29 de julio 2020 – #DerechosEnEmergencia, reporte semanal sobre Empresas y DDHH en tiempos de COVID-19

REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

29 de julio de 2020 – Perú. Año 1, #11

 

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EN ESTA EDICIÓN:

EDITORIAL: En medio la mayor crisis sanitaria de nuestra historia republicana, el presidente Martín Vizcarra dio el que será su último mensaje de 28 de julio. Como era evidente, el centro de su discurso fue la pandemia y la reacción del Gobierno ante la misma. En vísperas del Bicentenario de nuestra Independencia, Vizcarra puso énfasis en los retos y déficits estructurales que han quedado desnudados por el COVID-19, entre ellos la histórica falta de inversión en salud, las desigualdades sociales y la debilidad institucional. (Ver más)

NOTICIAS:

 

DOCUMENTOS:

 

VIDEO: ¿Es posible una reactivación económica respetando los derechos de los pueblos indígenas?

COMUNICACIÓN GRÁFICA


EDITORIAL

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En medio la mayor crisis sanitaria de nuestra historia republicana, el presidente Martín Vizcarra dio el que será su último mensaje de 28 de julio. Como era evidente, el centro de su discurso fue la pandemia y la reacción del Gobierno ante la misma. En vísperas del Bicentenario de nuestra Independencia, Vizcarra puso énfasis en los retos y déficits estructurales que han quedado desnudados por el COVID-19, entre ellos la histórica falta de inversión en salud, las desigualdades sociales y la debilidad institucional.

Cabe destacar que el mensaje presidencial hizo una mención explícita del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, un enfoque que -consideramos- debiera servir de guía para una reactivación económica que respete y garantice todos los derechos para todas las personas.

Vizcarra mencionó el Plan de Acción en estos términos:

 

“La defensa de los derechos humanos es un factor clave para una sociedad justa y democrática. Por ello, junto a más de 120 instituciones del Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos venimos trabajando en el Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país. De este modo se busca combatir la informalidad, disminuir las brechas de igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial, así como desterrar y prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneren derechos fundamentales, como el trabajo infantil o cualquier forma de explotación”

 

Pese a esta valiosa mención presidencial, que otorga al Plan sobre Empresas y Derechos Humanos el rango de atención pública que requiere, la manera en que Vizcarra ha planteado el tema es muy restringida. Se he referido a la informalidad, a las brechas en la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial, y a prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como el trabajo infantil y “cualquier forma de explotación”. Sin embargo, de esta manera se invisibilizan un conjunto de vulneraciones a los derechos humanos que están vinculadas a malas prácticas empresariales: despidos arbitrarios, vulneraciones a la libertad sindical y otras afectaciones a los derechos laborales; vulneraciones a los derechos de las comunidades, entre ellos el derecho a la consulta; casos de contaminación que constituyen violaciones a los derechos a la salud y a un ambiente sano; entre otras.

Más aún, el discurso careció de una reflexión autocrítica respecto de las políticas de reactivación económica del Gobierno y cómo estas han permitido prácticas empresariales que atentan contra los derechos de las personas. Por ejemplo, Vizcarra mencionó enfáticamente “el programa de créditos y garantías más grande e importante de la historia del Perú” que buscó impedir la “interrupción de la cadena de pagos”. Sin embargo, se sabe que muchas empresas beneficiadas por los préstamos de Reactiva Perú, en los hechos concretos, sí interrumpieron la cadena de pagos, al recurrir tanto al despido como a la mal llamada “suspensión perfecta” que dejaron a miles de trabajadores sin ingresos. De igual manera, se ha cuestionado decisiones que permiten fraccionar o aplazar las multas por infracciones ambientales de empresas extractivas, así como el impulso a megaproyectos que no cuentan con licencia social de la población, como la denominada “Integración Coroccohuayco”. Sobre ninguno de estos aspectos hubo un ánimo autocrítico.

