Un total de 13 personas fallecieron la noche del sábado cuando intentaban escapar del local Thomas Restobar en Los Olivos, donde se realizaba una fiesta clandestina. Alrededor de las nueve de la noche, pocos minutos antes del toque de queda, una unidad del Escuadrón Verde de la Policía Nacional intervino la discoteca que alojaba a alrededor de 100 participantes, a pesar de la prohibición de organizar reuniones; para evitar la propagación de la Covid-19.
El evento, sin embargo, no fue un hecho aislado. Los nombres de los presuntos organizadores de la reunión permitieron a OjoPúblico identificar, por lo menos, otras nueve fiestas ilegales, llevadas a cabo entre el pasado 20 de julio y el 15 de agosto, en diferentes zonas de Lima. Con mascarillas a la altura del cuello y “cervezas precio covid”, estas reuniones alojaron hasta cien personas y fueron anunciadas a través de redes sociales.
Por otro lado, el general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional y exsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, alertó que “preocupa, en este momento, que le estén echando la culpa a los asistentes [de las fiestas clandestinas]”. En entrevista con Ojo Público, Pérez precisó que por el contrario se debe determinar la responsabilidad de los dueños del local, del organizador del evento y hasta del alcalde de Los Olivos.
“[Las autoridades están divulgando] información que indica que 15 de los 23 detenidos están infectados con Covid-19, y se ha adelantado que 11 de los 13 fallecidos estaban contagiados. Entonces, me pregunto si están tratando de justificar las muertes, echándole la culpa a los asistentes y al coronavirus”, advirtió Pérez Rocha.
Además, para Pérez Rocha el plan policial para intervenir el local de Thomas Restobar no fue bien diseñado. “El plan de operaciones […] abarca el antes, durante y después [de la intervención]; ahí se establece qué personal va a intervenir, quién es el jefe del operativo y qué es lo que se debe hacer”, explicó. Además, el general (r) aseguró que es necesaria una pesquisa administrativa disciplinaria de la Policía para determinar si hubo transgresiones, y así evitar “que se empañe la imagen institucional” de la Policía.
Con información de Ojo Público