#DerechosEnEmergencia – Reporte semanal 03/09/2020

REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

03 de septiembre de 2020 – Perú. Año 1, #16

 

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En esta edición:


EDITORIAL

Ver editorial en la web:  http://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/08/26/derechosenemergencia-reporte-semanal-26-08-2020/

 

Habrá contagios, pero las ganancias no pueden parar

 

El principal gremio de la gran empresa, la CONFIEP, ha entregado al premier Walter Martos su propuestas económicas ante la crisis causada por el COVID-19. El documento, titulado “Agenda de Reactivación 2020”, incluye propuestas en diversos ámbitos: empleo, infraestructura, minería e hidrocarburos, entre otros. Pero leyendo el documento, encontramos el mismo discurso de siempre: flexibilizar el trabajo, reducir los trámites y controles, y poner las ganancias empresariales por encima de los derechos de las personas.

La CONFIEP ha insistido en que es necesario un shock de inversión pública para estimular el empleo en el país, y no retroceder en el reinicio actual de las actividades. La presidenta de este gremio, María Isabel León, no lo ha podido expresar mejor: “Reiniciar actividades económicas va a generar contagios, seguramente, pero hay que extremar las condiciones de cuidado. Las personas deben entender que se tienen que cuidar y continuar la vida”. Así de duro: habrá contagios, pero las empresas tienen que seguir produciendo. Las ganancias no pueden parar.

Y vaya que la CONFIEP tiene capacidad de presión: en la entrevista publicada el domingo, la presidenta del gremio empresarial dijo que “debemos evaluar algunos temas, como la reapertura de fronteras y reinicio de vuelos internacionales, que deberíamos ver hacia octubre”. Tres días después, el miércoles 02 de setiembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que los vuelos internacionales se reiniciarán el 01 de octubre. Esto pese a que el mismo ministro había dicho hace dos semanas que recién se podría pensar en la reapertura de vuelos para mediados del 2021.

Regresando al documento de la CONFIEP, entre las propuestas que generan preocupación, encontramos las siguientes:

  • acelerar la mal llamada “suspensión perfecta”: la CONFIEP pide una “aprobación más simplificada” de esta figura que ya ha permitido dejar sin ingresos a miles de trabajadores, muchos de ellos de grandes empresas que sí podían absorber ese costo (y más aún: algunas de las cuales encima recibieron préstamos avalados por el Estado para “no romper la cadena de pagos”).
  • crear un “régimen laboral de emergencia” que permita reducir remuneraciones y prorratear gratificaciones y CTS.
  • facilitar la liberación de predios para obras de infraestructura reduciendo lo que CONFIEP llama “permisología” (pese a que ya en años anteriores se han dado sucesivas normas que, precisamente, han facilitado el acceso a predios para este tipo de obras, normas que en muchos casos ponen en riesgo el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas, en particular de aquellas que aún no se encuentran tituladas).
  • “simplificar” los procedimientos administrativos que regulan la actividad minera “garantizando el equilibrio de los aspectos económicos, sociales y ambientales”. Esto, pese a que este mismo gobierno -en esta misma crisis- y los gobiernos recientes ya han simplificado una y otra vez estos procedimientos, emitiendo una serie de normas y modificaciones a los reglamentos del sector minero. ¿Qué más queda por “simplificar”?
  • eliminar el derecho a consulta previa para los pueblos indígenas en la etapa de exploración minera, y reemplazarlo por una figura de “acuerdo previo”. Ello ignorando que la consulta previa es un derecho, reconocido por el Perú en la legislación nacional e internacional, y que no puede considerarse un “mero trámite” pues su objetivo es lograr un diálogo intercultural sustantivo.
  • reducir los “sobrecostos” de la actividad pesquera, en particular el de “control y vigilancia”.
  • mantener el régimen laboral de la agroexportación, un régimen que propicia el crecimiento del sector a costa de derechos laborales recortados.
Como vemos, una vez más la CONFIEP insiste en aprovechar una crisis para avanzar en la agenda de siempre: menos regulación, menos derechos laborales, menos derechos para las comunidades indígenas. Todo esto que el gremio de la gran empresa llama “sobrecostos” o “permisología” son en realidad derechos humanos, como la consulta previa y los derechos laborales; y herramientas del Estado para garantizar derechos humanos, como las regulaciones ambientales que buscan cautelar el derecho a un ambiente sano.

