#DerechosEnEmergencia – Reporte semanal 19/08/2020

EDITORIAL

Una encuesta nos sorprendió esta semana, mostrando hasta qué punto se ha vuelto invisible la responsabilidad de las empresas en el rebrote de contagios en el Perú. En la encuesta del IEP publicada el domingo, se incluyó una pregunta sobre las razones por las que no se ha podido controlar la epidemia de COVID-19. El 66% de los encuestados respondió que la irresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas; el 18% se refirió a problemas más estructurales del país en salud y economía; y el 15% a la “incapacidad del gobierno”.

Así, vemos que se asienta el discurso según el cual el rebrote tiene que ver con las “reuniones familiares”, como ha insistido el Gobierno y la prensa; o por las incapacidades estructurales del Estado porque “así es el Perú”, como ha sugerido incluso la ministra de Salud al decir que “no hay forma” de hacer rastreos en el Perú. El Estado, el Gobierno y la ciudadanía, los grandes responsables.

¿Y las empresas, que presionaron para reactivar la actividad de todo tipo de sectores cuando aún la curva de contagios no había bajado lo suficiente? Las aglomeraciones en el transporte público, por ejemplo, se producen principalmente porque la gente va a trabajar, no porque se van a una reunión familiar. Si bien no se ha hecho un rastreo que permita afirmar tal o cual cosa con precisión, es evidente que la actividad económica está dentro de los primeros lugares, y muy probablemente en primer lugar, entre las razones por las cuales las personas se movilizan día a día.

Por otro lado, los protocolos de salud no siempre han sido implementados de manera adecuada en la actividad empresarial. En este reporte semanal venimos recogiendo innumerables denuncias de comportamientos empresariales que ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Denuncias del sindicato de Saga Falabella sobre entrega de una mascarilla a la semana a los trabajadores del centro de distribución; denuncias de numerosos sindicatos mineros sobre condiciones de hacinamiento en el transporte y campamentos; denuncias de trabajadores de la agroindustria sobre transporte hacinado y contagios masivos; denuncias de trabajadores de Glovo sobre asignación de envíos a repartidores que habían dado positivo para COVID-19… ¿“La gente” que es muy poco disciplinada?

No se trata de hacer generalizaciones. Obviamente ha habido empresas que se han comportado a la altura de los desafíos de la pandemia, como lo hemos reconocido en este mismo reporte semanal. Esas empresas deben ser ejemplos para que el conjunto del sector empresarial comprenda que sí se puede poner los derechos de las personas por delante.

La economía peruana está operando en un 90% de capacidad, tras el reinicio de actividades en la fase 3, según informó José Salardi, titular del Ministerio de Producción.

«Estamos bordeando el 90% de actividad en operación. Recordemos que en la semana ha habido problemas en regiones en donde se ha tenido que volver a la cuarentena focalizada y en algunos casos se ha ido frenando esta reactivación», indicó Salardi a Canal N.

El ministro también se pronunció respecto a la fecha de inicio de la fase 4 de reactivación, la cual iba a comenzar este mes.

«El tema de salud va a marcar que podamos llegar óptimamente a más de este 90% y, activando la fase 4, caminar hacia el 100%, lo que esperemos se dé en las próximas semanas», precisó.

Sin embargo, indicó que con el inicio de la fase 4 no estará permitida la reapertura de todas la actividades económicas.

«En el momento que inicie esta fase cuatro, no necesariamente todas las actividades van a comenzar en simultáneo. Hay una progresividad, como se dio con los vuelos nacionales, que empezaron dos o tres semanas después del inicio de la fase tres», explicó.

Además, en esa última fase se evaluará si se amplió o no el aforo que se permite a los restaurantes.

Con información de RPP

Ante el número de fallecimientos que se ha incrementado tanto, la propuesta “Resucita Perú ahora”, que monseñor Pedro Barreto presentó ayer ante la Asamblea de la Conferencia Episcopal Peruana, busca promover la mayor red social posible en el país, y está basada en la responsabilidad y solidaridad, desde la fe y la ciencia.

El obispo de Huancayo refiere que viene de la articulación y las propuestas de la Academia con la Sociedad Civil y la Iglesia para generar un diálogo eficaz con el Estado, que lleve a enfrentar la pandemia con responsabilidad y esperanza.

La considera inédita porque busca articular las fuerzas vivas de la sociedad desde la ética y la firme convicción de que con las propuestas, científicamente fundamentadas y sustentadas en valores éticos, es posible lograr consensos y acciones.

