#DerechosEnEmergencia – Reporte semanal 12/08/2020

EDITORIAL

Con un notorio cambio de énfasis, el premier Walter Martos logró la investidura que su antecesor Pedro Cateriano no había obtenido por parte del Congreso. Con nada menos que 115 votos a favor, Martos sale fortalecido para implementar las políticas del gobierno en esta última etapa. El centro de su discurso ha sido la salud y la lucha contra la pandemia, y ha tenido que bajarle el tono a las reformas polarizantes que el mismo Ejecutivo, casi con el mismo equipo de ministros, proponía hace dos semanas.

 

Martos se ha referido al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en el mismo sentido en que lo hizo el presidente Vizcarra en su mensaje presidencial de 28 de julio. Se ha referido a “disminuir las brechas en igualdad de oportunidades y derechos, así como prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneran derechos fundamentales”, en particular “desterrar prácticas como el trabajo infantil o cualquier forma de explotación”. Como lo dijimos aquella vez, es muy positivo que se le de este nivel de prioridad política al PNA; sin embargo, el discurso del Ejecutivo sigue dominado por una visión restringida de lo que significa el cumplimiento de los derechos humanos y su vínculo con las prácticas empresariales. Quedan ausentes, por ejemplo, los derechos laborales, que vienen siendo vulnerados abiertamente con el recurso fácil a la “suspensión perfecta” por parte de corporaciones con ganancias multimillonarias, que no necesitarían trasladar a sus trabajadores los costos de la crisis.

El premier se ha referido a los trágicos hechos de Requena lamentando la violencia, y se ha comprometido a atender sus principales demandas. Ha hablado de “diálogo” y de “reaccionar de manera oportuna y efectiva”. Sin embargo, los problemas de Requena no aparecieron ayer, se trata de demandas embalsadas que no han sido resueltas hasta el momento: ¿dónde estuvo la reacción oportuna y efectiva?

Por otro lado, la muerte de tres ciudadanos por la acción de la Policía no puede quedar impune: urge una investigación que determine las responsabilidades, tanto en este caso como en Espinar, donde hay serias denuncias de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Finalmente, preocupa que la presentación del premier no haya abordado la necesidad de una nueva estrategia para afrontar la crisis sanitaria y económica, cuando queda claro que la reactivación apresurada de julio ha provocado una nueva alza en el número de contagios y fallecimientos.

 

El cardenal Pedro Barreto señaló que el arzobispado de Huancayo está promoviendo la reactivación de las plantas de oxígeno ubicadas en La Oroya, propiedad de la empresa Praxair.

 

“Una de las dos plantas puede producir en un corto plazo y con una inversión aproximada de 200 mil dólares, más de 1 200 balones de oxígeno de 10 metros cúbico al día y hasta ahora no está produciendo”, precisó.

En tanto, arzobispo de Huancayo, indicó que el 22 de junio asistió una comisión nombrada por el Estado Peruano, a la cual asistió a la empresa Praxair para evaluar el estado de las plantas de oxígeno medicinal. La empresa opinó que dichas plantas «no pueden producir».

“Al parecer, esta empresa tiene otro coronavirus, el coronavirus de la falta de transparencia, porque la sociedad civil organizada, ha pedido en diversas instancias y a la misma empresa mediante un diálogo respetuoso y claro, el que se conforme una comisión técnica para que pueda verificar la decisión de la empresa al decir: esta planta de La Oroya no puede funcionar”, expresó.

El cardenal hizo mención que un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, entre los cuales se encuentran personal que participó en la construcción de las mencionadas plantas, concluyen que estas pueden volver a operar en el marco de la crisis sanitaria. Sin embargo, Praxair Perú, niega su utilidad.

“Esto realmente nos preocupa porque la empresa sistemáticamente no deja que técnicos neutrales, objetivos, puedan entrar a la planta. ¿Por qué no aceptan esto?”, exhortó.

Pedro Bareto señaló que se han agotado hasta el extremo los recursos de diálogo y súplica. “Tenemos que ponernos en esta actitud ante esta puerta de piedra, sin corazón, sin rostro humano de la empresa Praxair que pertenece a la empresa Linde que es una trasnacional”.

Asimismo, expresó que la empresa Praxair se lucra de la gente, puesto que es propietario del 80% del oxígeno medicinal en el Perú. “Es un monopolio”, enfatizó.

