Mediante carta enviada por el Gerente de Gestión y Desarrollo Humano de la empresa TopiTop, Manuel Ortiz Sánchez, el 29 de abril, la empresa textil informó al sindicato que “se ha visto precisada a recurrir a la Suspensión Perfecta de Labores debido al nivel de afectación económica que tiene a la fecha”. Es así como 277 trabajadores del grupo TopiTop fueron suspendidos de sus labores. Sin embargo, el detalle es que todos los suspendidos son trabajadores afiliados al sindicato, incluidos 11 dirigentes sindicales.
Esta decisión se ha tomado pese a que TopiTop es una de las empresas líderes y los denominados “casos de éxito” del sector textil y confecciones, con siete marcas textiles, más de 70 tiendas en 32 países y 20 mercados online. ¿El exitoso grupo TopiTop no puede sostener el pago de la planilla de sus trabajadores? Veamos algunos números de éxito que el propio fundador y dueño del grupo TopiTop menciona en una entrevista en 2016. Sobre la rentabilidad de la empresa, Aquilino Flores Conislla menciona: “tenemos ingresos de 200 millones de dólares anuales, con ventas de 160,000 prendas diarias”.
No es la primera vez que TopiTop recurre a prácticas antisindicales. Basta con hacer una búsqueda por Internet para encontrar las acciones que el grupo ha emprendido contra los trabajadores afiliados al sindicato: despidos arbitrarios e incumplimientos a sentencias judiciales a favor de las reposiciones de los trabajadores. Del mismo modo, son bastante conocidas las minúsculas tarifas de pago a pequeños talleres en todo Lima, porque la gran producción destinada a la exportación de esta exitosa empresa, no se da abasto.
En el 2015 el sindicato mundial IndustriALL exigió al grupo responder sobre las condiciones de explotación laboral a la que sometían a sus trabajadores, condiciones comparables con la semiesclavitud en Bangladesh. La aprobación de la Suspensión Perfecta de Labores durante el periodo de cuarentena se ha constituido en una nueva herramienta de vulneración de derechos humanos. Esta vez las empresas privadas con la autorización del Estado y sin mayor regulación y fiscalización han puesto a miles de personas trabajadoras, defensores de los derechos laborales y a sus familias en una grave situación de riesgo en un contexto de emergencia mundial por la pandemia. El Estado Peruano ha ratificado normas internacionales y tiene la obligación de proteger a las personas frente a la violación de sus derechos humanos y reafirmarse en este desafiante escenario en la protección de los trabajos, el salario digno y la libertad sindical.