Con el nombramiento del nuevo gabinete presidido por Pedro Cateriano, el Gobierno da por finalizada la etapa en la que el centro de atención fue la emergencia sanitaria, para abrir una etapa enfocada en la reactivación económica. En esa lógica, parece confirmarse la concepción de reactivación que se impuso en el gabinete anterior, con escaso énfasis en los derechos humanos y las demandas sociales y un sesgo marcadamente a favor de “agilizar” y “destrabar” inversiones.
En su primeras entrevistas, el flamante premier ha explicitado que su objetivo central será el relanzamiento económico, y ha hablado de destrabar proyectos y de retomar el diálogo con el sector empresarial. Ha hecho énfasis en impulsar la minería, a la cual ha descrito como la locomotora de la economía nacional” y como “el desarrollo”. También se ha referido al ministerio de Trabajo, donde buscará “agilizar los procesos”, y en sus declaraciones parece entenderse una voluntad de restarle prioridad a las fiscalizaciones laborales.
La trayectoria de Cateriano en el pasado da luces al respecto. Cuando fue ministro de Estado, en el gobierno de Humala, el gabinete impulsó políticas reactivadoras ante la crisis económica global, promoviendo medidas como el denominado “régimen laboral juvenil”, la pretendida imposición del proyecto Tía María y el paquetazo ambiental de la Ley 30230.
El perfil de muchos de los nuevos ministros confirma este enfoque. En Trabajo, por ejemplo, el ministro Ruggiero es un joven abogado que se desempeñaba en el estudio Payet Rey Cauvi Pérez, especializado en derecho empresarial. ¿Priorizará la defensa del derecho a la salud de los trabajadores, o buscará principalmente “agilizar” los protocolos para que las empresas vuelvan a generar ganancias lo más pronto posible?
Dicho sea de paso, el estudio Payet Rey Cauvi Pérez lleva la defensa de la empresa Tamshi SAC, vinculada a un caso de deforestación en la selva de Loreto, según informó Ojo Público.
En este marco, nos preguntamos qué ocurrirá con el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que está en pleno proceso de elaboración. Al respecto, el nombramiento en el Ministerio de Justicia de Ana Neyra, ex secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y con una importante trayectoria en derecho constitucional, genera expectativas de que este proceso continúe en marcha.
Hacemos votos para que el gabinete Cateriano incorpore en las políticas de reactivación económica un enfoque de derechos humanos, y no se vuelva a cometer el error de creer que la urgencia económica se puede resolver sacrificando derechos.