 

Ya no es una novedad: por ejemplo, la caída económica internacional del 2012-2013 llevó a la aprobación del “paquetazo anti-ambiental” con muchas disposiciones que hasta hoy siguen vigentes; el bajón en los precios de los minerales de hace unos años llevó a la emisión de nuevos reglamentos que ya “simplificaron” procedimientos administrativos y ambientales; este mismo gobierno, ante las propuestas de la CONFIEP, ya aprobó la “suspensión” laboral y ya flexibilizó los protocolos sanitarios. Ya conocemos a dónde lleva esa “carrera hacia el fondo”: a un país cada vez más precario, sin derechos sociales y con un Estado incapaz de regular.

Lo que requerimos es, en cambio, una reactivación que amplíe el trabajo estable y con derechos; que impulse la transformación hacia una economía sostenible con un ambiente sano; y que ponga en el centro el bien común y los derechos de todas las personas.

 

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NOTICIAS


El lunes inicia foro latinoamericano sobre empresas y derechos humanos

Ver noticia en la web: http://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/09/02/el-lunes-inicia-foro-latinoamericano-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

 

 

El próximo lunes 7 de setiembre se iniciará el V Foro  Regional  sobre  Empresas  y  Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, el mismo que tendrá lugar de manera virtual a lo largo de toda la semana. El encuentro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. En el foro, que se realiza por quinta oportunidad, se dan encuentro gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

 

Este año, en el contexto de las respuestas al COVID-19, el foro regional se llevará a cabo por primera vez de manera virtual. En la nota de convocatoria, se señala que “La pandemia plantea desafíos sin precedentes para la región latinoamericana, al tiempo que refuerza las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes. Los llamamientos para poner a  las personas y  al planeta  en el  centro  de  las  respuestas a  la  pandemia  de  COVID-19,  para considerar tanto las consecuencias económicas como sociales, y para garantizar una recuperación inclusiva, responsable  y  sostenible  han  sido  unánimes”.  En  este  contexto, el foro explorará cómo los  estándares  de  conducta  empresarial  responsable pueden contribuir a  definir  e implementar respuestas al COVID-19, y a otros desafíos mundiales como la emergencia climática, que sean sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.

Desde el Perú, la sociedad civil tendrá una importante presencia en el diálogo:

– el día lunes 7 a las 8:30 am, Carmen Chambi, ciudadana de la provincia cusqueña de Espinar y vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, participará de la mesa “Pueblos Indígenas en el contexto empresarial de América Latina y El Caribe”. En esta mesa también participan Aurelio Chino, Presidente de FEDIQUEP, y Miguel Guimaraes, Presidente de FECONAU.

– el martes 8 a las 10:30 am, se realizará la mesa “Promoción de las empresas responsables y los derechos humanos en América Latina y el Caribe” con participación de Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

– el martes 8 a las 13:00 horas se realizará la mesa “Planes de Acción Nacionales en materia de empresas y derechos humanos”, donde participará Juan Pedro Chang en representación de las centrales sindicales del Perú.

– el día jueves 10 a las 9:00 horas se realizará la mesa “Captura del Estado, corrupción y derechos humanos”, que contará con la exposición de Alejandro Silva Reina por parte de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

– el día jueves 10 a las 10:30 tendrá lugar la mesa “Consulta y consentimiento previo, libre e informado en Latinoamérica: Lecciones aprendidas y principales desafíos”, con la participación de Melania Canales por parte de la organización de mujeres indígenas ONAMIAP, y de Miguel Lévano en representación de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

– el día jueves 10 a las 12:30 está programada la mesa “Estrategias de la Sociedad Civil para responder a los impactos de las actividades extractivas en los derechos humanos en el contexto de la pandemia”, en donde participarán Carmen Chambi, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Leonidas Wiener por parte de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

El programa completo puede encontrarse en esta dirección: https://www.vfororegional.org/programa

Como en años anteriores, los resultados de los debates del Foro Regional se incorporarán a la novena sesión del Foro de las Naciones Unidas  sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos,  que  se  celebrará  del  16  al  18  de  noviembre  de  2020  en Ginebra, y se centrará en las acciones necesarias para fomentar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, con un enfoque particular en las acciones preventivas.

Para inscribirse, hay que acceder a este enlace: https://www.vfororegional.org/registro

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Más de 27 mil denuncias laborales durante el estado de emergencia

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Foto: SUNAFIL

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, desde que se dictó el inicio del estado de emergencia hasta la fecha, se han contabilizado 27.107 denuncias a través de la vía virtual. Además atendieron 108.834 consultas respecto a derechos sociolaborales, seguridad y salud en el trabajo.

