Esta semana se dio a conocer la lista de empresas que han sido beneficiarias de préstamos con aval del Estado en el marco del programa “Reactiva Perú”. En total, se informó que 71 mil personas jurídicas recibieron préstamos bancarios por S/ 24 mil millones, con una garantía estatal que puede llegar a cubrir hasta entre el 80% y el 98% del monto. El Gobierno ha señalado que estos préstamos han sido importantes para evitar romper la “cadena de pagos” y evitar la quiebra de empresas durante la cuarentena. Sin embargo, un análisis atento muestra serios cuestionamientos a la ejecución de este programa.
Es evidente la concentración de los montos canalizados hacia las empresas más grandes. Si bien la ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció que la mayoría de empresas beneficiarias han sido MYPES, la proporción es diferente si miramos los montos: sólo el 28% de estos beneficiaron a micro, pequeñas o medianas empresas, en tanto que el 72% fueron a parar a grandes empresas, es decir, a aquellas con facturaciones superiores a S/ 805 mil mensuales. (Ver Ojo Público).
Por si fuera poco, entre las empresas beneficiadas con montos importantes se encuentran algunas con una performance cuestionable en materia de derechos, tanto antes de la pandemia como durante la misma. En materia de derechos laborales, por ejemplo, encontramos algunas empresas que, si bien recibieron estos millonarios préstamos para resistir la crisis generada por la cuarentena, no dudaron en trasladar a sus trabajadores los costos de dicha crisis. Uno de los casos más saltantes es el diario El Comercio, que acaba de despedir a más de 100 trabajadores pese a recibir S/ 38.4 millones de préstamo por Reactiva Perú (Ver Wayka). Lo mismo ocurre con Cineplex, que opera la cadena Cineplanet: se ha acogido a la “suspensión perfecta” dejando a trabajadores sin ingresos, pero al mismo tiempo consiguió un préstamo de S/ 10 millones avalado por el Estado. La misma situación vemos en Nessus (Hoteles Casa Andina), entre otras empresas.
Esto pese a que la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, había anunciado que las empresas que recibieran créditos de Reactiva Perú no podrían acogerse a la denominada “suspensión perfecta”.
Otras empresas beneficiadas tienen otros cuestionamientos sobre su performance previa en materia de derechos. Por ejemplo, la minera Volcan ha recibido un crédito de S/ 10 millones, empresa que hasta agosto del 2019 acumulaba una deuda de más de S/18 millones por infracciones ambientales. El mismo monto ha recibido Chinalco, dueña del proyecto Toromocho, responsable del cuestionable proceso de reasentamiento de Morococha.
En el sector extractivo también se han visto beneficiadas la Maderera Bozovich, vinculada a la tala ilegal e incluida el 2016 en la investigación global Panamá Papers; y las empresas pesqueras Exalmar y Diamante.
Así mismo, también figuran empresas investigadas por corrupción en el marco del caso Lava Jato, como CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., y estudios de abogados vinculados con el mismo caso, como los estudios Muñiz y Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
¿Aval público para financiar prácticas que atentan contra los derechos laborales o ambientales? ¿Para financiar a empresas ligadas con la corrupción? ¿Esta es la “nueva convivencia”?
La reactivación debe partir de un enfoque de derechos humanos, en todas sus dimensiones: derechos sociales, ambientales, culturales. Eso implica discutir con urgencia qué tipo de incentivos y parámetros deben establecerse para que el financiamiento público utilizado para reactivar la economía se canalice hacia empresas que cautelen los derechos de las personas, no hacia aquellas que los vulneran.
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NOTICIAS
Van cinco derrames de petróleo de la empresa Frontera Energy durante la cuarentena
Desde el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, las federaciones indígenas amazónicas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT hicieron público un pronunciamiento en el que denuncian la contaminación causada por los últimos cinco derrames petroleros ocurridos durante el Estado de Emergencia en sus territorios.
