Esta semana nuevamente se ha declarado, desde el Poder Ejecutivo, que hay que reducir los plazos de la consulta previa y “agilizar”.
Así lo manifestó el ministro de Energía y Minas del fenecido Gabinete, Rafael Belaúnde, quien señaló en una entrevista que “ estamos promoviendo mecanismos para agilizar la consulta previa (…). El tema de fondo está en la parte procedimental, tenemos que hacer que esto sea más ágil, acortar los plazos. Ahora con la pandemia tenemos limitaciones, por ejemplo con la última fase que tiene que ser obligatoriamente presencial, estamos viendo no mecanismos virtuales, pero sí mecanismos como por ejemplo la radio y la televisión”.
Por su parte, durante la presentación en el Gabinete, Pedro Cateriano también mencionó el tema en estos términos: “También resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso”.
Al respecto, el especialista Iván Lanegra señaló que “El plazo máximo ordinario para el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas es de 4 meses: 60 días para información, 30 para evaluación interna, y 30 para diálogo (DS. 001-2012-MC). ¿Cómo puede reducirse en al menos 6 meses el tiempo de consulta?”.
Al parecer, el derecho a la consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas sigue siendo visto por actores políticos como un mero “trámite” que hay que agilizar, sin entender ni valorar el diálogo intercultural.