Saludamos la convocatoria a un Pacto Perú que permita afirmar consensos para lograr transformaciones significativas en el Bicentenario, en el ámbito de la salud universal, la educación, una economía sostenible, la reforma política y la lucha anticorrupción, y la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Sin embargo, insistimos en que cualquier política de cara al Bicentenario debe poner en el centro los derechos de las personas; y en particular cualquier política para promover una economía sostenible y competitiva debe considerar los compromisos internacionales respecto al cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas.

 

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NOTICIAS


Gobierno deja plantada a población de Espinar

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Foto: Juan Sequeiros (El Comercio)

En medio del conflicto en Espinar, el pasado 27 de julio las organizaciones sociales, autoridades locales y sociedad civil en general esperaban la llegada de la Comisión de Alto Nivel designada por el Gobierno para iniciar el diálogo en torno a las demandas de la población. Pese a ello, el Gobierno decidió suspender el viaje, alegando, según comunicado oficial, porque se recibió información de que las organizaciones sociales habían convocado a “bloqueos y manifestaciones”. Esto causó gran malestar de la población y alcaldes presentes, quienes aseguraron en el acta de la reunión que sí se garantizó la paz y tranquilidad para el desarrollo del diálogo.

Cabe recordar que, en la provincia de Espinar, en mayo, el Comité de Gestión del Convenio Marco aprobó un bono solidario para los y las espinarenses, quienes se vieron afectados por la cuarentena. Este proyecto se oficializó como “Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Socioeconómicas para la reactivación frente a la situación de emergencia a causa del COVID-19 en los 8 distritos de Espinar”, cuyo monto total ascendería a 50 millones de soles y que beneficiaría a los más de 44 mil electores de esta provincia.

Karem Luque, de Derechos Humanos Sin Fronteras, informó que “según dato oficial solo el 34% de esta provincia ha accedido a los bonos asignados por el Gobierno. Así mismo, según información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, el 70% de las y los espinarenses siguen viviendo en pobreza. Finalmente, la población indica que en casi 40 años de convivencia con la minería, esta no les ha traído el desarrollo social esperado”.

Ante todo esto, la empresa minera Antapaccay ha planteado el plan Reactiva Espinar, propuesta que fue rechazada por la población indicando una vez más que ellos se ratificaban en su pedido del bono solidario. Según informa Luque, “las continuas reuniones y la larga espera para el desembolso del dinero no se concretó, y con presencia de autoridades como el obispo de la Prelatura de Sicuani, la Defensoría del Pueblo, el Gobernador Regional, entre otros, el 15 de julio se anuncia el inicio de un Paro Indefinido. Al sétimo día del paro, se registró gran presencia de policías y militares, quienes resguardaban el campamento minero. Por la noche, se amplió la presencia policial, generando pánico en la población ya que su ingreso se dio con disparos al aire de bombas lacrimógenas, balas y perdigones. Horas después se anunció la llegada de heridos de bala al hospital de Espinar, personas desaparecidas, registros de videos mostraban un actuar policial violento. Actos que deben ser investigados por las autoridades pertinentes debido a la vulneración de derechos humanos registrada por las y los ciudadanos de manera reiterada durante el ejercicio de su derecho a la protesta social”.

 

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Reactiva mis derechos

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En un contexto de reactivación económica por el Covid-19, un sector de la sociedad civil teme que esta se siga llevando a cabo discriminando y afectando derechos, temen especialmente aquellas violaciones de derechos que podrían perjudicar al medio ambiente y afectar a los pueblos indígenas, los mismos que ejercen también el rol de defensoras y defensores de la naturaleza.

Ante ello, organizaciones sociales manifiestan su preocupación por «los anuncios de destrabe de proyectos, una fuerte presión de los grupos económicos y la posibilidad de consultas previas virtuales», entre otros temas.

«Muchos temen que nuestras normas ambientales sean una víctima más de la emergencia generada por el coronavirus. Sobre todo porque estas normas nunca han sido muy del agrado de algunos sectores económicos», dice la periodista Sofia Carrillo en el video de la campaña #ReactivaMisDerechos.