“Hemos hablado con el Gobierno Central, y nos hemos dirigido una invocación al directorio de la empresa de Linde – en Alemania – explicando la urgencia que tenemos de reactivar las dos plantas. Hemos dirigido también una carta al Sr. Julio Cáceres, que es el gerente general de Praxair Perú aquí. En realidad, no tenemos respuesta alguna”, finalizó.

Con información de TV Perú

Durante el Estado de emergencia, la selva peruana y las comunidades indígenas han sido testigos de ocho derrames de petróleo ocurridos dentro del Lote 192, actualmente a cargo de la empresa canadiense Frontera Energy.

 

Según las federaciones indígenas amazónicas de la zona, que agrupa a más de 100 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, los derrames de petróleo se deben a “una infraestructura deteriorada que se cae a pedazos y sin ningún mantenimiento, por falta de prevención y una fiscalización débil”.

A inicios de marzo, cuando se habían confirmado los primeros casos de COVID – 19 en el país, la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registró un derrame en la base Dorissa de Frontera Energy, ubicada en la cuenca del río Corrientes, y que afectó a la comunidad achuar Nueva Jerusalén.

En adelante, según reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los monitores ambientales de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), ocurrieron otros siete derrames más.

El segundo derrame ocurrió el pasado 17 de abril, cerca al pozo de Capahuari Sur, ubicado en la cuenca del río Tigre. Actualmente, esa zona es habitada por la comunidad kichwa Doce de Octubre. Los siguientes derrames, ocurridos en 30 de abril, 11 de mayo y 7 de junio, afectaron a comunidades quechuas y kichwas.

En un pronunciamiento que adhiere las voces de las federaciones indígenas amazónicas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, las comunidades afectadas expresaron que “estos derrames no nos han dejado tranquilos ni en el tiempo de la cuarentena (…) tampoco se ha detenido la indiferencia del Gobierno que aprovecha el Estado de Emergencia para actuar a espaldas de las comunidades”.

Con información de Wayka

La población de las comunidades de Taca, Uyuccasa y Raccaya, del distrito de Canaria (Víctor Fajardo, Ayacucho) se encuentra preocupada tras haberse difundido la información que el  60% de los trabajadores de la Mina Catalina Huanca resultaron positivos al COVID-19.

 

Según información difundida por Noticias SER, el último viernes la población se habría reunido con representantes de la empresa minera para plantear la suspensión de sus actividades y que asuma su responsabilidad frente a esta situación. “Hemos planteado que se retire el campamento de la comunidad, que paralicen sus obras y que  la empresa se ha haga responsable de la población que pudiera ser afectada, pero la empresa no ha aceptado. Ha quedado en reunirse con las autoridades pero no sé en que quedaran”, dijo un ciudadano que prefirió matener su nombre en reserva.

Asimismo, el comunero  denunció que la gran mayoría de trabajadores que han salido positivos  al COVID-19 estaban laborando, y recién el jueves habrían entrado en cuarentena (tras conocerse los resultados). La comunidad está preocupada que se registren casos positivos entre los pobladores de esta zona. “Que la empresa se haga cargo de la población realizando las pruebas moleculares y asumiendo los gastos de los medicamentos. Nosotros los campesinos no tenemos dinero para sacarnos pruebas y tenemos niños que están con anemia, por ello estamos preocupados”, refirió.

Santos Barrientos, Director de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud Centro (UESCA), indicó que se constituyó con su equipo  de profesionales de salud a la comunidad de Raccaya, donde la empresa le confirmó de casos positivos al COVID-19 que ya se habían recuperado y que sólo unos cuantos estaban en aislamiento. “Los días lunes y martes haremos el tamizaje a la población de todo el  sector de Raccaya, Uyuccasa, Taca y otros centros poblados aledaños, ahí nos vamos a cerciorar de la verdadera dimensión de salud de la población”, expresó.

El Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco Villar, manifestó que ha tomado conocimiento del caso y hará las coordinaciones con las entidades competentes para conocer la situación de salud de la población de las comunidades del distrito de Canaria. “Voy a conversar con los representantes de la comunidad y una vez que tenga la información voy a realizar las acciones correspondientes, por ello se va a  articular acciones para ver el panorama real de la zona con la Dirección Regional de Salud, la Prefectura Regional, el Ministerio Público y la Dirección Regional de Energía y Minas”, señaló.

