Formales informales
La tragedia ocurrida el fin de semana en una discoteca en el distrito de Los Olivos, con el saldo de 13 personas fallecidas, condensa mucho de lo que debemos corregir como país. Empresarios inescrupulosos que no dudan en poner en riesgo la salud y seguridad de las personas por un afán de lucro sin límites; un Estado que falla en la capacidad de regular y fiscalizar, tanto a nivel local (municipal) como a nivel central; y sin duda una cultura de la irresponsabilidad individual en muchos sectores de la ciudadanía, que no ponen en el centro el cuidado ni el autocuidado.
El caso de la empresa Monditex, dueña de la discoteca Thomas Resto Bar donde ocurrió la tragedia, es increíble. No se trata de una empresa informal ni de una discoteca ilegal, como algunos han dicho. Es una empresa constituida legalmente, que tiene negocios en los rubros de manufactura textil, de venta de productos de vestir, y de “otras actividades empresariales”, dentro de las que se encuentra el negocio de la discoteca.
Tan formal será la empresa, que fue beneficiada con uno de los préstamos de Reactiva Perú por casi 10 mil soles, otorgado por el Banco de Crédito y avalado al 98% por el Estado peruano.
Sin embargo, esta empresa formal opera aprovechando el margen de la informalidad y de la ilegalidad. Según Ojo Público, Thomas Restobar fue sede de por lo menos otras dos fiestas adicionales durante el estado de emergencia decretado ante la pandemia por COVID-19. Fiestas abiertamente ilegales, pues este tipo de eventos están prohibidos durante la emergencia. Además, resulta bastante obvio que las condiciones de funcionamiento de la discoteca eran muy inseguras, con una salida estrecha que se convirtió en una trampa mortal. (Sin duda, hay aquí también responsabilidad de la municipalidad distrital de Los Olivos, cuyo alcalde lo ha sido durante más de 20 años y que, por si fuera poco, está ahora vinculado con una bancada parlamentaria y con congresistas con aspiraciones presidenciales).
Ojo Público ha identificado una red de productoras de eventos que ha organizado al menos nueve fiestas ilegales durante la pandemia, en diversos lugares de Lima. Pero una rápida revisión de los diversos “eventos” realizados en Lima muestra que hay mucho pan por rebanar. Por ejemplo, el restaurante Rústica, del empresario Mauricio Diez Canseco, organizó un evento con diversos artistas. Claro que, en ese caso, no hubo intervención policial… Los dobles raseros de nuestro Estado también se hacen evidentes en esta pandemia.
Cuando en el Perú se habla de la “informalidad” muchas veces se piensa únicamente en fenómenos como la venta ambulatoria o el “cachueleo” independiente. Cuando se habla de “economía ilegal”, se suele pensar en actividades abiertamente criminales relacionadas a la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal. Pero, en realidad, el problema más grave está en esa área gris en la que se articulan la formalidad y la informalidad, la legalidad y la ilegalidad. Por ejemplo, se sabe que en el Perú empresas mineras formales exportan millones de dólares en oro de origen ilegal; o que empresarios como los que tenían encerrados a los trabajadores que murieron en el incendio de Las Malvinas tenían a sus empresas registradas en los paraísos off shore descubiertos con el escándalo de los Panama Papers.
Hace poco, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se ha referido precisamente a esto. En el documento con aportes realizado sobre la informalidad, en el proceso hacia la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos, la Plataforma ha señalado que se “persiste en adoptar un concepto de informalidad laboral que confunde la informalidad económica con la informalidad laboral, induciendo a una percepción errada en la opinión pública y en líderes de opinión que consideran que la “informalidad laboral” asciende al 72,5% de la PEA ocupada, sin distinguir que este porcentaje abarca realidades distintas como son la del sector asalariado (privado y público) y el sector de trabajadores autónomos o autoempleados. Cuando se cae en esta confusión, se omiten las diversas facetas que implica la condición de informalidad, cada una de las cuales implica el incumplimiento de un determinado tipo de regulación: laboral, tributario, municipal, etc”.
En efecto, hay empresas que son “formales” para recibir préstamos del Estado pero informales al cumplir las normas de seguridad y salud, las normas ambientales o los derechos laborales. Ese es el tipo de empresarios que no necesitamos.
