#DerechosEnEmergencia – Reporte semanal 05/08/2020

REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

05 de agosto de 2020 – Perú. Año 1, #12

¡NUEVO! Reporte en audio

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EDITORIAL

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«QUE DIOS NOS AYUDE»

Se cumplen 30 años del shock económico y de la frase infame del entonces ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, ante la crisis social causada por las reformas: “que Dios nos ayude”. Poco parece haber cambiado: estamos ante una “reactivación” impuesta a marchas forzadas por la urgencia económica, y ante el recrudecimiento de la crisis de salud pareciera que el mensaje es, nuevamente, “qué Dios nos ayude”.

El 1 de julio se puso fin a la cuarentena nacional. Desde entonces, e incluso antes, durante las “fases” de la reactivación diseñadas por el Gobierno, se ha autorizado el reinicio de actividades de los diversos sectores: transporte, restaurantes, centros comerciales, minería, entre otros, vienen retomando sus labores.
 
Supuestamente, el reinicio de labores debía cumplir con estrictas medidas sanitarias, según se establecía en las primeras normativas. Sin embargo, luego de la presión del sector empresarial y las declaraciones de la presidenta de CONFIEP, quien llegó a decir que los protocolos “parecían hechos para un país europeo”, se empezó a relajar esas exigencias. Ahora basta que una empresa envíe un correo electrónico al Ministerio de Salud, y la aprobación de sus medidas sanitarias es automática.
 
Las consecuencias están, lamentablemente, a la vista. El número de contagios y muertes diarias nuevamente está al alza, y los gráficos muestran que la tendencia cambió precisamente de la mano con la “reactivación económica”.
 
Perú: Contagios diarios
Modificado de: covidly.com 
 
 
Defunciones diarias (excluyendo muertes violentas)
 
Modificado del original elaborado por @Cholega en base a SINADEF
 
 
La negación de la confianza al Gabinete de Pedro Cateriano por parte del Congreso ha causado gran debate: mientras algunos ponen énfasis en la inestabilidad política y la necesidad de unidad ante la crisis, otros destacan la responsabilidad del ex premier por su tono polarizante y un discurso que priorizaba la gran inversión por encima de las demandas sociales y ambientales. Lo cierto es que la situación de emergencia nacional exige que el Gobierno ponga en el centro la vida y salud de las personas: ese debiera ser el espíritu del nuevo Gabinete que nombre el presidente Vizcarra.
 
 

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NOTICIAS


Saga Falabella deja a trabajadores sin sueldo

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Este mes, alrededor de 500 trabajadores de la empresa chilena Saga Falabella recibieron boletas de pago con remuneraciones de 100 soles o menos. En el caso de Francis Gama, secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Saga Falabella (SUTRASAF), es aún peor: su boleta consigna 0 soles de sueldo. Ello por la aplicación de un «descuento por licencia COVID-19».

«Lo que está haciendo la empresa es decir ‘lo que te pagué en cuarentena, me devuelves’», dice Francis Gama. “Con trabajadores que no son del sindicato, han negociado descuentos de montos pequeños hasta 2021, 2022. Y a los que no hemos aceptado ese acuerdo, la empresa está aplicando de manera unilateral descuentos en cuatro armadas”. Así, en julio ella se quedó sin sueldo, mientras que algunos de sus compañeros recibieron 50 o 100 soles.
 
SUTRASAF está preparando una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Según comentó Francis Gama a Wayka, una inspectora de esta entidad les confirmó que «no hay norma que ampare las reducciones aplicadas por la empresa».
 
El abogado Arturo Rodríguez confirma que si bien hay diferentes formas de compensación, todas están sujetas a negociación. «No es legal ni procedente que la empresa de buenas a primeras comunique la decisión, más aún si estamos hablando de un descuento de sueldos. La ley indica que tiene que haber un acuerdo», sostiene.
 
Pero el sindicato de trabajadores de Saga Falabella no recibe respuesta a las cartas enviadas a los directivos. «Hay que tener en cuenta que la pandemia no ha terminado. Yo ahora no he recibido ni diez céntimos ¿cómo hago para cubrir pasajes, alimentación, sostener a mi familia? ¿Cómo la empresa me va a dejar sin sueldo?», indica la secretaria general de SUTRASAF.
 
Así, sin intervención del Ministerio de Trabajo, Francis Gama y otros cientos de trabajadores podrían enfrentarse a descuentos casi totales de sus sueldos por tres meses más.
 