Esta iniciativa de la Iglesia católica tiene dos objetivos específicos.

Primero, promover la salud integral de la población peruana para superar la pandemia del Covid-19 con la mayor eficiencia posible.

Segundo, promover y fortalecer la acción solidaria desde las comunidades del Perú, convocando a una amplia red de la Iglesia, la Academia y la Sociedad Civil en interlocución con las autoridades del Estado, para superar la pandemia.

A iniciativa de Pedro Barreto, el jueves 13 y el sábado 15 de agosto se reunieron personalidades de la ciencia y la Academia para analizar la propuesta.

Ahí, señalaron que en el país está en grave riesgo la vida de las personas y es urgente generar consensos básicos que permitan tener propuestas eficaces de acción conjunta y diversificada.

De ahí que anotaron la necesidad de establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, ante el incremento acelerado de contagios, la Defensoría del Pueblo ha enviado una carta el 18 de agosto al despacho de la Presidencia de la República en la que precisa que han sido las organizaciones sociales las que “han venido sustituyendo diversas prestaciones que el Estado ha fallado en brindar”.

La DP emplaza al gobierno para la entrega universal y gratuita de mascarillas, y el fomento de información para su uso responsable. Que se responda a la crisis alimentaria a partir de las agrupaciones vecinales y sus ollas comunes.

También pide al Ejecutivo respaldar sus decisiones en la mejor evidencia científica.

El documento rechaza que la principal causa del repunte de contagios sea por la población irresponsable y desorganizada. Por el contrario, señala que se requiere de una activa participación ciudadana junto al Gobierno.

Con información de La República

Desde que el 13 de mayo comenzó la temporada de pesca de anchovetas, al menos 12 pescadores han muerto a causa del Covid-19 a bordo o después de desembarcar de los buques pesqueros en Perú, indican dirigentes sindicales. El Ministerio de la Producción, que supervisa la pesca, emitió protocolos de seguridad para los trabajadores, pero los representantes sindicales dicen que los espacios reducidos en las embarcaciones complicaron el cumplimiento de las normas.

La pesca ha sido buena, según Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, que representa a pescadores de la flota pesquera industrial del Perú, “pero no puedo celebrar la buena pesca porque el costo [en vidas perdidas por la Covid-19] es muy alto”.

Durante la temporada de pesca de anchoveta —que empezó en mayo y terminó a finales de julio— se registraron al menos 184 contagios en 18 embarcaciones pertenecientes a nueve empresas pesqueras y hubo 12 muertes entre las tripulaciones de 11 embarcaciones, según un  informe del sindicato. Según Vásquez, la cifra real sería más alta, porque algunos tripulantes que se enfermaron no quisieron informar por temor a represalias por parte de sus empleadores.

Con información de Mongabay Latam

Se han producido casi 500 derrames de petróleo en los últimos 20 años en la Amazonía peruana, según revela un informe publicado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos junto con Oxfam. 14 derrames se han producido durante esta pandemia por COVID-19, una crisis ambiental que se suma a la crisis de salud.

El estudio “La sombra del petróleo”, elaborado por el subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), revela que entre 2000 y 2019 se registraron 474 fugas de petróleo en la Amazonía, las que afectaron al medioambiente, los ríos, provisión de agua, peces, alimentos y la salud de la población. La gran mayoría de ellos ocurrieron en el Lote 8 (189), el Lote 192 (155) y el Oleoducto Norperuano (94).

A ellas hay que añadirles otras 14 que se han producido durante la pandemia.

“A nosotros nos preocupa que el petróleo llegue al río y contamine nuestro pescado, de ahí jalamos agua y tomamos nosotros. Estamos preocupados más por los niños”, dice Rosa Dahua Cuje, apu de la comunidad de 12 de Octubre, unicada al interior del Lote 192, en Loreto, en declaraciones recogidas por Convoca.pe. Y añade: “Está ya esta enfermedad [Covid-19] y viene eso. Ni medicina ni enfermera tenemos en la comunidad ahorita, el puesto de salud está cerrado”. Si alguno de los niños llegara a intoxicarse con el crudo no habría un profesional de la salud para atenderlo. “Estamos nosotros abandonados, como si no fuéramos peruanos”, se queja Dahua.

Los comuneros aguardan que los supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visiten la planta para constatar los derrames. Según informa Convoca, miembros de OEFA llegaron a la vecina comunidad nativa Nuevo Andoas, que está también en el Lote 192, el 7 de agosto. Sin embargo, no pueden ingresar a Doce de Octubre porque el único puente que la conecta con Nuevo Andoas se ha derrumbado.

