Las flexibilidades anunciadas por el gobierno que buscan la reactivación económica podrían beneficiar a quienes no tendrían por qué verse favorecidos por la emergencia. Una nueva resolución del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) abre excesivamente el abanico de posibles beneficiarios con el aplazamiento del pago de multas, según informa CooperAcción.
Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1500 establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID19. Esta norma establece claramente que su ámbito de aplicación comprende a “titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en infraestructura pública y servicios públicos”. En su artículo 8, este DL otorga a OEFA la facultad de regular el fraccionamiento y aplazamiento del pago de las multas ambientales impuestas por esta entidad a los titulares de proyectos de inversión.
El pasado 1 de junio, OEFA publicó su Resolución de Consejo Directivo 00007-2020-OEFA/CD, que aprueba el “Procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el marco de la Emergencia Nacional”. Esta norma estaría yendo más allá de los alcances del DL 1500, pues el artículo 2 establece que: “Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a toda persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de competencia del OEFA”.
Así pues, el alcance es mucho más amplio, y no aplicaría solo a proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos, sino a todas las actividades del ámbito de competencia del OEFA, incluyendo actividades pesqueras, mineras, hidrocarburos, entre otras.
Esta norma debiera corregirse de manera urgente para que empresas que han sido sancionadas por contaminar el medio ambiente, y que no están incluidas en el decreto que busca reactivar la inversión en infraestructura y servicios públicos, no resulten beneficiadas con la emergencia sanitaria.