22/07/2020 – #DerechosEnEmergencia, reporte semanal sobre empresas y DDHH en tiempos de COVID-19

REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

22 de julio de 2020 – Perú. Año 1, #10

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EDITORIAL

LOS EMPRESARIOS QUE NECESITAMOS

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Patty Wong y Mario Romero son valiosos ejemplos de los miles de emprendedores comprometidos con el país y con los derechos de las personas. ¡Qué contraste con esos malos empresarios que priorizan sus ganancias inmediatas sin importar cualquier otra consideración, en medio de una pandemia!

Estas semanas nos han dejado abundantes ejemplos del tipo de conducta empresarial que NO necesitamos. Cómo olvidar a las clínicas cobrando cientos de miles de soles a los pacientes de COVID-19 o lucrando con pruebas que el sistema de salud pública hace gratuitamente. Cómo olvidar a los restaurantes y cadenas hoteleras que con una mano recibían préstamos públicos “para no quebrar la cadena de pagos” y con la otra despedían trabajadores. Cómo olvidar a las mineras presionando para no acatar la cuarentena, con el resultado de 3 mil trabajadores contagiados.

En los últimos días, el ejemplo más delirante ha sido la campaña de CONFIEP con información falsa sobre el Acuerdo de Escazú. El gremio de gremios del gran empresariado ha afirmado públicamente que dicho Acuerdo “es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio”, cuando el texto del Acuerdo explícitamente reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. En el marco de esa campaña, algunos voceros han argumentado que el Acuerdo dificultaría la reactivación, como si la inversión fuera incompatible con tener estándares dignos que garanticen nuestros derechos a la información, participación y justicia ambiental.

En tanto, en Paracas, la empresa portuaria TPP quiere poner en peligro nuestra principal reserva natural marino costera con una modificación a su Estudio de Impacto Ambiental que le permitiría transportar y almacenar concentrados de minerales. Aquí también variopintos voceros argumentan que es urgente reactivar la inversión para superar la crisis del COVID-19. Sin duda, pero necesitamos una inversión responsable que sea capaz de realizarse en armonía con otras actividades que también generan empleo, como por ejemplo el turismo, y está claro que este no es el caso.

En contraste con todos estos ejemplos, surgen figuras esperanzadoras, como la empresaria Patty Wong o Mario Romero, el denominado “ángel del oxígeno” de San Juan de Miraflores, quien lamentablemente falleció por COVID-19. En el caso de Wong, se ha difundido su actitud responsable con respecto a los trabajadores de su restaurante, a los cuales continuó pagando sus remuneraciones pese a que su negocio se mantuvo cerrado durante la cuarentena. Por su parte Romero será recordado siempre por haber mantenido los precios del oxígeno medicinal pese al aumento exponencial de la demanda a causa de la pandemia. Mientras las clínicas se aprovechaban de la necesidad de los pacientes, empresarios como Romero actuaron con conciencia y humanidad.

Wong y Romero son solo dos rostros visibles de los miles de empresarios populares que, muchas veces sin apoyo del Estado y sin la influencia política como para sentarse a dialogar con un Premier, sacan adelante sus negocios buscando siempre cumplir con los derechos de las personas. Ejemplos que nos llenan de esperanzas pues muestran que sí es posible hacer empresa con una mentalidad distinta.

 

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NOTICIAS


Acuerdo de Escazú: bancadas y cancillería se alinean contra pacto que protege a defensores ambientales

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ExMinistra de este Gobierno firmando el Acuerdo de Escazú. Foto tomada de: Actualidad Ambiental.

El primer Acuerdo regional que busca proteger a defensores ambientales y garantizar transparencia y participación ciudadana en los proyectos extractivos está en peligro. Las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Unión Por el Perú, Alianza Para el Progreso y Podemos Perú han dado señales de rechazo al proyecto de ley que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, 9 votos serían en contra de la propuesta legislativa para ratificar el Acuerdo que busca garantizar la participación pública de los defensores y defensoras ambientales en los procesos previos a la aprobación de proyectos de extracción de recursos naturales y su acceso a la justicia en caso de afectaciones por contaminación.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, declaró que la posición del Gobierno es que no hay condiciones para la ratificación y que lo mejor es seguir dialogando y conociendo sus implicancias. Sorprende esto, siendo que fue este mismo Gobierno el que firmó el Acuerdo el 2018.

Cabe indicar que el Acuerdo de Escazú, firmado por 22 países y que hasta el momento ya ha sido ratificado por 9, busca garantizar los derechos a la información, participación y acceso a la justicia en temas ambientales. El texto completo del Acuerdo puede encontrarse aquí: https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/regional-agreement-access-information-public-participation-and-justice/texto-acuerdo-regional

Con información de Wayka y Gestión

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Agricultores alertan que designación de Cateriano traería paquetazos ambientales y flexibilización laboral

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Tras las declaraciones del nuevo premier, Pedro Cateriano, de destrabar algunos proyectos paralizados como Tía María y Conga, la Confederación Nacional Agraria (CNA) emitió un comunicado calificando de “grave error” la designación del presidente de Consejo de Ministros.

Antolín Huáscar, presidente de la CNA, indicó que se ha tomado con suma preocupación los cambios ministeriales efectuados.

“Este señor ha sido indudablemente impuesto por las empresas para reactivar actividades extractivas y mega proyectos del sector minero, energético y de hidrocarburos, aun cuando eso signifique atentar contra la salud e integridad de las y los peruanos, en especial de las familias que viven en los territorios donde se realizan estas actividades extractivas. Alertamos que su gestión supondrá paquetazos ambientales, flexibilización laboral y la vulneración de los derechos humanos y colectivos de los Pueblos Indígenas de la Costa, los Andes y Amazonía”, dijo.

En esa línea, también señalaron que el flamante premier no tendría voluntad ni actitud para dialogar, “él está convencido que el desarrollo es sinónimo de extractivismo y acumulación de capital de las grandes empresas a costa de la destrucción de nuestra Madre Tierra y la vulneración de derechos”.

En el comunicado, la Confederación recordó que Cateriano fue responsable de la dura represión a dirigentes de Tía María, en el 2015, en su condición de primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, por lo que genera preocupación, especialmente a los líderes indígenas y los defensores del ambiente, la salud y la vida.

Con información de La República

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Alertan que presión extractivista pone en peligro a 300 pueblos indígenas en América Latina

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Un reciente informe de Oxfam llama a los Gobiernos latinoamericanos a tomar medidas contundentes para proteger y garantizar derechos de poblaciones indígenas. La vida de 45 millones de personas que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas está en peligro, según se denuncia en el informe: “Evitar el etnocidio: pueblos indígenas y derechos territoriales en crisis frente a la COVID-19 en América Latina”.

Lejos de los hospitales y de la atención mediática, las personas indígenas latinoamericanas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. Se enfrentan a la pandemia en condiciones de exclusión social, racismo y discriminación, poniendo en evidencia desigualdades históricas y una precariedad extrema en los servicios básicos y de salud.

El informe señala que la región amazónica es una de las más afectadas, porque de los 400 pueblos indígenas que la habitan, el virus ha penetrado ya en 172, a mediados de julio. Según las cifras, en estas comunidades el impacto es mayor. En solo dos meses, los efectos del COVID-19 ha multiplicado por nueve el número de fallecidos entre la población indígena, pasando de 113 a 1018; un incremento que duplica al registrado entre la población en general.

Esta alarmante cifra de fallecimientos entre la población indígena revela que “los efectos de la crisis sanitaria y económica agudizarán las desigualdades estructurales y la exclusión social que ya sufren los pueblos indígenas, y en especial las mujeres y las personas desplazadas y refugiadas”, según explica el director regional para Oxfam en América Latina y el Caribe, Asier Hernando Malax-Echevarria.

En el contexto de esta crisis, mujeres indígenas sufren una triple discriminación: por el hecho de ser mujer, indígena y mujeres pobres; porque en estos momentos de crisis por la pandemia, las responsabilidades de cuidado, que generalmente asume la mujer, aumentan y se vuelven aún más costosas, por lo que implican mayor riesgo de contagio. También tienen menor acceso a la atención sanitaria y a la información en sus propias lenguas.  

Otro problema que afecta a esta población es la alta tasa de mortalidad entre personas adultas mayores, lo cual tiene consecuencias muy graves por la pérdida de liderazgos y referentes históricos claves para la sobrevivencia de los pueblos indígenas.

“La actual situación que vivimos los pueblos indígenas de América Latina es de mucha preocupación, ya que el impacto que la pandemia del COVID-19 está ocasionando en nuestras comunidades es crítica, principalmente en la salud de sus habitantes. Es urgente que los gobiernos y estados atiendan, de una manera diferenciada, a nuestra población. Así mismo, es necesario tener a mediano y largo plazo, la ejecución deprogramas y proyectos culturalmente adecuados para minimizar el impacto económico que esta pandemia provocará en los pueblos y comunidades indígenas de la región”, afirma Jesús Amadeo Martínez Guzmán, Coordinador General del Foro Indígena Abya Yala (FIAY).

El informe completo se puede descargar aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/evitar-el-etnocidio-pueblos-indigenas-y-derechos-territoriales-en-crisis-frente-la-covid
 

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Cusco: se agudiza conflicto en Espinar por negativa de minera Antapaccay al bono solidario

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El pasado 20 de julio, cerca de 200 manifestantes de la provincia cusqueña de Espinar bloquearon el Corredor Minero del Sur como parte de su demanda expresada hace varias semanas a la minera Antapaccay, para que acceda a un bono solidario para afrontar los efectos de la pandemia.

Hace ya más de una semana, organizaciones sociales y comunidades campesinas iniciaron un paro indefinido exigiendo que la empresa minera Antapaccay (de la empresa Glencore) entregue un bono de 1000 soles para cada elector de Espinar, monto con el cual podrán afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Cabe recordar que ese monto saldría del Convenio marco firmado entre el gobierno provincial y la minera para obras para la zona.

Como parte de la medida de fuerza, los manifestantes bloquearon el Corredor Minero del Sur usando piedras y palos, provocando que varios camiones mineros queden varados. La Policía se movilizó a la zona y dispersó a los protestantes mediante perdigones y bombas lacrimógenas. El enfrentamiento dejó herida a una mujer de 35 años de edad. Por la tarde, fueron incendiados un camión minero y una camioneta pertenecientes a dos unidades de contratistas de la empresa MMG Las Bambas. Esto ocurrió a la altura de la comunidad campesinas de Anansaya Qollana.

Cabe recordar que el conflicto se inició debido a que la minera se negó a desembolsar el bono solidario, aduciendo que no cumple con los propósitos del convenio marco. A cambio, ofrecieron financiamiento de proyectos y la entrega de ayuda a las familias más afectadas por el virus; pero la idea fue rechazada por las organizaciones sociales.

Al respecto se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, que ha reconocido que “es una necesidad imperiosa llegar a acuerdos porque la pandemia no ha sido controlada y las condiciones de vida pueden empeorar en los siguientes días. De manera particular la situación puede ser calificada de “crítica” para sectores de la población pobres y extremadamente pobres cuya atención no puede ser postergada más tiempo. Lo que en definitiva justifica de manera excepcional y con acuerdo de las partes variar el uso de fondos destinados al desarrollo, es el alivio de los espinarenses más desprotegidos y a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza que a otros sectores sociales”.

Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Derechos Humanos Sin Fronteras han difundido un pronunciamiento en el que se exhorta “al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación”. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las organizaciones y a las autoridades locales a evitar caer en actos de provocación y de violencia así como evitar la exposición y diseminación del COVID-19 a través de las aglomeraciones.

Con información de OCM, Defensoría del Pueblo y CNDDHH
 

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Paracas en peligro por terminal portuario

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En pocos días, las autoridades deben responder sobre el pedido de la empresa Terminal Portuario de Paracas (TPP) para modificar su Estudio de Impacto Ambiental. La compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) una modificación donde agregaba la construcción de un puerto de minerales dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. Esta modificación fue denegada en un primer momento, pero luego fue admitida y puesta en trámite.

El Frente de Defensa para el Desarrollo Sostenible Ecológico y Social de Paracas (AFPADES), la Asociación de Propietarios de Paracas y el Frente de Defensa de los Maricultores de Playa Atenas- Bahía de Paracas-Pisco-Ica se han unido para denunciar lo que consideran un atentado al ecosistema. En ese sentido, le hicieron llegar al presidente de la República un memorial donde le explican la gravedad del asunto.

Lo que este proyecto propone es transportar los concentrados de minerales, altamente tóxicos, hacia el Puerto de Paracas en camiones herméticos. El almacén estaría ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva, lo cual iría en contra del artículo 25 de la Ley N° 26834, que indica que estas (por su naturaleza y ubicación) requieren un tratamiento especial para garantizar su conservación. Además, en el primer artículo de la misma Ley, se señala que “las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación”.

Cabe recordar que, según ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la reanudación de la modernización del Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Paracas, es parte del plan del Ejecutivo para reimpulsar la economía peruana tras el impacto del COVID-19. Los impulsores de este proyecto señalan que su reactivación prevé un impacto económico y social en su área de influencia pues generaría 440 puestos de trabajo y se dinamizaría la economía local.

Sin embargo, al mismo tiempo, si afecta a este ecosistema frágil, este proyecto afectaría la recuperación económica del sector turismo, que es vital para la economía de Paracas. La Reserva Nacional de Paracas es la principal reserva natural marino costera del país.

Con información de La República y logistica360.pe

 

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La Libertad: trabajadores de mina La Arena paralizan labores ante contagios de COVID- 19

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Los trabajadores de minera La Arena, de la empresa canadiense Pan American Silver, ubicada en la Libertad, paralizaron sus labores desde las 6 de la mañana del pasado 18 de julio debido a los múltiples contagios de COVID-19 reportados dentro de mina.

Asimismo han solicitado que se realicen pruebas para descartar la enfermedad pues temen por su salud. Igualmente exigen el cumplimiento de la normativa para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, para que se implementen acciones de prevención y respuesta relacionada a los casos de contagio.

La empresa minera anunció la suspensión temporal de sus operaciones en La Arena y Shahuindo (en Cajamarca), así como sus operaciones en las unidades polimetálicas de Morococha (Junín) y Huarón (Pasco), tras decretarse el estado de emergencia y la cuarentena el 15 de marzo pasado. Sin embargo, con el reinicio de actividades económicas de la fase 2, retornó a sus operaciones a mediados de mayo.

Pan American Silver es el segundo mayor productor mundial de plata primaria.  Su proyecto aurífero La Arena es una mina de oro a cielo abierto. La empresa había estimado a comienzos de año que iba a invertir hasta 44 millones de dólares en el mencionado proyecto minero.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

 

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Loreto: Presentan amparo contra concesiones forestales que pondrían en riesgo de contagio a pueblos indígenas en aislamiento

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Foto: ORPIO y IBC/Melissa Medina, 2015

 

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) presentó una demanda constitucional de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).

La demanda presentada el viernes 17 de julio se dirige contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) al promover un plan de reactivación forestal que afectaría a los PIACI.

Ambas instituciones anuncian reactivar concesiones forestales que se sobreponen territorialmente a tres reservas indígenas en proceso de creación: a) Yavarí Tapiche, b) Yavarí Mirim, c) Napo Tigre y d) Sierra del Divisor Occidental.

El plan de reactivación se enmarca en el D.S. Nº 080-2020-PCM que busca reanudar la actividad extractiva sin considerar la situación altamente vulnerable de los PIACI, cuyo sistema inmunológico es frágil ante enfermedades externas.

La ocupación del área de las reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento, las mismas que además cuentan con informes o decretos supremos a través de las cuales el Estado reconoce la existencia de estos pueblos, conlleva el riesgo de contagio por la COVID-19 y una amenaza para sus vidas y su continuidad como colectividades.

Con información de Servindi

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Dióxido de cloro y otras fakenews cuestionan rol de los medios en garantizar el derecho a la información relacionada a la salud

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Diversos medios periodísticos han abierto las puertas a la información relacionada con la supuesta “solución milagrosa” de dióxido de cloro que serviría para curar o prevenir el coronavirus. Así, tanto en programas de televisión y de radio se han dado espacios para difundir el consumo de esta sustancia, pese a que no existe ninguna investigación científica reconocida que avale sus supuestos beneficios.

El dióxido de cloro es un agente químico corrosivo y tóxico, que se utiliza en actividades industriales como pesticida y desinfectante, entre otros usos. No existen investigaciones fiables que avalen su ingesta, pese a que desde hace aproximadamente unos 20 años es difundido por sus promotores como una solución “milagrosa” capaz de curar el autismo, el cáncer y el VIH. Actualmente, ante la pandemia por COVID-19, se ha difundido en redes sociales la supuesta información de que este químico ayudaría a curar la enfermedad o a prevenirla. Sin embargo, su consumo puede causar problemas de salud serios.

En estos casos, es muy importante recordar que no hay que automedicarse ni mucho menos consumir sustancias químicas peligrosas; sólo un médico puede recetar productos farmacéuticos y hacerse responsable del seguimiento y dosificación adecuadas. El dióxido de cloro no es un producto farmacéutico.

La ligereza con la que muchos medios -en este y otros casos- difunden noticias sin contrastarlas con especialistas y científicos, es un comportamiento que atenta contra el derecho a la información de los peruanos y peruanas, lo que en un contexto de pandemia puede tener consecuencias lamentables para la salud de las personas. Es urgente reforzar el sentido de responsabilidad de los medios de comunicación con la información que publican.

Con información de cientificos.pe

 

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COMUNICACIÓN GRÁFICA

ACTÚA.PE

De acuerdo a la organización Aidesep, son por lo menos 10 mil contagiados entre hombres y mujeres de los pueblos indígenas. Las cifras oficiales hablan de 5 mil, aunque admiten que hay subregistro. El Comando COVID Indígena recién se creó el 8 de junio. Seguimos siendo el mismo país, aunque las distancias a veces parecen insalvables.


Derechos en Emergencia – Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA y 11.11.11.

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