«Cuando se habla de destrabar inversiones significará desechar leyes del cuidado del medio ambiente para acelerar la reactivación económica. Casos ocurridos en países como Estados Unidos o Brasil, donde se ha ido desmantelando la protección del medio ambiente hace que muchos sientan temor por el futuro que nos espera. Algunos especialistas en el Perú ya consideran que tenemos motivos para preocuparnos», agrega.

Una de las normas aprobadas durante la cuarentena fue el Decreto Legislativo 1500, que «establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del Covid-19».

Una de estas medidas implica la flexibilización de estándares ambientales. Este es un indicio de que se podría venir una serie de normas que podrían perjudicar a la ciudadanía y al medio ambiente, señala Richard O’Diana.

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en esta campaña #ReactivaMisDerechos son: CEAS, CNDDHH, MOCICC, Plataforma sobre empresas y DDHH, sobre Pueblos Indígenas, Salud ambiental y humana, Red GE, Red MUQUI, Gobernanza Territorial, entre otras.

«Cualquier reactivación económica debería apuntar no a repetir las condiciones económicas que vulneran derechos sino evitar esa vulneración y más bien promover y fortalecer derechos concretamente el derecho a un medio ambiente sano», señalan las organizaciones.

Con información de La Mula

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Cineplanet insiste con suspensión de trabajadores

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El pasado mes de junio, el Ministerio de Trabajo desaprobó la solicitud de “suspensión perfecta” presentada por la cadena Cineplanet, cuya denominación legal es Cineplex. Sin embargo, la empresa apeló dicha decisión, presentando un recurso de reconsideración.

Frente a ello, el Ministerio de Trabajo resolvió conceder la palabra a dicha empresa para que en audiencia oral pueda exponer los argumentos que sustentan su posición.  Así mismo, exhortó a los trabajadores afectados a designar un representante para que pueda tomar la palabra y exponer su posición.

Lo increíble es que se trata de 2165 trabajadores, que no se encuentran organizados en ningún sindicato, y el Ministerio de Trabajo les pide que elijan en dos días hábiles a un representante. ¿De qué manera piensa el MINTRA que los trabajadores podrán defender su posición si se les da apenas dos días para ello?

Cabe recordar que Ceneplex, parte del Grupo Interbank, fue una de las empresas beneficiarias del programa “Reactiva Perú”, recibiendo un crédito de 10 millones de soles con garantía del Estado. El objetivo del programa de préstamos es evitar que se rompa la cadena de pagos, lo que claramente no se cumple si la empresa busca al mismo tiempo dejar de pagar a sus trabajadores. Cineplanet es además propiedad del Grupo Interbank, propiedad de Rodríguez Pastor, el empreario más rico del país.

Con información del Sindicato de la Defensoría del Pueblo

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CONFIEP pide flexibilizar contrataciones

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Foto: El Comercio

 

La presidenta de la Confiep, María Isabel León, pidió al Gobierno una mayor flexibilidad para los empleadores, en el marco de la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.

“Es momento de generar un perfil de promoción de empleo que nos permita una mayor flexibilidad, pero que no se entienda como desprotección al trabajador, sino una balanza que permita a empleadores reactivar su actividades y estabilizarse para mantener empleos”, señaló la líder gremial en diálogo con Agenda Política.

Para ello, sugirió revisar la rigidez laboral y optar por un modelo de contrataciones a plazo fijo. Es decir, descartar los contratos indeterminados.

“Es momento de pensar en una contratación a plazo fijo para permitir a las empresas un respiro para tener este incentivo de contratar a peruanos que han perdido sus trabajos”, anotó León.

Con información de El Comercio

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Cateriano: Tía María no es prioridad

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Pedro Cateriano, jefe de Gabinete, reafirmó que el proyecto minero ‘Tía María’ no está en la agenda del Gobierno. Por el contrario, consideró que deberá ser debatido y será la población quien decida.