Con información de Wayka
 

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Federación de mineros advierte casos de contagios por COVID-19 en 3 compañías

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Foto: La República

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) indicó este lunes 3 de agosto que durante el reinicio de actividades en el sector minero se dieron casos de contagios de COVID-19, denunciando el suceso en 3 compañías.

 
De acuerdo a la carta dirigida al presidente Martín Vizcarra, señalan que se ha solicitado información respecto a la cantidad de contagios al Ministerio de Energía y Minas, al de Trabajo, al de Salud y al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), pero que no se atendió el pedido.
 
Añadieron que recibieron denuncias de contagios en la Corporación Aceros Arequipa, en Ica, donde sostienen que no hay un campamento exclusivo para los trabajadores ni ellos recibieron un plan de reinicio de actividades, teniendo casos positivos y un reporte de 4 trabajadores fallecidos.
 
También en Nexa Resources El Porvenir, en Pasco, indicando que hay más de 200 contagios entre los trabajadores y 5 fallecidos, y Marsa, en La Libertad, donde centenares de trabajadores registran contagios, además de un caso fallecido.
 
En la misiva, recordaron su pedido de garantizar la vida de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgico, así como una operación sostenible, esperando tenga en cuenta ante las muertes de nuestros hermanos trabajadores. También solicitaron una reunión para establecer un plan de acción ante el aumento de casos en el sector.
 
Con información de La República
 

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La Libertad: Trabajadores de minera Marsa denuncian 280 casos de contagio de COVID-19

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Foto: Pataz Informa

 

Los trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. MARSA en La Libertad, denunciaron que son más de 280 trabajadores que se han contagiado de COVID-19 por las condiciones precarias en las que trabajan.

Según denunciaron los trabajadores, al saberse de los contagios la empresa quiso que regresaran a sus casas por cuenta propia, pero ante las protestas que realizaron, la empresa accedió a transportarlos en buses y hospedarlos en hoteles de la ciudad de Trujillo el día 21 de julio pasado.
 
Asimismo denunciaron que la empresa no informó a las autoridades competentes del traslado de los trabajadores a la ciudad, pues esta debe hacerse respetando una serie de protocolos. Por eso mismo, el representante de la Defensoría del pueblo de Trujillo, José Agüero Lobatón, señaló que se abriría una investigación sobre este caso. Igualmente se espera la intervención del Ministerio público ante esta falta.
 
Los trabajadores denuncian también que desde la fecha de su traslado la empresa ya no se estaría preocupando de ellos, ni del monitoreo de salud que corresponde. Igualmente señalaron que debido al virus había fallecido un trabajador de la contrata Sodexo, que da el servicio de alimentación a la empresa.
 
La Minera Aurífera Retamas S.A. es una empresa de minería subterránea de capital peruano. Marsa está ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la Cordillera de los Andes. 
 

 

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Trabajadores de Antapaccay realizan plantón por su derecho a la salud

 

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Foto: FTMMSP

 

El pasado 29 de julio, trabajadores de la empresa minera Antapaccay realizaron un plantón dentro del campamento minero. Según informaron en un comunicado conjunto el Sindicato de Trabajadores Funcionarios de Antapaccay y el Sindicato Unificado de Trabajadores, la empresa “nos quiere obligar a permanecer y cumplir jornadas laborales fuera de nuestros contratos poniendo en peligro nuestras vidas exponiéndonos al contagio del coronavirus”.

Además, denuncian que “la minera Antapaccay, tiene un número elevado de trabajadores que han sido diagnosticados con COVID-19 y han tenido que dejar sus puestos de trabajo”, y que “se niega a realizar pruebas moleculares a su personal para saber el nivel de contagio y cuidar la vida de los trabajadores”.
 
Frente a ello exigen la intervención del Ministerio de Salud “para que se cumplan los protocolos correspondientes de salud y evitemos el contagio masivo de los trabajadores y sus familias”.

 

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Denuncian que Shougang incumpliría protocolos de bioseguridad afectando a sus trabajadores

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La Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, en una conferencia de prensa, denunció que la empresa minera Shougang no cumple los protocolos de bioseguridad. Además, señalaron malas condiciones laborales: “Han implementado jornadas atípicas de más de 40 días en mina. Ante el contagio de los trabajadores de COVID-19, la empresa se lava las manos y los bajan de la mina para que se vayan a casa, con lo cual pueden contagiar a su familia y a toda la comunidad”, señalaron los dirigentes sindicales.
 
