El reporte de noticias de esta semana registra un conjunto preocupante de casos de contagio de COVID19 en el sector agroexportador. En Ucayali, Piura y Lambayeque, se han dado a conocer situaciones que revelan la vulneración al derecho a la salud de los trabajadores de esta rama. Destaca así mismo la poca voluntad mostrada por las empresas de informar de manera transparente la evolución de la pandemia en este sector.
En Ucayali, por ejemplo, se ha reportado que en la empresa Ocho Sur, de palma aceitera, casi el 90% de trabajadores testeados dio positivo al examen de COVID19. En Piura, se ha registrado oficialmente el caso de un trabajador fallecido a causa de esta enfermendad, así como denuncias de muchas otras empresas que no respetaron el aislamiento obligatorio decretado por la emergencia sanitaria. Además, en Lambayeque trabajadores denuncian condiciones que ponen en riesgo su salud, en particular la aglomeración de personas y la falta de implementos de protección.
Cabe resaltar que en este sector trabajan alrededor de unos 60 mil peruanos y peruanas, y la actividad está concentrada en regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque e Ica, así como las importantes plantaciones que vienen creciendo en Loreto y Ucayali. Lo llamativo es que muchas de estas regiones ocupan al mismo tiempo los primeros lugares en contagios por COVID19 luego de Lima. ¿Qué responsabilidad tienen en ello las empresas agroexportadoras, que en muchos casos no acataron la cuarentena y continuaron funcionando en condiciones que no garantizaban el derecho a la salud de sus trabajadores?
En muchos de estos casos, se trata de empresas solventes que forman parte de capitales internacionales o nacionales que han registrado importantes ganancias en los últimos años. El 2019, el sector agroexportador en su conjunto registró ventas por US$ 7462 millones, un incremento de 6.1% en comparación con el año anterior. Es decir, es un sector que tenía la capacidad de soportar los meses de cuarentena sin poner en riesgo a sus trabajadores. Más aún, se trata de un sector que tiene una serie de beneficios en asuntos tributarios y laborales gracias a la varias veces renovada Ley de Promoción Agraria.
Cabe resaltar que, a diferencia de otros sectores como el minero, no ha existido información pública por parte de las empresas, ni del propio Estado, al respecto de la evolución de contagios en este sector. Es urgente corregir esto y garantizar transparencia en cuanto a los contagios y a las medidas tomadas por las empresas.
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NOTICIAS
En empresa de palma en Ucayali, 90% de trabajadores testeados dieron positivo para COVID19
El día 09 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo informó en su página oficial que en compañía de la Dirección Regional de Salud Ucayali realizaron una visita a una empresa de palma aceitera con la finalidad de supervisar las condiciones laborales y sanitarias de sus trabajadores.
En el reporte, la Defensoría señala que se realizaron “pruebas de descarte a 39 personas, identificando que 34 de ellas tenía COVID-19, por lo que fueron puestas en aislamiento por 14 días dentro de las habitaciones que ocupaban en la misma fábrica. Además, se les inició el tratamiento y se acordó que sean monitoreadas por el personal de salud de la compañía. Asimismo, a fin de evitar la propagación del virus, la empresa deberá paralizar sus actividades durante este periodo”.
Si bien el reporte de la Defensoría del Pueblo no lo señala, el nombre de la empresa es Ocho Sur P, tal como lo han confirmado tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) como el portal de periodismo de investigación Convoca.pe.
IDL informó en su portal web que, junto con la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, el día 9 de junio han denunciado ante la Fiscalía Penal Corporativa de Campo Verde a la empresa Ocho Sur P., a través de su representante legal Serge Georges Verhaert. Los delitos que se atribuyen a esta empresa son de atentar contra las condiciones de seguridad y salud del trabajo, propagación de enfermedades peligrosas, violación de las medidas sanitarias, y trabajo forzoso.
Por su parte, Convoca ha publicado un extenso reportaje que recoge la voz de los trabajadores, quienes relatan la ausencia de medidas de protección sanitaria, aseguran que la empresa no entregó mascarillas y no tomó medidas de prevención.
Ocho Sur concentra sus trabajos en dos grandes plantaciones en las cercanías del distrito de Nueva Requena, al interior de la selva ucayalina, que ocupan casi 12.200 hectáreas deforestadas, según el Monitoring Andean Amazon Project, y representan el 12% del total del área cultivada de palma aceitera en el Perú.
La empresa agroexportadora Rapel SAC, ubicada en Piura, ha informado el fallecimiento a causa de coronavirus de Pedro Sandoval Iman, quien fuera jefe de logística de personal de la referida empresa. A la fecha se desconoce si la empresa ha hecho pasar por pruebas de descarte a sus trabajadores. Tampoco qué acciones desarrolló para implementar el Protocolo del Sector Agrario ante casos Sospechosos o confirmados del COVID19 establecido por el Ministerio de Agricultura el 03 de abril de 2020.