El último derrame, producido el pasado 07 de junio en la batería San Jacinto de responsabilidad de Frontera Energy, en la cuenca del río Tigre, en la comunidad kichwa Doce de Octubre, ha puesto en peligro la salud de las comunidades que se abastecen de este río por el avance del crudo.
Desde el primer derrame ha pasado más de un mes y hasta ahora no existen rutas ni protocolos claros respecto a la supervisión de estos derrames, señalan las federaciones indígenas, lo que significa un escenario de retrocesos de compromisos y acuerdos asumidos previamente y amenazas a la agenda de remediación y protección ambiental.
El pasado viernes 12, los trabajadores de la empresa Glencore Antapaccay (ubicada en Espinar, Cusco) decidieron parar ante el temor de un posible contagio masivo dentro de la mina. La noticia de que dos trabajadores dieron positivo al Covid-19 los puso en alerta, por lo que acordaron no laborar hasta que la empresa cumplan con los protocolos de seguridad y salud para evitar el contagio. También piden que se apliquen pruebas rápidas a todos los trabajadores que “salgan de bajada”. El sindicato asegura que la minera no toma pruebas a la salida de empleados .
Por otro lado, el día 11 de junio la población de la provincia cusqueña de Espinar realizó un cacerolazo como medida de protesta contra la empresa minera Glencore Antapaccay, para demandarle la distribución de un bono solidario de 1000 soles como aporte del convenio marco que existe con la empresa. Se supo que la empresa Glencore Antapaccay se ha pronunciado en contra del acuerdo, el cual significaría un desembolso de S/ 50 millones por parte de la empresa minera.
En las últimas semanas se han emitido una serie de normas en materia ambiental, de seguridad ocupacional y protocolos de seguridad frente al Covid-19, que no parecerían otorgar suficientes garantías para evitar afectaciones al derecho a la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Así mismo, encontramos medidas que perjudican la fiscalización de los impactos ambientales del sector extractivo.
Cabe mencionar el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. Este decreto, en su Única Disposición Complementaria Final, permite “la reanudación de las [todas] actividades […], se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud […]”. Esto significa que se ha acelerado la reactivación en todas sus fases, lo que representa un riesgo para expandir los contagios del Covid -19.
De igual manera, la OEFA ha emitido la Resolución del Consejo Directivo N.º 00007-2020-OEFA/CD que aprueban el Procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas. Esta resolución reglamenta el aplazamiento del pago de multas ambientales, aplicable a toda persona natural o jurídica que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de competencia de este organismo. Las multas que se impongan a causa de infracciones ambientales serán suspendidas en su cobro durante el año 2020, y si la empresa tiene una facturación menor o igual a 1700 UIT esta podrá ser suspendida hasta el 2021. Finalmente, el aplazamiento de este pago no está sujeta al pago de intereses compensatorios.
OEFA también ha aprobado la resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD – que aprueban el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”.
En este reglamento, se indica que en el caso de las actividades esenciales (en las que se incluye la gran minería), el cumplimiento de las obligaciones de remitir reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que impliquen la realización de trabajo de campo, se encuentra suspendido desde el 16 de marzo. Esto ocurrirá hasta que el OEFA verifique que el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID – 19 en el trabajo” del titular de la actividad esté registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19).
Respecto a la función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental, se establece que esta función será ejercida por el OEFA de manera remota preferentemente. Además, desde el 16 de marzo hasta la culminación del aislamiento social obligatorio, quedan suspendidos los plazos para las siguientes actuaciones a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental de ámbito nacional, regional y local: (i) aprobación y registro de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental correspondientes al año 2021 y (ii) presentación de reportes trimestrales de ejecución de las funciones de fiscalización ambiental correspondientes al año 2020.
Esta norma da a la minería el tratamiento de una actividad esencial, distorsionando el sentido que tiene este término y le aplica el Decreto Legislativo N° 1500, cuyo ámbito comprende solo a los titulares de proyectos de infraestructura y servicios públicos.
El Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos que opera en el distrito de Marcona, en Ica, alertó hace unos días en sus redes sociales sobre la decisión unilateral y arbitraria de la empresa que busca suspender sus contratos de trabajo sin previa comunicación ni diálogo.
El secretario general del sindicato, Julio Ortiz, ha denunciado que la empresa pretende acogerse a la figura de la Suspensión perfecta de labores, pero no estaría cumpliendo con los requisitos de la ley.
“La SUNAFIL nos llamó y dijo que se había elevado un documento sobre la suspensión perfecta. Nos ha solicitado información y que sustentemos nuestra parte. Pero la empresa no se reunió con el sindicato ni discutió alternativas antes de solicitar la suspensión perfecta, por lo tanto no aplicaría porque no se ha respetado la norma. Sería improcedente”, denunció el dirigente sindical.
Con esta medida la empresa buscaría eliminar toda oposición a su cuestionable gestión de trabajo durante la crisis, y está exponiendo la vida de sus trabajadores a costa de sus ganancias. Todo esto, a pesar de la severa crisis sanitaria que enfrenta el país y la región de Ica por la propagación del COVID-19.
Shougang tuvo una paralización parcial de actividades en abril, pese a ser una actividad no esencial cuya paralización ha debido ser total por precaución a la salud del personal, en el marco del estado de emergencia y la cuarentena decretadas por el gobierno central.
En mayo, ante la reanudación de actividades mineras, los dirigentes del Sindicato Shougang exigieron el cumplimiento de los Protocolos de Sanidad y Prevención contra el COVID-19. Denunciaron la ausencia de pruebas de descarte serológicas según el protocolo, y comunicaron al gobernador de Ica la necesidad que el gobierno regional y la empresa minera habiliten el centro médico de la ciudad, actualmente en situación de abandono, para tratar a los trabajadores contagiados del virus.
Cabe recordar que Shougang ha criminalizado en varias oportunidades las huelgas y ha denunciado penalmente a los dirigentes sindicales, como también a todo trabajador que tiene un accidente laboral asumiendo que ha sido su responsabilidad lesionarse en el trabajo.
Asimismo la minera tiene una deuda cuantiosa con OEFA por sistemáticos actos de contaminación y falta de prevención en el manejo de las aguas residuales y los relaves
El Ministro de salud, Víctor Zamora, tuvo una reunión el día 15 de junio con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos y la Mesa de Salud Ambiental y Humana para discutir la agenda de este colectivo.
En el encuentro, resaltó la importancia del diálogo para encontrar soluciones a la problemática, como la propuesta de la Comisión multisectorial de atención integral, la cual recordó que esta fue elevada a la Presidencia del Consejo de Ministros y está a la espera su aprobación.
Sobre los compromisos del Ministerio de Salud, Zamora indicó que se han postergado por la pandemia, en la medida que la implementación de programas se ha visto afectada por la emergencia actual. El ministro indicó que esto es una preocupación para el Ministerio, pero que es inevitable que suceda así por la precariedad del sistema de salud y el acaparamiento del COVID-19 de la agenda pública.
Por su parte los distintos voceros y voceras de la Plataforma de afectados por metales tóxicos expusieron desde los distintos territorios afectados por la contaminación la doble vulneración que tienen las personas que tienen en su sangre plomo, cadmio, arsénico y mercurio ante esta pandemia y pidieron al MINSA pueda actuar, garantizando la vida y la salud de los afectados.
De la misma manera pidieron que el MINSA incorpore a las organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y colectivos por la salud ambiental a los Comandos COVID-19 en las regiones y localidades. Así podrán apoyar y fortalecer el proceso de atención primaria de la salud a lo largo de todo el país, que es fundamental no sólo para contener la pandemia sino para poder dar una mejor atención a las personas afectadas por metales tóxicos.