“El presidente Vizcarra ha sido sumamente claro, proyectos mineros impuestos no se van a llevar adelante. Pero cada pueblo asume sus destinos”, dijo el titular de la PCM.

Manifestó que espera que en el futuro el proyecto “Tía María” sea ejecutado.

“Yo confío en que, en algún momento, ese proyecto salga adelante, porque va a atraer prosperidad para la Región Arequipa”, dijo.

Con información de Gestión

 

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Red de Iglesias y minería expresa preocupación por rol de premier Cateriano

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El nodo peruano de la Red de Iglesias y Minería, conformado por más de 20 organizaciones religiosas y de sociedad civil, ha hecho público un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por el rol del premier Pedro Cateriano, en especial su renovado impulso a las actividades extractivas.

El comunicado señala que “Sus primeras declaraciones indicando que “la prioridad es destrabar inversiones”, “si hay un conflicto entre empresa y trabajadores se debe preferir lo que convenga al Estado”, y “éste es un país bendecido en donde la naturaleza nos ha dado una riqueza que la tenemos enterrada”, evidentemente refiriéndose a la actividad minera, adelantan las decisiones del gobierno en ese sentido, y confirman nuestra inquietud, de un Estado que abdica a su rol garante de derechos”.

Es necesario que nuestro país vaya retomado sus actividades económicas, pero sin descuidar un conjunto de medidas asociadas a la salud, alimentación y servicios básicos de la población, señala el documento.

Con información de CEAS

 
 

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Ministerio de Trabajo permitirá que grandes empresas fraccionen pagos de trabajadores

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Ministro Ruggiero. Foto: Presidencia

 

El ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, anunció que el Gobierno permitirá que grandes empresas fraccionen los pagos a sus trabajadores. Ruggiero sostuvo que la prórroga de los pagos de las obligaciones sociolaborales —señalados en el Decreto Legislativo 1499— ya no serían solo para las mypes sino también para medianas y grandes empresas.

“En los próximos días sacaremos una disposición normativa que permita extender este fraccionamiento a empresas de todo tipo”, mencionó.

Para el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, esto dejaría sin liquidez a los trabajadores ya que les aplazarían beneficios como CTS, gratificaciones, vacaciones o asignación familiar.

“Por ejemplo, la gratificación no la recibirás en julio, pero sí en los próximos 3 meses. Depende de las cuotas. Pero para ello, las empresas deben suscribir un acuerdo con Sunafil para que se les exima de multas. Asimismo deberán presentar un cronograma de pagos de hasta 12 meses”, explicó.

Entonces, de los 3,8 millones de trabajadores del sector formal, 3,5 millones se verían afectados por esta medida, ya que los otros 300.000 han sido suspendidos, según Cuadros.

Para el especialista, esta medida es innecesaria ya que apunta a empresas con grandes espaldas financieras que ya habían accedio a créditos como Reactiva Perú, dinero que debía servir para cumplir con esas obligaciones.

Es importante resaltar que lo dispuesto por el DL 1499, indica que la actual prorroga no aplica para los sueldos ni para las empresas que hayan suspendido a sus trabajadores.

Aunque, según la abogada laboralista, Sara Campos, esta nueva disposición del MTPE podría incluir la remuneración y de paso admitir las suspensión perfecta de labores.

«Lo más probable es que den facilidades para que las empresas tengan un respiro puesto que las solicitudes de suspensión se han venido rechazando», apuntó Campos.

En relación a ello, Ruggiero dijo que dotarán de recursos tanto a Sunafil como al Ministerio de Trabajo y sus direcciones regionales, para agilizar el procesamiento de dichas peticiones de suspensión.

Con información de La República

 

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La Libertad: Trabajadores de minera Marsa demandan que se cumpla protocolos ante el COVID-19

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Trabajadores de la minera Marsa, ubicada en Pataz, La Libertad, alzaron su voz de protesta y exigieron a la empresa que se cumplan estrictamente los protocolos de bioseguridad ante los contagios del COVID-19.