De acuerdo a información presentada a SUNAT, en el mes de marzo –ya con la cuarentena establecida por el gobierno central– Sociedad Agrícola Rapel declaró que 3 552 trabajadores estuvieron laborando y, en abril, 2 836. Existe una razonable preocupación pues durante ese mismo periodo, Piura presentó altas cifras de casos confirmados y fallecidos por el coronavirus y esta empresa y otras del mismo rubro no han dejado de operar en Piura.
“Rapel sigue trabajando en el medio Piura, en la zona conocido como el Papayo (…) por favor hagan algo, no nos pueden exponer de esa manera”, denunciaban trabajadores citados por el diario El Regional al inicio de la emergencia sanitaria. Las condiciones de trabajo no garantizarían las medidas sanitarias: “en el día han llegado como 70 buses con personal para realizar trabajo, los cuales se entremezclan entre sí y se exponen indebidamente a contraer el coronavirus”, señala la denuncia.
No es la única empresa agroexportadora acusada de no respetar la cuarentena nacional. Información periodística regional señala también a las empresas Agromar Industrial, Trupal, Agroaurora y Camposol, todas amparadas bajo el rubro de “alimentos” pese a producir exclusivamente para la exportación.
Cabe recordar que Piura es una de las principales regiones agroexportadoras del país, con más de 15 mil personas empleadas en este rubro. Al mismo tiempo, es una de las regiones más golpeadas por el COVID19, con más de 10 mil casos confirmados. Otras regiones que encabezan la lista de contagios por coronavirus, como Lambayeque y La Libertad, también se caracterizan por la importancia del sector agroindustrial. Estos elementos encienden las alarmas acerca de si las empresas de este sector están tomando las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Urge que las autoridades competentes –Gobierno Regional de Piura, Defensoría del Pueblo y Sunafil– realicen labores de fiscalización que permitan establecer con claridad la situación actual de los trabajadores de estas empresas.
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Trabajadores de Agropucalá denuncian que son obligados a viajar aglomerados
Trabajadores de Agropucalá denuncian que son obligados a viajar aglomerados
Trabajadores de la Empresa Agropucalá, ubicada en la región Lambayeque, han denunciado que esta empresa agroexportadora los obliga a viajar aglomerados en buses y camiones para dirigirse a los campos de caña de azúcar.
Los obreros difundieron material audiovisual donde se aprecia gran cantidad de personas en el interior de un bus contratado por la empresa, en condiciones en que resluta imposible respetar la distancia física. Se observa también la falta de mascarillas, así como el hecho de que se les brinda agua en el mismo vaso, sin respetar los protocolos de salud.
Los denunciantes informan que serían más de mil trabajadores que a diario se trasladan de esta forma, y que la empresa les brinda mascarillas de mala calidad y les debe el pago de sus salarios. Los trabajadores han enviado documentos denunciando estos hechos al Ministerio de Trabajo.
En declaraciones a medios de prensa, la empresa Agropucalá ha negado estas acusaciones, asegurando que cumple con los protocolos de salud. Sin embargo, los videos son elocuentes respecto de cómo no se está garantizando condiciones básicas de salud y seguridad para los trabajadores de esta empresa agroindustrial, vulnerando de esta manera sus derechos.
Esta información se suma a la que el 12 de mayo publicó la Superintendencia de Inspección Laboral (SUNAFIL) en la que señaló que 33 empresas agroexportadoras de Lambayeque no cuentan con sistema de prevención en el departamento de Lambayeque. Los inspectores de SUNAFIL identificaron “que 18,014 trabajadores fueron afectados ante el incumplimiento de sus propios Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de cada empresa”.
Un trabajador de la empresa de repartos Glovo ha denunciado que ésta no se está haciendo responsable por el contagio de COVID19, pese a las promesas y pese al Protocolo del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
El denunciante firmó el pasado 28 de mayo su nuevo contrato con la empresa Glovo y fue citado a un “proceso de desinfección” en el Estadio Nacional, en donde encontró gran aglomeración de personas pese a las recomendaciones de distanciamiento físico. “No me llegaron a atender, era una locura, te hacían esperar, y te decían regresa en media hora. Había como 400 personas aproximadamente. Me quedé hasta después de las diez de la mañana. Los compañeros estábamos pegados, llegaba la Policía y nos invitaba a retirar. Tuve miedo de seguir exponiéndome, así que me salí de la cola y me regresé a casa”, explica el denunciante en declaraciones a La Mula.
Luego de ello empezó a sentir los síntomas y a los dos días confirmó su diagnóstico en el hospital Negreiros, en El Callao. Aislado en su casa, el denunciante se comunicó con la empresa Glovo, pero no obtuvo respuesta sobre lo que le debería corresponder al haber sido diagnosticado con coronavirus.