Oscar Oré Curo, Consejero Regional y presidente de la comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional, manifestó, que ha tomado conocimiento de la situación de salud de los trabajadores de la mina Catalina Huanca y la preocupación de la población. Dijo que esta situación de posibles contagios de los trabajadores se había advertido, por ello “en la sesión que viene he solicitado todos los protocolos de reincido de actividades mineras. Las empresas  como Catalina Huanca son mediana minería, por ello como Consejo no tenemos mucha injerencia y ellos aprovechan eso. Pero estamos programando nuestra fiscalización, a partir del 20 de agosto  a todas las mineras que operan en nuestra región”, expresó.

Con información de Noticias SER

 

 

En una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra, la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FTMMSP) denuncia “los incontrolables brotes de contagios COVID-19” en el sector minero. El gremio de trabajadores pide “corregir la flexibilización de las medidas de seguridad y salud introducidas por el D.S. 117-2020-PCM y la R.M. 448-2020-MINSA”.

 

 

La Plataforma de Sociedad Civil de Empresas y Derechos Humanos, junto con la Coordinadora Nacional de Centrales Sindicales, han remitido una serie de documentos de diagnóstico para ser considerados por el Ministerio de Justicia en el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Tannto la Plataforma como las centrales sindicales son miembros de la Mesa Multiactor que participa en el proceso de consulta y deliberación de dicho plan.

 

 

Ver en la web: http://derechoshumanos.pe/2020/08/lamentamos-la-muerte-de-tres-ciudadanos-indigenas-y-exigimos-sancion-a-los-resposables/

 

Ante los graves hechos producidos el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPII-CNDDHH) 1 , se solidariza con los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones, lamenta la muerte de tres ciudadanos indígenas que ejercían en forma legítima su derecho a la protesta y exige al Gobierno una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables, así como la garantía de no repetición de estos hechos.

 

Estas muertes se producen como consecuencia de la represión desproporcionada por parte de las fuerzas del orden, en un contexto de protesta social pacífica, justamente cuando los pueblos indígenas amazónicos atraviesan una de las etapas de mayor impacto de la pandemia de la Covid-19, situación que se agrava por la falta de un sistema de atención a su derecho a la salud y de respuestas oportunas y efectivas por parte del Gobierno, que han puesto en grave riesgo los derechos a la vida, integridad y salud de los pueblos indígenas.

Este desenlace se da tras varios días de protestas frente a la empresa PetroTal, que opera el Lote 95 2 , en respuesta al abandono del Estado frente a los impactos de la pandemia, la exclusión sistemática y la pobreza histórica, exigiendo además a la empresa la remediación de todos los sitios contaminados durante los 50 años de explotación petrolera en la región Loreto.

De acuerdo a la información hecha pública por la organización indígena regional ORPIO y la nacional AIDESEP, fueron los vigilantes del lote petrolero 95 los que propiciaron y agravaron el enfrentamiento haciendo uso de sus armas de fuego en medio de la tensión por la protesta producida en la madrugada, ello dejó como saldo la muerte de tres miembros de las comunidades nativas de Bretaña y Bacarachiro, y un tercero cuya comunidad de origen aún se desconoce.

Desde el GTPPII–CNDDHH exigimos a las autoridades correspondientes la investigación inmediata de estos trágicos sucesos, sanción para los responsables y reparación para las familias y comunidades afectadas. Demandamos al Gobierno nacional, iniciar de inmediato un proceso de diálogo intercultural con los pueblos indígenas para atender sus justas demandas, solucionar los problemas para salvaguardar su derecho a la vida y respete su derecho a la libre determinación.

Asimismo, reiteramos nuestra demanda al poder Ejecutivo para que implemente de inmediato un plan para detener el incremento de infecciones y muertes producidas por la pandemia del COVID-19, con la participación real y efectiva de las organizaciones indígenas amazónicas y andinas.

Lima, 10 de agosto del 2020

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1.- El GTPPII–CNDDHH está conformado por: Instituto del Bien Común (IBC), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Earth Rigths International (ERI), Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), OXFAM, Red MUQUI, COOPERACCION, Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI), Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Foro Solidaridad Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ),Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IIDLADS), Comisión de Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Iquitos, Asociación Fé y Derechos Humanos (FEDERH PUNO), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), EQUIDAD Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Asociación Paz y Esperanza, MOCICC, CHIRAPAQ Centro de culturas indígenas del Perú y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

2.- Está ubicado en Bretaña, capital del distrito de Puinahua, provincia de Requena, en la región Loreto.