 

El sindicato de trabajadores realizó ayer un plantón en la Plaza de armas de Trujillo. Así mismo, la Presidenta de la Central Nacional de la Mujer Minera, Emiliana Paredes, junto a familiares de los trabajadores manifestaron el poco interés de la minera ante la situación. Asimismo señalaron que existen más de 60 personas contagiadas con COVID-19 en la minera. La minera Marsa se ubica en el Anexo Yaucabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz.

Asimismo en un video se escucha de uno de los trabajadores señalar que “estamos en la Fase 3, deberían hacer una cuarentena de 6 a 7 días, y después de ese tiempo se puede detectar el virus. Ahora dicen que estamos en fase 4, es decir que a los 5 o 6 días ya los compañeros están subiendo al campamento. Pero nosotros estamos aún en la fase 3, que dice que a partir de los 7 días a más. La empresa está tomando sus propias decisiones a espalda de nosotros.”

Denunciaron igualmente que en plena crisis la empresa está realizando  despidos bajo la suspensión perfecta de labores y piden que los reincorporen a sus actividades para poder llevar un sustento a sus hogares.

“Que hagan pruebas rápidas en la misma zona de Pataz y no los traigan hasta la misma ciudad, porque vienen sanos, pero pueden regresar enfermos. Debe hacerse una cuarentena adecuada”, señaló la dirigenta Emiliana Paredes.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

 

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Junín: trabajadores de minera Chinalco realizan plantón ante contagios de COVID-19

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Los trabajadores de la empresa contratista STRACON, de la minera Chinalco,  en Junín, realizaron un plantón en el campamento Tunshuruco y exigieron el cumplimiento del protocolo contra el COVID-19, pues temen por su vida debido al alto número de trabajadores contagiados en el sector.

 

Ante esto, la Federación Minera (FNTMMSP) expresó su respaldo a las acciones de los trabajadores de Chinalco y solicita que se conforme una mesa “tripartita” junto con el Estado y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para abordar los temas respectos a la propagación de la COVID-19, la vulneración del empleo y las remuneraciones por la suspensión perfecta de labores y ceses colectivos.

Cabe recordar que el campamento Tunshuruco está ubicado en el yacimiento Toromocho, a 4,500 m.s.n.m. y a 142 km al este de Lima, en el distrito minero de Morococha, Provincia de Yauli, región Junín.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

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Clínicas privadas solo han atendido a un asegurado SIS

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Foto: La República

Desde el pasado 4 de julio, cada vez que los hospitales se comunican con las clínicas contratadas para transferir un paciente contagiado con el nuevo coronavirus y en estado de gravedad, reciben la respuesta de que no disponen camas con ventiladores mecánicos.

Como parte del cumplimiento de los contratos con el Sistema Integral de Salud (SIS) y EsSalud, solo un paciente ha sido atendido. En esta caso fue la clínica Stella Maris, pero la persona llegó hasta el lugar por sus propios medios, no fue derivado por ningún hospital. El caso ha sido regularizado por el SIS como parte del convenio con la clínica.

Las clínicas firmaron los contratos afirmando que contaban con determinado número de camas UCI disponibles para los pacientes asegurados por el Estado. Pero cuando los hospitales comenzaron a requerir las camas UCI, las clínicas privadas respondían que, lamentablemente, estas habían sido ocupadas por sus pacientes, de acuerdo con fuentes relacionadas con el caso.

Con información de La República

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DOCUMENTOS

 

¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe

Oxfam

Descargar aquí

 

Guía para la participación de los trabajadores en el Sistema de gestión de SST

Plades

Descargar aquí


VIDEOS

¿Es posible una reactivación económica respetando los derechos de los pueblos indígenas?

IDLADS

Ver: https://youtu.be/JGSDbyxx-PI


COMUNICACIÓN GRÁFICA

ACTÚA.PE

Mientras unos piden trabajo para comer y salud para vivir, otros obtienen créditos para reactivar y libertad para despedir


Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA y 11.11.11.

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