El pasado 20 de julio, cerca de 200 manifestantes de la provincia cusqueña de Espinar bloquearon el Corredor Minero del Sur como parte de su demanda expresada hace varias semanas a la minera Antapaccay, para que acceda a un bono solidario para afrontar los efectos de la pandemia.
Hace ya más de una semana, organizaciones sociales y comunidades campesinas iniciaron un paro indefinido exigiendo que la empresa minera Antapaccay (de la empresa Glencore) entregue un bono de 1000 soles para cada elector de Espinar, monto con el cual podrán afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Cabe recordar que ese monto saldría del Convenio marco firmado entre el gobierno provincial y la minera para obras para la zona.
Como parte de la medida de fuerza, los manifestantes bloquearon el Corredor Minero del Sur usando piedras y palos, provocando que varios camiones mineros queden varados. La Policía se movilizó a la zona y dispersó a los protestantes mediante perdigones y bombas lacrimógenas. El enfrentamiento dejó herida a una mujer de 35 años de edad. Por la tarde, fueron incendiados un camión minero y una camioneta pertenecientes a dos unidades de contratistas de la empresa MMG Las Bambas. Esto ocurrió a la altura de la comunidad campesinas de Anansaya Qollana.
Cabe recordar que el conflicto se inició debido a que la minera se negó a desembolsar el bono solidario, aduciendo que no cumple con los propósitos del convenio marco. A cambio, ofrecieron financiamiento de proyectos y la entrega de ayuda a las familias más afectadas por el virus; pero la idea fue rechazada por las organizaciones sociales.
Al respecto se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, que ha reconocido que “es una necesidad imperiosa llegar a acuerdos porque la pandemia no ha sido controlada y las condiciones de vida pueden empeorar en los siguientes días. De manera particular la situación puede ser calificada de “crítica” para sectores de la población pobres y extremadamente pobres cuya atención no puede ser postergada más tiempo. Lo que en definitiva justifica de manera excepcional y con acuerdo de las partes variar el uso de fondos destinados al desarrollo, es el alivio de los espinarenses más desprotegidos y a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza que a otros sectores sociales”.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Derechos Humanos Sin Fronteras han difundido un pronunciamiento en el que se exhorta “al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación”. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las organizaciones y a las autoridades locales a evitar caer en actos de provocación y de violencia así como evitar la exposición y diseminación del COVID-19 a través de las aglomeraciones.
Con información de OCM, Defensoría del Pueblo y CNDDHH