Privados de la salud (EDITORIAL – #DerechosEnEmergencia 25/06)

PRIVADOS DE SALUD

Es imposible no sentirse indignados ante la falta de compromiso de muchas clínicas privadas para garantizar el derecho a la salud durante esta pandemia, y más aún, el aprovechamiento de la necesidad y urgencia de las personas. Semanas atrás, el Gobierno anunció el denominado “intercambio prestacional” que permitiría que las camas UCI del sector privado estuvieran “a disposición de todo el pueblo peruano”. Sin embargo, el ministro de Salud, Víctor Zamora, acaba de reconocer que esto aún no logra implementarse pues “no pudimos llegar a un acuerdo sobre los costos de las atenciones”. Así, se han hecho públicas las deudas en que han incurrido muchos pacientes que han recurrido a las clínicas privadas ante las dificultades para acceder a un sistema hospitalario público que ya está saturado. Costos impagables para la gran mayoría de familias y que constituyen, en el marco de la pandemia más grave en 100 años, un atentado contra el derecho a la salud de los peruanos y peruanas.

Algunas de estas clínicas, paradójicamente, no han dudado en cobrar cientos de miles de soles a pacientes de COVID19 mientras se beneficiaban con los préstamos con aval público dentro del programa Reactiva Perú. Es el caso de la clínica San Pablo, que obtuvo un préstamo de S/ 10 millones, con garantía del 80% por parte del Estado peruano, y al mismo tiempo ha cobrado hasta medio millón de soles a pacientes hospitalizados . Un aprovechamiento a dos manos de la crisis.

A esto se suma la denuncia que se conoció semanas atrás respecto del cobro de pruebas moleculares que eran realizadas de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud , lo que constituye lucro aprovechándose de la inversión del Estado. Frente a esta situación, el ex ministro y miembro del Comando COVID19, Óscar Ugarte, ha asegurado que existen los instrumentos legales para detener este tipo de abusos de las clínicas privadas . Solo faltaría entonces la voluntad política.

Cabe recordar que en otros países, mucho más allá de ideologías, ha primado el sentido común y se ha subordinado la infraestructura privada a las necesidad pública para hacer frente a la pandemia. Esto ha ocurrido en Nueva York , España e Irlanda, por poner ejemplos saltantes. No se trata de ser “antiempresa”, como ha sugerido el ex presidente de la CONFIEP Roque Benavides: se trata simplemente de poner el derecho a la salud por delante del afán de lucro del sector privado.

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