Según denunciaron, a los trabajadores los habrían tenido por 42 días en una sola habitación, sin comedor principal, teniendo ellos que almorzar en sus camas, según lo denunciado. Además, el médico al que acudieron les habría también recomendado 17 días de descanso.
 
La situación que viven los trabajadores es incierta y de mucha preocupación porque no han tenido comunicación con la empresa, y se sienten amenazados por la posibilidad de ser despedidos ya que la empresa Shougang solicitó la “suspensión perfecta” al Ministerio de Trabajo.
 
Al respecto, la empresa emitió un comunicado indicando que el Ministerio de Trabajo declaró procedente la “suspensión perfecta”.
 
Con información de: La Izquierda Diario

 

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Otra vez insisten con la consulta previa “express”

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Esta semana nuevamente se ha declarado, desde el Poder Ejecutivo, que hay que reducir los plazos de la consulta previa y “agilizar”. 

Así lo manifestó el ministro de Energía y Minas del fenecido Gabinete, Rafael Belaúnde, quien señaló en una entrevista que “estamos promoviendo mecanismos para agilizar la consulta previa (…). El tema de fondo está en la parte procedimental, tenemos que hacer que esto sea más ágil, acortar los plazos. Ahora con la pandemia tenemos limitaciones, por ejemplo con la última fase que tiene que ser obligatoriamente presencial, estamos viendo no mecanismos virtuales, pero sí mecanismos como por ejemplo la radio y la televisión”.
 
Por su parte, durante la presentación en el Gabinete, Pedro Cateriano también mencionó el tema en estos términos: “También resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso”.
 
Al respecto, el especialista Iván Lanegra señaló que “El plazo máximo ordinario para el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas es de 4 meses: 60 días para información, 30 para evaluación interna, y 30 para diálogo (DS. 001-2012-MC). ¿Cómo puede reducirse en al menos 6 meses el tiempo de consulta?”.
 
Al parecer, el derecho a la consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas sigue siendo visto por actores políticos como un mero “trámite” que hay que agilizar, sin entender ni valorar el diálogo intercultural.
 
 

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Empresa cobra a trabajador recuperado de COVID-19 por “tiempo de descanso”

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El 12 de mayo, Diego Rojas Guevara experimentó un dolor de cabeza tan fuerte que tuvo que abandonar su puesto de trabajo en un supermercado Plaza Vea. El joven vigilante de 20 años fue enviado a cuarentena por prevención y la empresa para la que trabaja –ISEG PERÚ S.A.C.– gestionó que le hagan la prueba de descarte de COVID-19 a través de su médico ocupacional.

Recién el 8 de junio, la enfermera de la empresa le envió los resultados de la prueba que confirmó que era positivo al coronavirus. A casi dos meses desde que inició su descanso, volvieron a hacerle una prueba y esta vez salió negativo. «Una doctora me habló, me dijeron que ya podía trabajar y que iban a enviar el permiso de alta a Plaza Vea. De ahí pasaron tres semanas y no me decían nada, yo insistía para volver a trabajar», declaró Diego Rojas a Wayka.
 
Pero los trámites demoraban y durante el tiempo de descanso, no siempre le pagaban su sueldo completo (S/ 930). Además, le enviaban unas «Papeletas de permiso con goce recuperable» que él debía firmar. Diego cuestionó esa medida pero sus coordinadores solo resaltaban que era obligatorio.
 
Al joven de 20 años le preocupaba cuándo iba a recuperar todas esas horas. Pero la segunda semana de julio -días antes de volver a laborar- recibió peores noticias.
 
«Me llamó una de Recursos Humanos y dijo ‘Diego, debes 1.860 soles porque has tenido dos meses algo así de vacaciones», relata. Además de eso solo recibió un mensaje con el día que volvía a trabajar y su nuevo horario: pasaba de 9 horas de trabajo a 12. En un Excel que le enviaron, figuraba el monto total que Diego Rojas tenía como «deuda»: 1.860 soles. Dos sueldos mínimos.
 
Diego Rojas recibió un «Acuerdo de compensación de licencias con goce de haber» que indicaba que cada mes ISEG PERÚ le descontaría 100 soles de enero a diciembre por concepto de «compensación» por la licencia. Este documento está redactado como si la reducción del sueldo fuera una propuesta de Diego y la empresa lo estuviera aceptando. Hasta el momento, él no lo ha firmado.
 