Frente a esto, Zamora señaló la complejidad de responder a las necesidades de la plataforma pero que las reuniones de diálogo podrían generar algunas posibilidades. Asimismo, si bien resaltó la importancia del reclamo de la participación social de las y los afectados en la elaboración de propuestas, indicó que la actual situación es una excepción para que ocurra esto ya que pondría en riesgo la salud de las poblaciones. Finalmente, indicó que se podría proponer acciones específicas de atención a los afectados por metales, como ya se ha trabajado con pueblos indígenas, pero que estas deben ser articuladas con las direcciones regionales de salud de las zonas donde están los afectados.
Por su parte la viceministra Nancy Zerpa quien también acompañó al ministro junto a su equipo técnico, reiteró la apertura del diálogo con la Plataforma y la Mesa técnica. Se acordó tener una nueva reunión el martes 30 de junio con los funcionarios del MINSA para seguir atendiendo los temas centrales, como el proceso de abordaje del ministerio para las personas afectadas por metales tóxicos; la elaboración de un mapa de riesgo de contaminación que sea multicausal y no sólo recoja la información de las personas que han pasado por los dosajes o tamizajes; la elaboración de un padrón y el registro nacional de personas afectadas que fue una iniciativa de algunos congresistas y que fue abordada en la mesa técnica de la CPAAAAE. Finalmente, hacer el balance de lo que ha sido la implementación de los lineamientos de políticas para la atención de personas afectadas por metales tóxicos, así como concluir en entregar los resultados de dosajes como el de Puno, así como los planes de emergencia en las zonas de Espinar, Chiriaco y Cuatro Cuencas.
Los territorios de la Nación Wampís y del pueblo Achuar, en la Amazonía norperuana, se encuentran amenazados por la presencia de la empresa Geopark, que pone en peligro de contaminación sus territorios, y -en este contexto- implica un riesgo de exposición al contagio por Covid-19 a las comunidades.
Frente a ello, el Consorcio TICCA, que agrupa a más de 150 organizaciones de pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil, comprometidas con procesos de defensa territorial en más de 80 países, ha lanzado una alerta internacional haciendo un llamado al Gobierno del Perú a respetar los derechos de los pueblos indígenas y escuchar las demandas de la Nación Wampís; así como hace un llamado al Gobierno de Chile, donde se encuentran las oficinas principales de Geopark, a asumir “sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, adoptando medidas urgentes para garantizar que las operaciones de esta empresa no afecten negativamente los derechos de la Nación Wampis”.
La alerta surge debido a que la empresa petrolera Geopark, sin contar con licencia social ni con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, ha estado realizando actividades dentro de territorio wampís durante la emergencia por Covid-19 decretada por el Gobierno Peruano. El GTANW denunció, mediante dos pronunciamientos, públicos que, durante la emergencia nacional, la empresa Geopark, concesionaria del lote 64 superpuesto a territorios indígenas achuar, wampís y chapra, habría mantenido a trabajadores dentro de su campo de operaciones en la base militar Sargento Puño, ubicada en territorio wampís, en la cuenca del río Morona (región Loreto).
#Webinar
▶️ Situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID -19
Fecha: miércoles 17 de junio
Hora: 18:00 (Perú)
Organiza: Grupo de protección de personas defensoras
Participación de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Federación de Comunidades Nativas de Cacataibo y Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas.
Conversatorio: «Proteger a las personas para reactivar la economía»
Fecha: jueves 18 de junio
Hora: 7:00 P.M.
La crisis asociada a la pandemia del #COVID-19 ha evidenciado diversos problemas que requieren actuar hoy para construir un futuro sostenible. ¿Cómo poner la economía al servicio de las personas y su bienestar? Este conversatorio busca responder esta y otras interrogantes.
Lanzamiento de la Revisión de Políticas sobre Conducta Empresarial Responsable de Perú
Fecha: jueves 25 de junio
Hora: 9:00 am (Perú)
Como parte de las acciones que está desarrollando la OCDE en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, se realizará el evento de lanzamiento de la Revisión de Políticas sobre Conducta Empresarial Responsable de Perú a través de la plataforma ZOOM.
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS y Derechos Humanos sin Fronteras.
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