Agroexportadoras en el ojo de la tormenta
El reporte de noticias de esta semana registra un conjunto preocupante de casos de contagio de COVID19 en el sector agroexportador. En Ucayali, Piura y Lambayeque, se han dado a conocer situaciones que revelan la vulneración al derecho a la salud de los trabajadores de esta rama. Destaca así mismo la poca voluntad mostrada por las empresas de informar de manera transparente la evolución de la pandemia en este sector.
En Ucayali, por ejemplo, se ha reportado que en la empresa Ocho Sur, de palma aceitera, casi el 90% de trabajadores testeados dio positivo al examen de COVID19. En Piura, se ha registrado oficialmente el caso de un trabajador fallecido a causa de esta enfermendad, así como denuncias de muchas otras empresas que no respetaron el aislamiento obligatorio decretado por la emergencia sanitaria. Además, en Lambayeque trabajadores denuncian condiciones que ponen en riesgo su salud, en particular la aglomeración de personas y la falta de implementos de protección.
Cabe resaltar que en este sector trabajan alrededor de unos 60 mil peruanos y peruanas, y la actividad está concentrada en regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque e Ica, así como las importantes plantaciones que vienen creciendo en Loreto y Ucayali. Lo llamativo es que muchas de estas regiones ocupan al mismo tiempo los primeros lugares en contagios por COVID19 luego de Lima. ¿Qué responsabilidad tienen en ello las empresas agroexportadoras, que en muchos casos no acataron la cuarentena y continuaron funcionando en condiciones que no garantizaban el derecho a la salud de sus trabajadores?
En muchos de estos casos, se trata de empresas solventes que forman parte de capitales internacionales o nacionales que han registrado importantes ganancias en los últimos años. El 2019, el sector agroexportador en su conjunto registró ventas por US$ 7462 millones, un incremento de 6.1% en comparación con el año anterior. Es decir, es un sector que tenía la capacidad de soportar los meses de cuarentena sin poner en riesgo a sus trabajadores. Más aún, se trata de un sector que tiene una serie de beneficios en asuntos tributarios y laborales gracias a la varias veces renovada Ley de Promoción Agraria.
Cabe resaltar que, a diferencia de otros sectores como el minero, no ha existido información pública por parte de las empresas, ni del propio Estado, al respecto de la evolución de contagios en este sector. Es urgente corregir esto y garantizar transparencia en cuanto a los contagios y a las medidas tomadas por las empresas.
