Ante las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en relación a la posibilidad de que se realicen procedimientos de consulta previa en forma virtual para grandes proyectos extractivos, las organizaciones indígenas AIDESEP, ONAMIAP, CCP, CNA y CONAP, junto con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, difundieron un pronunciamiento en el que expresan su rechazo a esa posibilidad.
“Consideramos inadmisible que el Gobierno pretenda sacar adelante proyectos de inversión virtualizando el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas u originarios. Las reuniones virtuales no son un mecanismo tradicional de deliberación y menos de toma de decisiones de los pueblos indígenas u originarios, por ello carece de pertinencia cultural. Los ritmos virtuales son muy rápidos y tienen dinámicas distintas que imposibilitan establecer un proceso de traspaso de información y análisis culturalmente adecuado, más aún tomando en consideración los propios y diversos medios que los pueblos indígenas u originarios tienen para formar su opinión, deliberar y tomar decisiones”, se lee en el pronunciamiento.
“En la actualidad, en gran parte de los territorios donde habitan los pueblos indígenas u originarios existe una brecha de conectividad y escaso acceso a Internet. Estos no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para conectarse adecuadamente, y nunca han accedido o no tienen conocimientos sobre cómo utilizar plataformas virtuales de comunicación”, agregan.
“Las declaraciones de la ministra Alva colocan en un grave riesgo de desprotección a los pueblos indígenas u originarios, y en la práctica termina vulnerando el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado”, enfatizan las organizaciones.
Cabe agregar que eecientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el cual alerta sobre la especial situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios. La recomendación 4 de dicho comunicado solicita a los Estados parte, dentro de los cuales se encuentra el Perú, que no promuevan la autorización de proyectos extractivos en territorios de los pueblos indígenas debido a la imposibilidad de llevar adelante procesos de consulta previa.
Con información de la Coordinadora Nacional de DDHH