 

Uno de los principales temas se vinculan a la salud y seguridad en el trabajo, por lo que la Sunafil indicó que a la fecha se han ejecutando 6.156 órdenes de fiscalización en esta materia. Entre estas se encuentra el uso de equipos de protección personal, las condiciones de seguridad, tanto en el lugar de trabajo como en las instalaciones civiles y maquinarias.

Con información de La República

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Repartidores de empresas Glovo y Rappi dan positivo para COVID-19

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Foto: Municipalidad de Miraflores
 
El pasado domingo 30 de agosto, la municipalidad de Miraflores realizó un operativo en el que intervino a un total de 47 trabajadores de reparto a domicilio. Al hacerles la prueba rápida, el 40% de ellos dio positivo para COVID-19. La mayoría de los repartidores examinados trabajaba para las empresas Glovo y Rappi.

 

Lo preocupante es que este tipo de empresas de reparto a domicilio mediante “aplicativos” no asumen una responsabilidad o una relación laboral con los trabajadores que realizan este servicio. Como se sabe, estas empresas consideran a los repartidores como “terceros independientes” que “colaboran” realizando el servicio de delivery. De esta manera, evitan una serie de costos asociados a la contratación formal de trabajadores.

En el caso de estas app de reparto a domicilio, el ministerio de la Producción emitió un protocolo (Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE) donde establece una serie de condiciones para este sector. Sin embargo, el protocolo no establece la realización de pruebas periódicas, pese a que se trata de trabajadores que tienen contacto constante con muchas personas, lo que evidentemente los expone al riesgo de contagio.

 

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82 periodistas han fallecido por COVID-19 en 5 meses de emergencia nacional en el Perú

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Foto: El Comercio
 
En los cinco meses de emergencia nacional, iniciada el 16 de marzo, han muerto un total de 82  como consecuencia del coronavirus, 35 de ellos contagiados durante su actividad periodística. En el transcurso de este periodo, la provincia con más casos ha sido Lima, con un total de 18 decesos; seguida de Iquitos con 6; luego están Arequipa, Chincha, Cusco, Santa y Tumbes con 4 cada una; y Piura con 3.

 

Esta información ha sido registrada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP que, desde el inicio de la emergencia nacional, ha mantenido una permanente acción de monitoreo de la situación de periodistas en todo el país.

En ese sentido, la ANP ha expresado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de proteger a los hombres y mujeres de prensa que vienen realizando su trabajo en primera línea sin cesar desde que comenzó la pandemia.

La ANP señala que todas las empresas mediáticas deben cumplir con la legislación, en ese sentido recuerdan que según el DS 008-2020-SA: “en todos los centros laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19”. Lo que se alinea con el artículo 60 de la ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) que manda a los empleadores a proporcionar “a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones”.

Con información de la Asociación Nacional de Periodistas

 

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Gobierno cede a presión empresarial y anuncia reinicio de vuelos internacionales

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Foto: GEC
La operación de vuelos internacionales, paralizados por el cierre de fronteras para evitar los contagios por coronavirus (COVID-19), se reiniciarán a partir del 1 de octubre, anunció este miércoles el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

 

“La fecha ya está definida, nosotros hacemos la programación de vuelos por mes. Entonces (será) el 1 de octubre, ya está concertado para que sea esa fecha”, afirmó el titular del MTC, Carlos Estremadoyro.

El ministro indicó que durante setiembre se terminará de definir con las aerolíneas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el protocolo sanitario a seguir para evitar los contagios de COVID-19.

“Hay que preparar el sistema y para ello hemos establecido que todo este mes de setiembre vamos a preparar, se va a hacer la venta de pasajes, se va a organizar el tema de los protocolos sanitarios para lo cual nosotros ya hemos hecho una propuesta a las aerolíneas”, refirió.

Estremadoyro dijo que algunas aerolíneas ya han aceptado las propuestas hechas por el Ejecutivo, mientras que con otras aún mantienen las discusiones para llegar a un acuerdo.

Lo que llama la atención es que hace solo dos semanas, el mismo ministro había dicho algo completamente diferente: que el cierre de fronteras debe continuar hasta que a nivel nacional no haya tanta demanda hospitalaria por los casos de contagios, y que se reabrirían los vuelos y viajes internacionales a mediados de 2021. ¿Tendrá algo que ver en este cambio la propuesta de la CONFIEP, cuya presidenta declaró el domingo que se deberían retomar los vuelos en octubre?

