A casi un año de la emblemática sentencia sobre el caso Tamshiyacu, organizaciones de la sociedad civil están pendientes, desde diciembre, para que Poder Judicial fije fecha al caso. En este caso, la empresa Cacao del Perú Norte, sucursal local de United Cacao, fue sentenciada por tráfico ilegal de productos forestales maderables. Se espera que el Poder Judicial programe las fechas de las instancias finales que reafirmen las sanciones contra la empresa, ahora conocida como Tamshi.
Para Clémence Abbès, encargada del proyecto “Protegiendo la Amazonía” de Oxfam en Perú, la coyuntura actual de reactivación empresarial es el momento preciso para que este tipo de casos tengan una sentencia definitiva que signifique un mensaje ante cualquier intento de vulnerar las normas que protegen el territorio peruano en el marco ambiental y, sobre todo, a la población que se ve afectada.
“La coyuntura actual de reactivación económica puede traducirse por una mayor presión hacia los recursos naturales en Amazonía, y esta reactivación se tiene que hacer con protecciones ambientales y territoriales. La activación económica no tiene que fomentar más amenazas contra bosque y los derechos a la tierra de pequeños campesinos y comunidades indígenas”, señala Abbès.
Por su parte, Jean Pierre Araujo, de la SPDA, consideró que programar lo antes posible las instancias finales del caso Tamshiyacu sería un claro mensaje del Poder Judicial en medio del regreso de actividades empresariales y de futuros proyectos en zonas amazónicas.
“En un contexto de reactivación económica creo que es importante que haya muestras del sistema judicial y que este te diga que hay cosas que no pueden flexibilizarse o entenderse de una manera laxa, como es la protección ambiental y la conservación de recursos naturales”, indicó Araujo.
Con información de Actualidad Ambiental