Editorial

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  Se inicia una nueva etapa en la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos
  La crisis económica y social que ha desatado la pandemia del coronavirus en nuestro país ha terminado por evidenciar la precariedad de la protección de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, poniendo en debate, como reflexionábamos la semana pasada, la continuidad misma del modelo económico sobre el que se sustenta el llamado “milagro” peruano. Un modelo que se sustenta sobre los continuos abusos y explotación de los asalariados y la desprotección de las víctimas directas e indirectas de las actividades económicas, en particular, las extractivas; como son las comunidades originarias y pueblos indígenas. Ante esto es necesario cambiar la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, y una oportunidad para ello es mediante la elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA) de Empresas y Derechos Humanos, que tiene por objetivo que se garanticen las condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de acuerdo al respeto del estándar internacional.