El abogado laboralista Arturo Rodríguez declaró a Wayka que la empresa habría actuado de forma ilegal. «Si él dio positivo al COVID-19, él tenía que haber gozado de licencia por descanso médico hasta su recuperación y reincorporación. ¿Cómo le van a dar licencia compensable? Eso no es correcto», indica.
 
Y ese no sería el único problema con las acciones aplicadas por ISEG PERÚ. «Si la empresa le dio licencia con goce de haber compensable, lo que ya estaba mal, luego no puede venir a decir ‘esta compensación te la voy a descontar de tu sueldo’. Eso también es ilegal», añade. 
 
Con información de Wayka
 
 

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PRONUNCIAMIENTOS

FRENTE AL PARO INDEFINIDO EN ESPINAR (CUSCO): INVOCAMOS DIÁLOGO QUE ATIENDA LAS DEMANDAS, REPARE Y GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS

 
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia y represión que ha afectado a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Espinar, quienes están acatando un paro indefinido desde hace 19 días, en medio de la pandemia que viene afectando la economía de las familias y el Estado de emergencia que limita el ejercicio de sus derechos. Al no atenderse el pedido de diálogo para buscar una solución al conflicto, la población ha decidido reactivar las medidas de protesta en las vías de acceso a Espinar.
 
La pandemia y la cuarentena obligatoria llevó a las organizaciones a proponer un bono solidario excepcional en el Comité de Gestión del Convenio Marco. Cabe recordar que el Convenio Marco suscrito entre la empresa minera Antapaccay y la Municipalidad Provincial de Espinar establece un fondo de 3% de las utilidades de la empresa para proyectos de desarrollo, el mismo que es administrado por un Comité de Gestión con participación de los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las comunidades y la empresa. Así, el 14 de mayo dicho Comité de Gestión tomó la decisión de adjudicar fondos del Convenio Marco para el proyecto “Mejoramiento de los servicios de capacidades socio económicas, para la reactivación económica familiar frente a la situación de emergencia COVID-19, en los 8 distritos de la provincia de Espinar”, que sustenta el otorgamiento del bono solidario de emergencia.
 
Sin embargo, la empresa Antapaccay, de la transnacional Glencore, se ha negado a desembolsar dichos fondos. Este desacuerdo ha generado que por más de 60 días se viva una situación de tensión, que llevó al inicio un paro indefinido el pasado 15 de julio. En estas semanas, se han producido enfrentamientos, los que llegaron a su momento de mayor violencia entre los días 19 y 22 de julio, resultando 3 personas con heridas de bala y decenas con perdigones, así como el hostigamiento al personal médico del hospital de Espinar que atendía a los manifestantes. También se recurre nuevamente a la criminalización de la protesta: ya 8 dirigentes recibieron notificaciones en vía de prevención del delito por desobediencia a la autoridad por parte del Ministerio Público.
 
El conflicto de Espinar no es nuevo. La provincia convive por casi 40 años con la actividad minera. Sin embargo, esta no ha contribuido a mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población. Esta pandemia ha sacado a la luz problemas estructurales, como la persistencia de la pobreza (según datos del Midis, 76% son pobres y pobres extremos). Al mismo tiempo, la población de Espinar vive los impactos negativos de la minería que vulneran sus derechos: cientos de personas de las 6 comunidades aledañas a la explotación minera sufren de niveles biológicos detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en sus cuerpos; y la población denuncia afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales, contaminación de los ríos Cañipia y Salado. Además, las organizaciones sociales enfrentan una estrategia por parte del Estado que constantemente los estigmatiza y criminaliza, principalmente tras el conflicto de 2012.
 
Frente a ello, exigimos que la protesta social sea resuelta en el tiempo más breve posible, atendiendo las demandas de la población mediante un diálogo sin condicionamientos, que garantice el cumplimiento de los acuerdos y respetando los derechos humanos. Las entidades competentes del Estado deben realizar con celeridad la investigación de las vulneraciones de derechos que se hayan producido en Espinar, y sancionar la actuación arbitraria y desproporcionada de las fuerzas del orden. Así mismo, hacemos un llamado al Ministerio Público y a los efectivos policiales y las FF.AA a actuar en el marco de los estándares internacionales a los derechos humanos.
 
