Cómo se nota que estamos en la era de la “posverdad”, un nombre muy moderno para el uso político de la mentira. En estos días se ha desatado una campaña feroz contra el Acuerdo de Escazú, un acuerdo firmado por los países de América Latina y el Caribe para proteger tres cosas básicas: el derecho a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales. En una operación muy agresiva de desinformación, algunos sectores vienen diciendo cosas que no tienen ninguna relación con el contenido real del Acuerdo.
Se ha dicho, por ejemplo, que el acuerdo significa que “nos quieren robar la Amazonía” y que “el Perú perdería soberanía del 53% de nuestra selva”. Esta es una mentira abierta. El Acuerdo ni siquiera menciona la palabra “Amazonía” en ninguno de sus 26 artículos: se refiere en términos generales a los derechos vinculados a la protección del ambiente, no a algún territorio en particular. Tampoco está en juego ni un centímetro cuadrado de soberanía, pues el Acuerdo es claro en reconocer el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”.
Sorprende que algunos actores políticos que nunca se preocuparon por la Amazonía, pongan ahora el grito en el cielo reclamando soberanía. ¿Dónde estaban cuando los pueblos amazónicos se levantaron para defender sus territorios de la concesión indiscriminada a empresas extranjeras? ¿Dónde, cuando capitales de origen foráneo han deforestado decenas de miles de hectáreas? ¿Dónde, cuando inversionistas internacionales han sido responsables de derrames de petróleo que han dañado nuestros ríos? ¿Dónde, cuando el Estado ha firmado acuerdos que sí ceden soberanía, como los acuerdos de comercio e inversiones que permiten a las empresas demandar al Perú ante árbitros internacionales privados?
En ninguno de estos casos, los actuales opositores acérrimos al Acuerdo de Escazú se han manifestado. Y es que no vemos en esta repentina campaña un interés genuino por defender la soberanía o el territorio, sino solo el deseo de mantener todo como está. El Acuerdo busca proteger a los activistas que defienden el medio ambiente, garantizar su derecho a la información y a la participación en las decisiones que pudieran afectar el ambiente, y fortalecer el acceso a la justicia en temas ambientales. ¿Qué significa que alguien pueda oponerse a un Acuerdo que busca promover derechos elementales como estos?
Las personas que defienden el ambiente están expuestas a graves riesgos por parte de los agentes ilegales o legales que buscan explotar sus territorios. En todo el mundo, más de tres personas son asesinadas cada semana por conflictos relacionados con la defensa de sus territorios y el ambiente, según el último reporte de Global Witness. En América Latina, se registran decenas de casos anuales, especialmente en países como Brasil, Colombia, México y Guatemala. En Perú, ¡cómo olvidar los casos de Edwin Chota, defensor de la selva de Ucayali o José Napoleón Tarrillo, defensor del bosque de Chaparrí, o el reciente asesinato del líder asháninka Gonzalo Pío Flores, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus!
El Acuerdo de Escazú reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos grupos que defienden sus territorios y establece que “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”. Además, reconoce el derecho a acceder a información sobre planes y proyectos que puedan afectar el ambiente, así como participar en los procesos de toda de decisiones, todo ello en el marco de los límites de cada legislación nacional.
También se ha dicho que el Acuerdo de Escazú busca paralizar las inversiones. Pero lejos de ser una amenaza para las inversiones, las empresas que buscan operar en el país de manera seria y responsable, respetando los derechos de todas las personas y en un marco de relaciones constructivas con las comunidades locales, deberían saludar este Acuerdo. “El sector privado ha desempeñado un rol activo en la promoción y la implementaction de principios democráticos alrededor del mundo, ya que el respeto al Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional facilitan la habilidad de las empresas en conducir sus operaciones. Estas prácticas muchas veces han beneficiado la reputación y rentabilidad de las empresas” como explica este artículo publicado en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Si hay sectores que le temen al Acuerdo de Escazú, se trata de aquellos que quieren, por una u otra razón, que los activistas ambientales permanezcan en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy en día.
Por ello, desde aquí abogamos por la urgente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso peruano.