En Doce de Octubre se han producido 3 derrames en lo que va de la pandemia. Estos casos son parte de los 14 que han ocurrido en todo el Perú desde el inicio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, según el OEFA. La mayoría de estos derrames (8) ocurrió en el Lote 192, el más grande del país. Este espacio comprende las cuencas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón. El último incidente en este lote fue el 30 de julio.

Tres de los otros derrames tuvieron lugar en instalaciones de la empresa estatal Petroperú. Dos ocurrieron en un lote a cargo de la compañía de capitales colombianos y coreanos Savia Perú S.A., en Talara (Piura), y el último se registró en las instalaciones de la petrolera estadounidense Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú, en Paita (Piura).

Con información de Vigilante Amazónico

ACCESO AL INFORME: http://www.derramespetroleros.pe

La protesta de Espinar contra la minera Antapaccay dejó heridos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas, represión policial y daños materiales en las mineras.

Aunque el paro fue levantado, las secuelas de la represión policial quedaron como sellos indelebles en los cuerpos de algunos espinerenses. Juana Apaza (35) cojea cuando camina. Una bomba lacrimógena casi le destroza el tobillo del pie izquierdo el 20 de julio pasado cuando protestaba junto a un grupo en el corredor vial del sur, en el distrito de Yauri, capital de Espinar.

Era el sexto día de las manifestaciones por el bono de S/ 1000, la reformulación del Convenio Marco, anulación del proyecto Integración Ccoroccohuayco, atención a las personas afectadas con metales pesados, entre otras demandas desatendidas por años.

“A mí me cayó una bomba lacrimógena en el tobillo del pie izquierdo y me quemó (…) Ese día hemos vivido como una película de acción. Muchas personas caían, caballeros que caían. No sé si ellos estarán bien. Prácticamente hemos corrido por nuestras vidas ese día”, recuerda la señora Juana.

Agrega que los policías que llegaron para desbloquear la vía no tenían control y no respetaban ni a las personas de 60 y 70 años. “Un policía quiso arrojarle una piedra a una abuelita y yo fui a defenderla y ahí fue que me han disparado”.

La señora Juana Apaza es madre soltera. Su esposo falleció años atrás. Tiene dos hijos que dependen de ella. “Estoy perjudicada, porque no puedo trabajar para mis hijos de quienes soy padre y madre”.

La mujer es comerciante: vende verduras. Pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos. Cuando camina mucho o si hace frío o calor se le hincha el pie. “Busco justicia, no deben hacernos esto cada vez que hay protestas. Y que nos ayuden”, pide.

“Ahora cuando escucho gritos o bulla siento que se me vacía el corazón, me asusto”, comenta Juana Apaza con la señora Evarista Ccolqque.

Evarista trajo a su hijo Wilmer Ilachoque Ccolqque (27) a Cusco para hacerle una tomografía para saber si la herida interna está sanando. Wilmer recibió un disparo de bala de la Policía el 22 de julio. Junto a otros jóvenes había llegado a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. El balazo le perforó la pierna derecha. Afortunadamente no afectó los huesos.

La madre cuestiona que la Policía intente negar el uso de balas durante la represión. “Los policías se quieren negar, (dicen) que no es bala.  A nosotros la doctora en el hospital nos dijo que es bala. Por eso estamos acá para hacer revisar a mi hijo”, asegura.

En efecto, la médico cirujano del hospital de Espinar, Gloria Cárdenas, dijo que los heridos del 22 de julio eran de bala y no de perdigones o bombas lacrimógenas.

La señora pidió al Gobierno que apoye a los heridos de las protestas. Wilmer era el sustento de la casa. Ahora que está herido no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores.

Las dos mujeres reflexionan y dicen que si Antapaccay y el Gobierno hubieran atendido sus pedidos antes nada de esto hubiera pasado. Juana Apaza señala que al final la minera que decía que no podía dar el bono aceptó que sí era viable. “Se le ha pedido diálogo muchas veces. Si hubiera habido antes diálogo, esto no hubiera pasado”, señala Juana Apaza. “Debieron haber venido antes de que pasen estas cosas”, remata Evarista Ccolqque.

Hay una decena de denuncias en contra de la Policía por estos y otros casos de excesos cometidos durante las protestas en Espinar.

Con información de Pulso Regional