Con información de El Comercio

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Los Olivos: cámaras muestran responsabilidad de la Policía en operativo que dejó 13 personas muertas

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El gobierno peruano ordenó el lunes (31.08.2020) una investigación interna en la policía, tras divulgarse imágenes inéditas que contradicen la versión oficial sobre la muerte de 13 personas durante una estampida en una discoteca de Lima, en un allanamiento en plena pandemia.

 

Imágenes grabadas por una cámara de seguridad de la discoteca Thomas RestoBar y difundidas en medios locales muestran que un policía cerró la puerta del local momentos antes de la estampida fatal, todo lo contrario a lo expuesto en la versión oficial.

«El ministro del Interior, con el nuevo conocimiento de la información que le han dado, está disponiendo las acciones a través de Inspectoría de la Policía Nacional», declaró el ministro de Defensa, Jorge Chávez.  «Ahora, ante la luz de los hechos, se tienen que tomar otro tipo de medidas», agregó.

El escuadrón policial que intervino la noche del 22 de agosto para detener esa fiesta, prohibida en función de las restricciones vigentes por la pandemia, aseguró que la puerta se cerró por la estampida de un centenar de asistentes que querían huir. El gobierno utilizó esa versión como oficial.

El presidente Martín Vizcarra pidió hace una semana una «rigurosa investigación» de la tragedia.

Por el momento, la justicia impuso 18 meses de prisión preventiva contra Job Luque, supuesto organizador del evento en esa discoteca, situada en el distrito de Los Olivos.

Con información de DW

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Espinar: presentan informe ante la CIDH sobre violación de derechos humanos durante la protesta

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Imagen: Red Muqui

El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización Derechos humanos sin fronteras; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del Comité de Lucha de Espinar; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.

 

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Con información de Red Muqui

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Loreto: necropsias confirman que indígenas murieron por impactos de bala durante protesta contra PetroTal

Ver noticia en la web: http://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/09/02/loreto-necropsias-confirman-que-indigenas-murieron-por-impactos-de-bala-durante-protesta-contra-petrotal/

Imagen: Ojo Público

EDe acuerdo con los certificados de necropsia a los que accedió Ojo Público, Wilian López Ijuma, de 29 años, y Chemilton Flores Crispín, de 37, murieron por impactos de proyectiles de armas de fuego. El primero recibió disparos en el abdomen y el tórax, que le perforaron el estómago y el pulmón izquierdo; mientras que a Flores los balazos le alcanzaron la pelvis y el muslo derecho.

 

Como se recuerda, López y Flores, indígenas kukama, murieron durante la represión policial contra la protesta que realizaban inicios de agosto en la localidad de Bretaña, contra la empresa petrolera PetroTal, y exigiendo entre otras cosas medicinas para afrontar el COVID-19, así como un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo, para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua, saneamiento y energía eléctrica, servicios básicos de los que carecen.

La abogada Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), dijo que en nuestro país existe una clara tendencia en la Policía de usar la fuerza en exceso. “La Policía utiliza la fuerza letal, incluso con mucha mayor frecuencia, cuando se encuentra frente a ciudadanos indígenas”, alertó.

Con información de Ojo Público

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PRONUNCIAMIENTOS


DECLARACIÓN DE LA CAMPAÑA GLOBAL SOBRE EL SEGUNDO BORRADOR DEL TRATADO VINCULANTE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Ver en la web: http://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2020/09/02/declaracion-de-la-campana-global-sobre-el-segundo-borrador-del-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

Las organizaciones miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad tomamos nota de la publicación del segundo borrador revisado del tratado vinculante. Publicado el 6 de agosto de 2020, el nuevo texto para la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales (ETN) en materia de derechos humanos se enmarca en el proceso iniciado con la adopción de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) y en teoría como resultado de los debates establecidos en el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de octubre 2019.

Es necesario recordar que el propósito de desarrollar instrumentos internacionales para la protección de los Derechos Humanos es el resultado de las luchas históricas de los movimientos sociales y las comunidades afectadas, así como de los avances legales obtenidos a lo largo de décadas, con el objetivo final de ampliar el espectro de garantías a la dignidad de la persona humana, debido a las violaciones que se han perpetuado y que permanecen sin respuesta a la altura.