Cabe indicar que según el protocolo aprobado por PRODUCE, los repartidores deben contar con un seguro privado de salud contra el COVID19, pero el denunciante señala que no está recibiendo ningún tipo de asistencia de salud. Ademásm PRODUCE establece que las empresas deben garantizar un monto de dinero para los trabajadores diagnosticados con esta enfermedad para que sea soporte durante el tiempo que no pueda prestar sus servicios. Este “Fondo Económico Para Repartidores Diagnosticados con Covid-19”, tampoco se estaría aplicando en este caso. El denunciante dice solo estar recibiendo apoyo económico de su familia.
Más aún, pese a haber informado a la empresa de su situación, ha seguido recibiendo repartos asignados, con lo cual la empresa expondría su salud y la de otras personas.
Cabe señalar que para que los repartidores de Glovo u otras empresas de plataformas digitales salgan a trabajar, el PRODUCE no ha establecido en el protocolo que se les realicen pruebas para COVID19 de manera periódica, a pesar de que esta labor es reconocida como una actividad de alto riesgo. El PRODUCE solo pide que diariamente se le tome la temperatura a los repartidores.
Este trabajador, que no cuenta con ninguna fuente de ingresos, está sin embargo cumpliendo con el aislamiento obligatorio. ¿Cuántos casos más como el suyo existirán, sin que la empresa Glovo se haga responsable?
Ante las continuas denuncias de que la empresa minera Shougang Hierro Perú, ubicada en Marcona (Ica), estaría vulnerando el derecho de los trabajadores a la salud, al exponerlos al riesgo de contagio por COVID19, se anunció una inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Sin embargo, esta inspección no se habría realizado de manera adecuada, según informan fuentes sindicales.
Los sindicatos cuestionan que el premier Vicente Zevallos haya anunciado el día anterior, en un evento público, que SUNAFIL realizaría una “visita inopinada”, lo cual habría puesto en alerta a la empresa.
Los trabajadores señalan en un pronunciamiento que “la inspección laboral que SUNAFIL está realizando hoy (8 de junio) en la concesión minera de Shougang no garantiza una fiscalización debida a las denuncias realizadas por nuestra representación sindical en defensa del trabajo, la vida y salud de los trabajadores en medio de la pandemia del Covid-19 que azota a nuestro país, respecto a la violación del Protocolo de Bioseguridad Covid-19 establecido por ley”.
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Alertan exceso de OEFA en aplazamiento del pago de multas ante COVID19
Las flexibilidades anunciadas por el gobierno que buscan la reactivación económica podrían beneficiar a quienes no tendrían por qué verse favorecidos por la emergencia. Una nueva resolución del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) abre excesivamente el abanico de posibles beneficiarios con el aplazamiento del pago de multas, según informa CooperAcción.
Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1500 establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID19. Esta norma establece claramente que su ámbito de aplicación comprende a “titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en infraestructura pública y servicios públicos”. En su artículo 8, este DL otorga a OEFA la facultad de regular el fraccionamiento y aplazamiento del pago de las multas ambientales impuestas por esta entidad a los titulares de proyectos de inversión.
El pasado 1 de junio, OEFA publicó su Resolución de Consejo Directivo 00007-2020-OEFA/CD, que aprueba el “Procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el marco de la Emergencia Nacional”. Esta norma estaría yendo más allá de los alcances del DL 1500, pues el artículo 2 establece que: “Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a toda persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de competencia del OEFA”.
Así pues, el alcance es mucho más amplio, y no aplicaría solo a proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos, sino a todas las actividades del ámbito de competencia del OEFA, incluyendo actividades pesqueras, mineras, hidrocarburos, entre otras.
Esta norma debiera corregirse de manera urgente para que empresas que han sido sancionadas por contaminar el medio ambiente, y que no están incluidas en el decreto que busca reactivar la inversión en infraestructura y servicios públicos, no resulten beneficiadas con la emergencia sanitaria.
El pasado 3 de junio el alcalde del distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas, en la región Ayacucho envió una carta a la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas- Coracora para denunciar a la empresa South America Mining Investments- SAMI SAC por no acatar las disposiciones sanitarias del estado de emergencia y poner en riesgo la salud de los comuneros y comuneras.
En la carta, el alcalde Adrián Geldres señaló que la empresa ha estado operando con total normalidad, con vehículos que han estado transportando insumos y desplazando personal de distintos puntos del país. El alcalde de Chumpi indicó que el 2 de junio se reportaron casos positivos de COVID-19 en algunos trabajadores de SAMI SAC, dentro de los cuales estarían vecinos del distrito de Chumpi. Se señaló también que la empresa habría estado ingresando personal en horas de la noche, durante el horario de toque de queda dispuesto por el gobierno.
Por medio de la carta se solicitó la intervención inmediata de las autoridades para paralizar las actividades de la empresa y para que se hagan las pruebas de descarte necesarias y con ello se evite la propagación del virus en el distrito.
Pronunciamiento: Solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores: en riesgo por la industria minera que busca aprovecharse de la pandemia.
Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS y Derechos Humanos sin Fronteras.
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