noche del sábado 22, horas antes del toque de queda, once mujeres y dos hombres murieron y otras tres resultaron heridas en la discoteca “Thomas Restobar” del distrito de Los Olivos, durante un operativo policial realizado a consecuencia de las denuncias hechas por los vecinos. Estos lamentables hechos enlutan al país sumido ya en una grave crisis, razón por la que extendemos nuestra solidaridad y condolencias a las y los familiares de las víctimas y expresamos ante la opinión pública nuestra preocupación por lo siguiente:
El Ministerio del Interior debe garantizar una investigación independiente y el esclarecimiento de los hechos. En pleno contexto de estado de emergencia, el Estado debe garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. La gravedad de lo ocurrido demanda del Ministerio del Interior una investigación independiente que permita el esclarecimiento de los hechos a fin de identificar las responsabilidades y fallas en la planificación e implementación del operativo, así como revisar sus protocolos internos para evitar que este tipo de situaciones se repitan, dando a conocer a la opinión pública los resultados de esta revisión. Asimismo, esperamos la colaboración de las diferentes instituciones comprometidas con la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Los gobiernos locales deben velar por el cumplimiento de las medidas de emergencia. Llamamos la atención sobre la responsabilidad de la Municipalidad de Los Olivos por incumplir con su obligación de fiscalizar y sancionar a los negocios o actividades que evaden las leyes y las medidas de emergencia en su jurisdicción, exponiendo con ello la salud y la vida de las y los ciudadanos. Los hechos evidencian la actuación irresponsable de empresarios inescrupulosos, que aun en medio de la tragedia que vive el país, promueven actividades que afectan directamente la salud, la integridad y la vida de las personas. Por ello reiteramos nuestro llamado a los gobiernos locales para que multipliquen y comprometan su mayor esfuerzo para contener el impacto mortal de la pandemia. El país no puede volver a escuchar de una autoridad que su única “responsabilidad es más emocional, sentimental”, frente a situaciones de esta naturaleza.
El Poder Ejecutivo debe producir cambios y fortalecer la lucha contra la pandemia. El gobierno debe priorizar la vida y la salud de las personas como eje de la estrategia para contener la pandemia. Las restricciones de derechos destinadas a controlar la pandemia deben implementarse bajo un enfoque de respeto pleno a la ciudadanía, evitando cualquier forma de estigmatización, penalización y/o criminalización pues sólo generan su rechazo, especialmente entre las y los más jóvenes. El toque de queda y la actuación policial deben estar subordinados a una estrategia de cuidado y protección de la ciudadanía que se complemente con la prevención y atención, con protocolos de trabajo que se cumplan, con un transporte público mucho más ordenado, con campañas comunicacionales que promuevan la responsabilidad en vez de temor, entre otras que contengan los contagios y posibles fallecimientos.
Las y los ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad frente a lo ocurrido. Del mismo modo preocupa que 15 de las 23 personas detenidas hayan dado positivo al examen del COVID-19, y que 13 de las personas con resultado positivo se encuentren en la fase de diseminación del virus. Esta información evidencia la amplia situación del contagio del COVID-19 en Lima, especialmente entre las poblaciones más jóvenes, y nos interpela sobre nuestra responsabilidad. En este sentido es necesario que el conjunto de la población asuma y participe del sentido de urgencia de enfrentar la pandemia, impidiendo las cadenas de contagios que -como en el caso de Los Olivos-, se estarían produciendo entre las y los jóvenes y entre éstos y sus familias, del mismo modo como se estaría produciendo en otros contextos de concentración de personas.
Finalmente, reiteramos al Estado Peruano la exigencia de una investigación independiente que determine con precisión las responsabilidades sobre los hechos ocurridos. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a fin de asumir un rol más activo para evitar la propagación de la pandemia y respetar las medidas de la emergencia, contribuyendo así a impedir más muertes y hechos luctuosos sucesos como el ocurrido el sábado último.
Lima, 25 agosto 2020
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EVENTOS
El Agua de Lima en peligro
El agua de Lima está en peligro por la construcción de un almacén de desechos tóxicos del proyecto minero Ariana. #SalvemosElAguaDeLimaEntérate todo al respecto y participa con tus opiniones. Día Cero Perú Fecha: Miércoles 26 – 5:30 pm
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
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