Más dudas que certezas en la reapertura económica.
Pese a que cada semana se alcanzan nuevos récords de contagio, el país ha entrado ya a una fase de progresivo reinicio de actividades económicas. Quedan muchas preguntas: ¿si no se pudo garantizar que muchas empresas respetaran la cuarentena, cómo se va a garantizar ahora que cumplan con los protocolos sanitarios para evitar que sus trabajadores, o las comunidades donde se ubican, sean expuestos al posible contagio de COVID19?
El reporte Derechos en Emergencia viene registrando semana a semana casos de empresas que exponen a sus trabajadores sin garantizar la debida diligencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanidad. Tiendas y grandes almacenes, como Saga Falabella; empresas mineras, como Shougang, Antamina o Buenaventura; así como la industria pesquera y conservera; entre otras, vienen siendo denunciadas por sus trabajadores y trabajadoras por no cumplir con los protocolos. Es urgente que el Estado fortalezca la fiscalización y haga cumplir con la obligación de las empresas de cautelar el derecho a la salud en el marco de la pandemia. Para ello, es clave el diálogo con los sindicatos y organizaciones sociales que vienen cumpliendo un rol protagónico en la defensa de derechos.
Al mismo tiempo, como se evidencia en el reporte de esta semana, existen empresas que vienen aprovechando la crisis para golpear a las organizaciones sindicales o tomar medidas antilaborales que en otras condiciones no hubieran podido tomar tan fácilmente. Según la información oficial, el 3% de las 28 mil solicitudes de “suspensión perfecta” han sido realizadas por empresas de más de 100 trabajadores, lo que equivale a 840 empresas. En algunos casos, el contraste entre las ganancias de estas empresas y su falta de voluntad para sostener la planilla de sus trabajadores durante los meses de emergencia es notorio, como en los casos de Aceros Arequipa o TopiTop. En esta última empresa, además, el hecho de que todos los trabajadores “suspendidos” sean afiliados al sindicato habla más de una estrategia antisindical que de una necesidad económica.
No se puede aprovechar la crisis para violar derechos. Eso no es construir la “nueva convivencia” de la que se ha hablado.