Para estar en consonancia con la lógica y los fundamentos de la Resolución 26/9, el Tratado Vinculante debe ser un instrumento jurídico que dé un paso hacia adelante en relación con los que ya existen a nivel internacional. En este sentido, por ejemplo, debe innovar y ir más allá a los Principios Rectores de la ONU que, si bien han cumplido un papel en el proceso histórico, son insuficientes para garantizar acceso a justicia a los afectados por la operación de las ETNs. El Tratado vinculante tiene que resolver el vacío jurídico reglamentario que existe actualmente en relación a las empresas transnacionales.

Por lo tanto, después de una primera lectura del nuevo borrador, queremos expresar nuestra preocupación en lo que respecta a la capacidad del futuro instrumento para alcanzar su objetivo primario de regular las actividades de las ETNs. De manera general, a pesar de algunas evoluciones positivas, el borrador sigue en la línea del anterior: débil en aspectos fundamentales para el logro de los objetivos previstos por la Resolución 26/9.

En primer lugar, consideramos grave que se mantenga y se exacerbe la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas, sin distinción, diluyendo de forma extrema el propósito histórico del instrumento y la Resolución 26/9 que se refiere con claridad a las empresas “con actividad transnacional”. Es como si el actual tratado perdiese su alma.

Además, es necesario resaltar que muchas de las propuestas formuladas por los movimientos sociales, representantes de las comunidades afectadas y estados durante la quinta sesión no fueron incluidas. Entre otras, resaltamos : la ausencia del reconocimiento de obligaciones de respeto de los derechos humanos para las ETNs ; la omisión de incluir a las cadenas globales de producción, pilares de la arquitectura corporativa internacional; la falta de mecanismos jurídicos internacionales eficaces de aplicación del Tratado y de sanción en caso de no cumplimiento, como la propuesta de Corte internacional; y la falta de reconocimiento inequívoco de la primacía de las normas internacionales de derechos humanos sobre cualquier otro instrumento jurídico, en particular sobre los acuerdos de comercio e inversión. Nos alarma también, la deficiencia de disposiciones para encarar el problema de la captura corporativa, cuestión central para neutralizar la asimetría drástica de poder entre grandes ETNs y estados, sobre todo en el sur global.

Adicionalmente el borrador de tratado nuevamente deja por fuera la imposición de responsabilidad solidaria a todas las empresas involucradas en una violación a lo largo de la cadena global de valor, y debilita el texto anterior en cuanto a la responsabilidad de las empresas controladoras o casas matrices.

Estas deficiencias representan un gran riesgo para la efectividad del tratado, diluye los esfuerzos de regulación de todas las especificidades de la arquitectura empresarial transnacional y de la impunidad que resulta, optando por dispositivos más genéricos, y siempre dependientes de la voluntad política de los Estados. En definitiva, estamos frente a un borrador de tratado en gran parte vaciado de su alcance transnacional, es decir vaciado de su razón de ser.

Otro elemento importante para tener en cuenta, es que una negociación de la relevancia de ésta, en la cual la presencia y activa participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de afectados y afectadas, y de los movimientos sociales, ha sido uno de los pilares centrales y sostén de este proceso, desde sus orígenes hasta la actualidad, no puede dejar de considerar las circunstancias generadas por la pandemia de Covid-19. Son muchos los obstáculos que ésta presenta para que podamos participar satisfactoriamente, incluyendo la atención de la emergencia en los territorios, hasta la imposibilidad o el riesgo de viajar y estar presentes en la negociación. Igualmente se ve afectada profundamente la posibilidad de llevar a cabo un proceso de preparación y movilización de las comunidades y personas involucradas para llevar a la negociación sus demandas sobre os contenidos. Estos desafíos no nos permiten involucrarnos a la altura de la importancia de este tratado.

En este sentido, consideramos que no están dadas las condiciones adecuadas para la realización de la sexta sesión del Grupo de trabajo en modo negociación y que en su lugar deben ser exploradas posibilidades alternativas, como por ejemplo la realización de consultas sobre el nuevo borrador, las cuales deben cumplir condiciones para garantizar la inclusividad y la participación de la sociedad civil. Llevar a cabo las negociaciones en un contexto en el que la participación social se ve disminuida corre el grave riesgo de comprometer la contribución esencial de los actores de la sociedad civil, en particular de las personas afectadas por las actividades de las ETNs. Avanzar en estas condiciones deterioraría la legitimidad de un proceso que hasta ahora ha sido muy rico, justamente debido a la activa participación de diferentes actores, en particular de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.

Más información en este enlace: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es

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EVENTOS

V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (Semana virtual)

Fecha: 7 al 11 de setiembre de 2020

Inscripciones aquí.


COMUNICACIÓN GRÁFICA

RED MUQUI


Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.

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