Cusco – Lima, 01 de agosto del 2020
 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Red Muqui
CooperAcción
Derechos Humanos sin Fronteras
 

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BASTA DE MENTIRAS, RATIFIQUEMOS EL ACUERDO DE ESCAZÚ

 
 
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1), instancia de la sociedad civil que lleva a cabo procesos de incidencia para contribuir a la defensa y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, nos pronunciamos ante la campaña de desinformación realizada por diversos grupos empresariales como la CONFIEP y otros grupos afines, con el objetivo de evitar que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “Acuerdo de Escazú”, con base en los siguientes fundamentos:
 
1. Los veintiséis artículos del Acuerdo de Escazú tienen como finalidad reforzar la protección del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, consagrado en la Constitución Política del Perú, (artículo 2, inciso 22), así como el derecho al acceso a la información (art.2 inc. 5), el derecho a la participación (art. 2, inc. 17) y el derecho al acceso a la justicia, los que se complementan con normas nacionales como la Ley 28611, Ley General del Ambiente, vigente desde el 2005.
 
2. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú pide que las partes garanticen a los defensores y defensoras ambientales un ambiente propicio, seguro y sin amenazas para que puedan desarrollar sus actividades contando con las garantías de protección debidas para el adecuado ejercicio de sus labores. Esta disposición contribuirá a fortalecer una política pública de protección de líderes y lideresas de pueblos indígenas y defensores y defensoras ambientales, quienes vienen siendo amenazados (as) y asesinados (as) aún durante la pandemia desatada por el Covid19, coincidiendo de esta forma con las políticas lideradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
 
3. Los derechos reconocidos y garantizados por el Acuerdo de Escazú, así como el balance de su texto que introduce deberes y excepciones en relación a la implementación de estos derechos, contribuiráa prevenir conflictos socio-ambientales en nuestro país. En el Perú, más del 70% de los conflictos sociales son socioambientales y se producen en zonas habitadas por pueblos indígenas y originarios. Reforzar el derecho a la transparencia y participación reduciría los conflictos a favor de soluciones duraderas.
 
4. El gobierno del presidente Martín Vizcarra expresó en setiembre del 2018 su posición favorable al Acuerdo de Escazú a través de la firma del mismo por parte de la Ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Además, en la Resolución Suprema N°123 -2019 –RE, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que “es conveniente a los intereses del Perú la aprobación del citado instrumento internacional”, adjuntando el Informe de la Dirección General de Tratados con la opinión favorable de las instituciones competentes del poder ejecutivo y además, del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
 
5. En ese sentido, lamentamos que el actual gabinete, en declaraciones recientes del Canciller Mario Juvenal López Chávarri, haya generado confusiones sobre la posición del Poder Ejecutivo con respecto a este tratado. Por ello creemos que es necesario que el Poder Ejecutivo aclaré de manera contundente su posición.
 
6. Solicitamos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República revisar los informes legales de las instituciones gubernamentales competentes y la sociedad civil organizada. Asimismo, invitamos a expertos en derecho internacional ambiental, derecho ambiental y derechos de pueblos indígenas para no ser sorprendidos por campañas de desinformación en detrimento de los derechos ambientales de nuestro país.
 
Esperamos que la ratificación de este tratado internacional que reforzará la protección de nuestro medio ambiente y de líderes y lideresas indígenas constantemente amenazadas en sus territorios sea de prioridad para el Congreso de la República. Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos mantendremos vigilantes a los próximos pasos.
 
Lima, 31 de julio del 2020
 
______
(1) El GTPPII–CNDDHH está conformado por las siguientes instituciones: Instituto del Bien Común (IBC), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), EarthRigths International (ERI), Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), OXFAM, Red MUQUI, COOPERACCION, Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI), Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Foro Solidaridad Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IIDLADS), Comisión de Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Iquitos, Asociación Fé y Derechos Humanos (FEDERH PUNO), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), EQUIDAD Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Asociación Paz y Esperanza, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.
 

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EVENTOS

Seminario web: Evitar el Etnocidio

Acciones para proteger la vida y los derechos de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 en América Latina

Fecha: Lunes 10 de agosto a las 10:30 a.m. (hora Perú)

Inscripciones: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8xIz2hKuTGqv9S0dl8XygA

Convoca: Oxfam 

 

 


 

V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (Semana virtual)

Fecha: 7 al 11 de setiembre de 2020

Inscripciones aquí.

 


COMUNICACIÓN GRÁFICA

 

ACTÚA.PE

 

 

El mensaje es el mismo…

 


Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES y 11.11.11.

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