El Ministerio de Justicia ha anunciado que el próximo viernes 5 de junio se realizará la primera sesión virtual del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH (PNA). En la convocatoria a la reunión multi-actor, el MINJUS señala que en este contexto de pandemia se busca “cumplir con el objetivo de contar en el más breve plazo posible con un plan nacional de acción que, incorporando las voces de todos los actores con base en un diálogo de buena fe, responda tanto a los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, al nuevo contexto generado por la Covid-19, y a las necesidades del país”.
El nuevo contexto de la pandemia marca sin duda el proceso para la elaboración de esta PNA, uno de los compromisos asumidos por el país en el marco de los espacios de Naciones Unidas. Según el cronograma propuesto por el MINJUS, se proyecta la realización de cinco conversatorios virtuales en las próximas semanas, el primero de los cuales tendrá como eje “la respuesta frente al Covid-19 en el PNA”- Otros temas a tratar serán el problema de la informalidad en el Perú; género y empresa; defensores de derechos humanos; y pueblos indígenas y empresa. Además, se realizarán talleres especializados con sindicatos, funcionarios, pueblos indígenas, sociedad civil y MYPES regionales; así como diálogos regionales y reuniones multi-actor.
Se espera que a inicios del 2021, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH sea aprobado por el Consejo de Ministros e inicie su implementación.
Cabe resaltar que la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y DDHH ha hecho llegar al Gobierno peruano el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Nacione Unidas que realizara una visita al país el año 2017. A raíz de dicha visita, el Grupo de Trabajo emitió un conjunto de recomendaciones. Como parte del proceso de diagnóstico en el marco de la elaboración del Plan de Acción Nacional, las organizaciones de sociedad civil han realizado este Informe de Seguimiento con el objetivo de identificar los avances y los pendientes en este ámbito. Entre sus conclusiones, el informe señala que “no existe una instancia del
Ejecutivo que centralice y coordine las acciones del Estado para atender –de manera orgánica y sistemática– las recomendaciones presentadas por el GT–NNUU al Gobierno”