En medio la mayor crisis sanitaria de nuestra historia republicana, el presidente Martín Vizcarra dio el que será su último mensaje de 28 de julio. Como era evidente, el centro de su discurso fue la pandemia y la reacción del Gobierno ante la misma. En vísperas del Bicentenario de nuestra Independencia, Vizcarra puso énfasis en los retos y déficits estructurales que han quedado desnudados por el COVID-19, entre ellos la histórica falta de inversión en salud, las desigualdades sociales y la debilidad institucional.
Cabe destacar que el mensaje presidencial hizo una mención explícita del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, un enfoque que -consideramos- debiera servir de guía para una reactivación económica que respete y garantice todos los derechos para todas las personas.
Vizcarra mencionó el Plan de Acción en estos términos:
“La defensa de los derechos humanos es un factor clave para una sociedad justa y democrática. Por ello, junto a más de 120 instituciones del Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos venimos trabajando en el Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país. De este modo se busca combatir la informalidad, disminuir las brechas de igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial, así como desterrar y prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneren derechos fundamentales, como el trabajo infantil o cualquier forma de explotación”
Pese a esta valiosa mención presidencial, que otorga al Plan sobre Empresas y Derechos Humanos el rango de atención pública que requiere, la manera en que Vizcarra ha planteado el tema es muy restringida. Se he referido a la informalidad, a las brechas en la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial, y a prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como el trabajo infantil y “cualquier forma de explotación”. Sin embargo, de esta manera se invisibilizan un conjunto de vulneraciones a los derechos humanos que están vinculadas a malas prácticas empresariales: despidos arbitrarios, vulneraciones a la libertad sindical y otras afectaciones a los derechos laborales; vulneraciones a los derechos de las comunidades, entre ellos el derecho a la consulta; casos de contaminación que constituyen violaciones a los derechos a la salud y a un ambiente sano; entre otras.
Más aún, el discurso careció de una reflexión autocrítica respecto de las políticas de reactivación económica del Gobierno y cómo estas han permitido prácticas empresariales que atentan contra los derechos de las personas. Por ejemplo, Vizcarra mencionó enfáticamente “el programa de créditos y garantías más grande e importante de la historia del Perú” que buscó impedir la “interrupción de la cadena de pagos”. Sin embargo, se sabe que muchas empresas beneficiadas por los préstamos de Reactiva Perú, en los hechos concretos, sí interrumpieron la cadena de pagos, al recurrir tanto al despido como a la mal llamada “suspensión perfecta” que dejaron a miles de trabajadores sin ingresos. De igual manera, se ha cuestionado decisiones que permiten fraccionar o aplazar las multas por infracciones ambientales de empresas extractivas, así como el impulso a megaproyectos que no cuentan con licencia social de la población, como la denominada “Integración Coroccohuayco”. Sobre ninguno de estos aspectos hubo un ánimo autocrítico.
Saludamos la convocatoria a un Pacto Perú que permita afirmar consensos para lograr transformaciones significativas en el Bicentenario, en el ámbito de la salud universal, la educación, una economía sostenible, la reforma política y la lucha anticorrupción, y la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Sin embargo, insistimos en que cualquier política de cara al Bicentenario debe poner en el centro los derechos de las personas; y en particular cualquier política para promover una economía sostenible y competitiva debe considerar los compromisos internacionales respecto al cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas.