EDITORIAL (17/06/2020)

¿Reactivando lo de siempre?

Esta semana se dio a conocer la lista de empresas que han sido beneficiarias de préstamos con aval del Estado en el marco del programa “Reactiva Perú”. En total, se informó que 71 mil personas jurídicas recibieron préstamos bancarios por S/ 24 mil millones, con una garantía estatal que puede llegar a cubrir hasta entre el 80% y el 98% del monto. El Gobierno ha señalado que estos préstamos han sido importantes para evitar romper la “cadena de pagos” y evitar la quiebra de empresas durante la cuarentena. Sin embargo, un análisis atento muestra serios cuestionamientos a la ejecución de este programa.

Es evidente la concentración de los montos canalizados hacia las empresas más grandes. Si bien la ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció que la mayoría de empresas beneficiarias han sido MYPES, la proporción es diferente si miramos los montos:  sólo el 28% de estos beneficiaron a micro, pequeñas o medianas empresas, en tanto que el 72% fueron a parar a grandes empresas, es decir, a aquellas con facturaciones superiores a  S/ 805 mil mensuales. (Ver Ojo Público).

Por si fuera poco, entre las empresas beneficiadas con montos importantes se encuentran algunas con una performance cuestionable en materia de derechos, tanto antes de la pandemia como durante la misma. En materia de derechos laborales, por ejemplo, encontramos algunas empresas que, si bien recibieron estos millonarios préstamos para resistir la crisis generada por la cuarentena, no dudaron en trasladar a sus trabajadores los costos de dicha crisis. Uno de los casos más saltantes es el diario El Comercio, que acaba de despedir a más de 100 trabajadores pese a recibir S/ 38.4 millones de préstamo por Reactiva Perú (Ver Wayka). Lo mismo ocurre con Cineplex, que opera la cadena Cineplanet: se ha acogido a la “suspensión perfecta” dejando a trabajadores sin ingresos, pero al mismo tiempo consiguió un préstamo de S/ 10 millones avalado por el Estado. La misma situación vemos en Nessus (Hoteles Casa Andina), entre otras empresas.

Esto pese a que la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, había anunciado que las empresas que recibieran créditos de Reactiva Perú no podrían acogerse a la denominada “suspensión perfecta”.

Otras empresas beneficiadas tienen otros cuestionamientos sobre su performance previa en materia de derechos. Por ejemplo, la minera Volcan ha recibido un crédito de S/ 10 millones, empresa que hasta agosto del 2019 acumulaba una deuda de más de S/18 millones por infracciones ambientales. El mismo monto ha recibido Chinalco, dueña del proyecto Toromocho, responsable del cuestionable proceso de reasentamiento de Morococha.

En el sector extractivo también se han visto beneficiadas la Maderera Bozovich, vinculada a la tala ilegal e incluida el 2016 en la investigación global Panamá Papers; y las empresas pesqueras Exalmar y Diamante.

Así mismo, también figuran empresas investigadas por corrupción en el marco del caso Lava Jato, como CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., y estudios de abogados vinculados con el mismo caso,  como los estudios Muñiz y Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

¿Aval público para financiar prácticas que atentan contra los derechos laborales o ambientales? ¿Para financiar a empresas ligadas con la corrupción? ¿Esta es la “nueva convivencia”?

La reactivación debe partir de un enfoque de derechos humanos, en todas sus dimensiones: derechos sociales, ambientales, culturales. Eso implica discutir con urgencia qué tipo de incentivos y parámetros deben establecerse para que el financiamiento público utilizado para reactivar la economía se canalice hacia empresas que cautelen los derechos de las personas, no hacia aquellas que los vulneran.